La consulta viabilizaría 2 regímenes laborales

El Gobierno abordará la problemática de la falta de empleo, que afecta a 7 de cada 10 ecuatorianos, de manera “bifocal”.

La frase es del presidente Guillermo Lasso y resume su intención de establecer dos regímenes laborales en el país.

Para lograr ese cometido, se espera que hasta finales de septiembre se presente a la Asamblea Nacional la denominada Ley de Creación de Oportunidades.

El plan inicial de Lasso es que el proyecto siga su trámite en el Parlamento. Pero si la propuesta no cuenta con el respaldo requerido, el camino sería una consulta popular.

Este proyecto de Ley tendrá el carácter de ley orgánica y su justificación viene dada por la “excepcionalidad por términos económicos, a causa de la pandemia del covid-19”. Así lo explicó Jorge Benavides, viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo.

El funcionario reconoció que, ante un escenario desfavorable en la Asamblea Nacional, el Código de la Democracia, en su artículo 195, faculta al Presidente a proponer la realización de una consulta popular sobre un proyecto de ley que haya sido negado por el Legislativo. “Podría ser una opción, evidentemente en un escenario que no hubiese los votos en la Asamblea”.

El presidente Lasso, el lunes pasado, ratificó esa posibilidad. “Si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro”.

El Jefe de Estado considera viable “convivir” con dos regímenes laborales. El primero, bajo el Código de Trabajo vigente desde 1938, para cobijar a los ciudadanos que cuentan con un empleo formal. Y el segundo, marcado por la llamada Ley de Creación de Oportunidades, que regiría para quienes no lo tienen y aspiran a ser contratados.

¿Es esto posible? El constitucionalista Ismael Quintana cree que sí. Explica que no hay una reserva establecida en la Constitución para que los temas laborales se sujeten a un solo cuerpo normativo.

Actualmente -apunta- ya hay dos leyes distintas en ese ámbito. La Losep, que regula las relaciones laborales entre los funcionarios públicos. Y el Código de Trabajo, orientado al sector privado. “No hay ninguna objeción al hecho de que se pueda presentar una Ley de creación de oportunidades, que sería adicional en materia laboral”, apuntó.

La intención del Gobierno es establecer un nuevo régimen jurídico “más expedito” y en sintonía con las realidades económicas del país. El propio ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló el 8 de septiembre en Radio Quito que el objetivo es facilitar la contratación para tener más fuentes de empleo.

El funcionario asegura que se ha reunido con “todos o casi todos los dirigentes sindicales y empresariales” para difundir la propuesta del Gobierno.

En el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) el proyecto no cuaja del todo. Eso se evidenció en la última movilización convocada por las centrales sindicales en agosto.

Ángel Sánchez, presidente del FUT, pide una reunión con Lasso para presentar un proyecto de un nuevo Código de Trabajo. Esa agrupación actualmente forma parte del llamado Parlamento de Pueblos, plataforma liderada por la Conaie.

El constitucionalista André Benavides coincide en que sí podrían convivir dos leyes laborales, siempre y cuando no existan contradicciones y se deje claro su régimen de aplicación. Sobre todo, agregó, en relación a los derechos laborales que constan en el actual Código Orgánico.

Al respecto, Donoso asegura que “no se va a topar” el Código de Trabajo que rige desde hace 83 años. En consecuencia-dijo-se mantienen los derechos adquiridos, como los décimos tercer y cuarto sueldos, vacaciones, fondos de reserva y afiliación al IESS.

Quintana, por su parte, sostiene que si esa ley de creación de oportunidades entra en vigencia, se generaría un segundo régimen laboral para quienes voluntariamente decidan prestar sus servicios bajo la nueva normativa. ¿Pero cómo se garantizará que los empleadores no cambien premeditadamente del Código de Trabajo a la eventual nueva ley?

El viceministro Benavides dice que dentro de las disposiciones del proyecto se establecerán indemnizaciones para salvaguardar el empleo de quienes están actualmente bajo el Código de Trabajo. “Si se quisiese despedir a empleados que están bajo la antigua normativa, para contratar con la nueva, se establecen las correspondientes indemnizaciones para evitar precisamente que se los despida”.

En Perú y Colombia, aseguró el funcionario, también existen antecedentes de leyes laborales que complementaron Códigos de Trabajo. “La realidad va por delante del derecho. El derecho debe buscar legislar nuevas realidades para acoplarse a nuevos contextos”.

El presidente Lasso dijo el lunes que el actual Código de Trabajo no ha facilitado la creación de empleo en el Ecuador. También desestimó las voces que critican la Ley de Creación de Oportunidades, por una supuesta precarización.

“Es un obstáculo para crear empleos. Por lo tanto, los que tienen trabajo formal, que sigan protegidos por ese Código; pero aquellos que no tienen, que son la gran mayoría, el 70 % de la fuerza laboral, requieren una nueva Ley”.

El ministro Donoso señala que “no hay nada más precario que no tener empleo”.

Los principales cambios de la Ley de Creación de Oportunidades

Utilidades 

Se eliminaría el reparto de utilidades por número de cargas familiares. El 15% del reparto de utilidades se efectuaría solo a trabajadores, sin sus cargas.

Recargos 

Con esta ley se eliminaría el recargo adicional por contratos ocasionales. Con el Código vigente, el salario por contratos eventuales tiene un incremento del 35% del valor por hora.

Horas de trabajo 

Se busca una mayor apertura para acordar entre empleador y empleado la distribución de las 40 horas de trabajo semanal, para que no se limite solo de lunes a viernes.

Incentivos 

Se propone incorporar incentivos tributario a empresas y microempresas para motivar la contratación de mujeres, como parte de la denominada economía violeta.

Contratos 

El proyecto reduce el número de contratos que se pueden suscribir legalmente. Se incorporaría la contratación a plazo fijo. También se incrementaría el período de prueba.