Correísmo se queda sin votos en la Asamblea Nacional y se archiva juicio político contra Gabriela Sommerfeld

A la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), le faltó 48 votos para llevar a juicio político en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, por lo tanto, la Asamblea Nacional archivó el expediente.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fue acusada por la asambleísta, Jhajaira Urresta (RC), por tres motivos: responsabilidad en el irrupción a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas Espinel; negarse a otorgar el salvoconducto al exvicepresidente de la República, Jorge Glas y sobre incumplimientos en el conflicto comercial con Rusia.

Correísmo no logra los votos para informe que recomendaba el juicio político a canciller Gabriela Sommerfeld

La sesión plenaria 953 de la Asamblea Nacional se instaló pasadas las 09:30 para conocer el informe de posesiones de los miembros de la Comisión de Fiscalización en vista de que en la mesa no hubo votos para aprobar un informe recomendando el inicio del juicio político.

Eso llevó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, otorgar la intervención de los tres asambleístas que presentaron su informe de posiciones: César Umajinga (SUMA-ADN), Lenin Barreto y Sofía Espín (RC), donde expusieron las motivaciones de su planteamiento. También intervino la proponente del juicio, Jhajaira Urresta, para pedir el respaldo para que el proceso de interpelación continúe.

Desde el lado oficialista se dijo que el juicio político en contra de la ministra Sommerfeld no es más que un intento de obstruir la justicia y politizar decisiones que son exclusivamente del ámbito judicial. La ministra ha actuado en defensa de la soberanía del Ecuador y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Que la propuesta de juicio planteado desde las filas del correísmo pone en peligro la estabilidad institucional del país por permitir injerencias extranjeras, como principales testigos en el proceso, y que el pedido de interpelación a Sommerfeld es un ataque político contra un gobierno que combate el crimen organizado y mantiene una postura firme contra la impunidad.

Además señalaron que el juicio político es improcedente según la Convención de Caracas y que la negativa del salvoconducto a favor del exvicepresidente, Jorge Glas, se basa en la protección de la soberanía nacional.

El encargado de presentar la moción de archivo fue el legislador de Cotopaxi, César Umajinga, y recibió el respaldo de 76 asambleístas de las bancadas: Acción Democrática Nacional (ADN), Partido Social Cristiano (PSC), Construye y el sector de Independientes.

Desde el correísmo, Lenin Barreto, comentó que no se puede negar que el Estado ecuatoriano invadió una embajada, una jurisdicción internacional; que esto no se trata de un ciudadano como Jorge Glas, quien es víctima de una persecución política dijo.

Dijo que en el proceso se dio la oportunidad de defenderse a la canciller, Gabriela Sommerfeld, pero que lamentablemente la Ministra no respondió a las acusaciones, que lo único que sostuvo fue un “falso patriotismo”, para tratar de desviar la atención queriendo condenar la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana, haciendo creer que este juicio era contra del Estado ecuatoriano.

La legisladora Sofía Espín del bloque RC dijo que el juicio no debe ser archivado, porque en el proceso se descubrió que familiares de la canciller se ha beneficiado de las rupturas de las relaciones con el Estado de México, porque tiene acciones en la línea aérea Avianca. “Este juicio político no debe parar”, insistió.

Espín aseguró que en el juicio también se descubrió que la canciller Gabriela Sommerfeld tiene empresas en paraísos fiscales rompiendo las leyes ecuatorianas que lo prohiben, nunca debió ser funcionaria pública.

Jhajaira Urresta (RC), cerró el debate señalando que en el proceso de sustanciación del juicio quedó duda que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana incumplió con la función conferida en la ley y la Constitución. Dijo que fueron varios días en donde se demostró que la canciller no está capacitada para ejercer un cargo público y que no tiene la calidad moral ni ética para dirigir la cartera de Estado asignada por desconocimiento, falta de preparación y por cubrir los intereses de sus amigos y familiares. (I)