Asamblea Nacional ajustará la Ley de la Función Legislativa para los nuevos asambleístas que se elegirán en febrero de 2025

La Asamblea Nacional acomodará su propia norma interna para los nuevos legisladores que serán elegidos en febrero del 2025. Para el próximo periodo legislativo habrá catorce más: se pasará de 137 a 151 por efectos de los cálculos derivados del censo de población del 2022.

Entre las reformas que se discuten en estos días hay temas que regulan desde el trámite de los juicios políticos a los funcionarios públicos, pasando por la cesación del cargo de asambleístas por abandonar o ser expulsados del bloque por el que llegaron y hasta la creación de dos nuevas comisiones especializadas permanentes.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la unificación de cinco proyectos de ley que plantean incluir cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Los legisladores que proponen las reformas son Fernando Cedeño y Viviana Veloz (RC), Pedro Velasco y Lucía Posso (Avanza), así como Jaime Guevara (independiente-ADN).

Esta sería la primera reforma de fondo que realizará la Asamblea luego de noviembre de 2020, cuando también introdujo un paquete de cambios para que se apliquen a partir del periodo legislativo 2021-2025, que se truncó por la muerte decretada por Guillermo Lasso.

El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, comenta que la idea es aprobar este paquete de reformas a la LOFL para que los cambios se apliquen en el nuevo periodo legislativo, que se iniciará en mayo del 2025, y para ello la mesa tiene un cronograma de trabajo.

Juicios políticos y conformación del CAL

La mayor parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa propuestas están encaminadas a suplir los vacíos que existen en la Comisión de Fiscalización y el trámite de los juicios políticos, y la conformación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Velasco propuso cambios en el capítulo en que se habla sobre los juicios políticos porque, a su juicio, existen vacíos sobre el retiro de firmas en las solicitudes de interpelación.

Para ello se planteó que el legislador que firmó un pedido de juicio político contra un determinado funcionario pueda retirar su respaldo en los diez días que tiene el CAL para calificar la solicitud. Si lo hace después, no tendría efecto, porque sería irrespetar la gestión del Consejo. También correrá el mismo plazo para el legislador que quiera desistir del juicio.

Con ello se evitará que los juicios políticos sean un arma de chantaje o presión hacia determinado ministro o autoridad del Estado.

Otra de las regulaciones propuestas determina la suspensión de los plazos del trámite de un juicio político cuando se termina el primer periodo legislativo de dos años; de esta manera, la nueva Comisión de Fiscalización podrá retomar el trámite a partir de la suspensión, y con ello se garantiza el derecho a la defensa de los interpelados y el debido proceso.

Lo mismo sucederá al término del periodo de cuatro años de la Asamblea. Se espera incluir una norma para que el CAL se abstenga de calificar una solicitud de juicio político 45 días antes de que concluya el periodo legislativo, ya que, de lo contrario, la nueva Asamblea se encontrará con procesos en curso y el pleno “se inventará” un procedimiento y nombrará nuevos interpelantes de entre los legisladores electos, lo cual no está regulado en la LOFL. Aunque ingrese la solicitud de juicio, será el nuevo CAL el que califique el pedido.

Respecto a la integración del CAL, Cedeño propuso que, si un legislador que pertenece a ese organismo en el camino sale o es expulsado del bloque legislativo que lo nominó, automáticamente perdería la representación que obtuvo y el pleno de la Asamblea de manera inmediata deberá designar a un nuevo delegado de la bancada acreedora a esa representación en el CAL.

En torno al trámite de los proyectos urgentes del Ejecutivo, se otorga un plazo de 48 horas para que el CAL califique y sea remitido a la comisión especializada en la materia.

Dos comisiones más

Uno de los temas que se plantearon para esta reforma a la LOFL es la creación de dos comisiones especializadas más en el Parlamento.

El legislador Guevara, representante de la provincia de Pastaza que actualmente actúa como independiente y aliado al sector de Gobierno, representado en ADN, propone crear la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Amazónicos y Recursos Naturales, para que se encargue de tramitar la legislación relacionada con esas áreas y fiscalice las políticas públicas de control ambiental. Y a la par propone reformar el ámbito de acción que tiene la actual Comisión de Biodiversidad, que se encargaría exclusivamente de temas legislativos y de fiscalización en materia de recursos estratégicos.

Con respecto a la creación de esta mesa, Cedeño indicó que se deberá analizar la pertinencia. Recordó que la Función Legislativa “hizo avances importantes en cuanto a las comisiones; uno de ellos es que no se segmenten por regiones, porque mañana Galápagos también demandará una comisión especial”.

En tanto, Lucía Posso planteó la creación de la decimosexta comisión especializada y permanente, que se denominaría “de codificación”, para que se haga cargo de ordenar la dispersión de la normativa y así aliviar confusión que existe en la comunidad jurídica y la ciudadanía.

Desde el 2009, cuando se promulgó la actual Ley Orgánica de la Función Legislativa, no ha existido un solo proceso de codificación.

La legisladora explicó, por ejemplo, que actualmente hay al menos 30 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y varias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero no se ha realizado un proceso de codificación. “La normativa aprobada por la misma Asamblea está dispersa; por eso, el planteamiento es que la nueva comisión realice un sistema de inventario legislativo de fácil acceso a la ciudadanía”, señaló.

Esta mesa debería estar integrada por asambleístas que de preferencia sean abogados para que haya una permanente actividad técnica y jurídica, a fin de que se garantice la existencia de un repositorio jurídico en el portal web del Parlamento.

‘Camisetazos’

De su lado, Viviana Veloz planteó la cesación de funciones del asambleísta que caiga en “transfigurismo político”, más conocido como “camisetazo”; es decir, aquel que abandona al partido o movimiento político por el cual fue elegido. A criterio de la legisladora correísta, la renuncia a la bancada no solo afecta a la agrupación política, sino que también genera una sensación de engaño en el electorado.

También incluyó una reforma en la que se prohíbe que el pleno apruebe resoluciones o acuerdos que busquen respaldar, apoyar o resaltar de cualquier manera las actuaciones de autoridades de la Administración pública que se encuentren subordinadas al control político de la Asamblea.

Veloz habló de incluir, también, una disposición con el fin de que los organismos e instituciones públicas no puedan negarse a remitir la información solicitada por los asambleístas en un proceso de fiscalización alegando su carácter de reservado o confidencial, salvo el caso de información que posea la Fiscalía y que forme parte de una instrucción fiscal. (I)