Desde la clandestinidad el exabogado de Leandro Norero llamado a juicio sigue interviniendo en el caso Metástasis
Pese a que al abogado en libre ejercicio Christian R. se le suspendió el llamado a juicio dentro del caso Metástasis, debido a que se encuentra prófugo de la justicia y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, el que fue defensor del narcotraficante asesinado Leandro Norero y varios de sus familiares sigue interviniendo en el proceso penal desde la clandestinidad.
Al día siguiente de que se conoció el llamado a juicio (el 7 de octubre último) que el conjuez Manuel Cabrera, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió para 30 de los 37 procesados en Metástasis que llegaron a la audiencia preparatoria de juicio, Christian R. con su propia firma presentó un escrito en el que apela el sobreseimiento emitido contra los jueces de Cotopaxi José Luis L. y Santiago Paúl Z. y el abogado en libre ejercicio Rommel David T.
La objeción que tiene el exdefensor de Norero radica en que los dos jueces y el abogado recibieron, igual que él, un dictamen acusatorio de parte de la Fiscalía, pero el conjuez Cabrera, luego del análisis, no encontró elementos suficientes que revelen la participación de los sospechosos en el delito investigado. Además de los dos jueces y el abogado, también fueron sobreseídos la jueza Glenda O., la exfiscal del Guayas Yanina Villagómez, la excomisionada de Pacificación de las Cárceles Mirian D. y el ciudadano Elio Ernesto A.
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Desde el 15 de diciembre de 2023 que arrancó el proceso penal de Metástasis, Christian R. ha actuado directamente haciendo su defensa por vía telemática, se ha valido de abogados particulares y también ha hecho uso de defensores públicos. Ha ingresado extensos oficios y escritos dejando saber su posición respecto a testimonios anticipados, resoluciones judiciales, entre otros temas y actuaciones, y ha hecho solicitudes para diligencias dentro de la instrucción fiscal...
Christian R., pese a que se ha acogido al derecho al silencio y no ha rendido una versión como tal dentro de Metástasis, ha utilizado la entrega de escritos y las audiencias realizadas para decir lo que piensa sobre el proceso y los coprocesados. Así, durante estos 120 días de instrucción fiscal, ha buscado responder a las acusaciones que le hace la Fiscalía General e incluso ha rechazado y criticado los testimonios anticipados en los que se lo menciona.
Todas estas respuestas han sido remitidas por el abogado en libre ejercicio investigado desde la clandestinidad, pues sobre él pesa, desde enero pasado que se dio su vinculación a Metástasis, una orden de prisión preventiva al ser considerado uno de los cuatro líderes de la “empresa criminal” manejada por el narcotraficante Norero para conseguir sentencias a medida, beneficios penitenciarios e información privilegiada respecto a procesos judiciales relacionados con él, sus familiares y varios individuos parte del brazo armado del narcotraficante.
El abogado de profesión es llamado a juicio porque habría planificado delitos en contra de la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la Administración pública, entre ellos, fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias y cohechos. Además, sostiene la acusación oficial, habría sido instigador de delitos contra la vida, entre ellos, buscar el asesinato de la fiscal de lavado de activos Lidia Sarabia.
“Intervino de manera directa en los procesos judiciales como abogado de Leandro Norero para dotar de legitimidad a resoluciones que ya habrían sido acordadas previamente a cambio de sobornos pagados y pactados con los administradores de justicia y sus colaboradores. Asimismo, habría afirmado tener control completo de la CNJ con jueces como Willman T.(Terán), Byron G. (Guillén) y Luis R. (Rivera)”, se refirió desde la Fiscalía.
También a Christian R. se lo acusa de haber entregado $ 200.000 al juez Émerson Curipallo para liberar a delincuentes como alias Cuyuyuy y Madrid, parte del brazo armado de Norero, y de haber manipulado los montos de los sobornos para su propio beneficio, manteniendo comunicaciones encriptadas con Leandro Norero, lo que habría permitido evidenciar su rol en la organización criminal.
En su momento trascendió la intención del abogado Christian R. para someterse al procedimiento abreviado y, al asumir su responsabilidad en los hechos investigados, conseguir una pena reducida de 20 meses de prisión que los quería cumplir en la denominada cárcel 4, en Quito. La respuesta de la fiscal general, Diana Salazar, fue que “la Fiscalía no se va a someter” a esos planteamientos y que el abogado, en cambio, “tendrá que someterse a las condiciones de la Fiscalía”.
Para Salazar, Christian R. no estuvo ejerciendo su profesión durante los hechos que se investigan en Metástasis, sino que era, dijo, un “planificador y gestor de delitos” en contra de la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la Administración pública. “Lo que él realizaba no es una defensa técnica, sino fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias, cohecho y hasta instigación para que asesinen o atenten en contra de la vida de quienes estaban investigando, por ejemplo, la fiscal Lidia Sarabia”, anotó.
Aunque desde la Fiscalía se lo califique como uno de los integrantes de la cúpula de la “empresa criminal” que se investiga, el abogado Christian R. estaba seguro de que el juez de la CNJ que lleva su caso iba a emitir a su favor un sobreseimiento que lo dejaría fuera de la causa, es decir, no será llamado a etapa de juzgamiento.
“Como coprocesado no he consumado conducta penalmente relevante alguna que me haga merecedor de ir a juicio, pues como lo he venido sosteniendo de forma espontánea desde el día que se me formularon cargos en este proceso: “mi identidad fue usurpada”, “se tomaron mi identidad para escribirle en mi nombre a Leandro Norero por la plataforma Threema con el fin de obtener réditos económicos” por quien se hacía llamar Estimado, que ahora con el nacimiento de este proceso penal nos enteramos responde a los nombres de Helive A.”, señaló en un escrito Christian R.
Al ser ubicado como uno de los líderes de la organización criminal estructurada, el abogado de Norero se expone a penas de entre siete y diez años de cárcel. Christian R. es acusado por el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que habla del delito de delincuencia organizada.
Esta norma sugiere que la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. (I)
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