Bancada de la Revolución Ciudadana se inscribirá ante el CNE como oposición al gobierno de Daniel Noboa

La decisión de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) de convertirse en la oposición política del gobierno de Daniel Noboa no quedará solo en palabras sino que la inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para evitar ser objeto de persecución o retaliación por parte del poder público.

La coordinadora de la bancada Viviana Veloz aclara que la RC siempre estuvo en la oposición, pero una oposición responsable, constructiva y que ha aportado en los distintos proyectos económicos urgentes, y que cuando se conformó la mayoría legislativa con ADN y el PSC, fueron claros que más allá de las ideologías políticas había que poner al país por delante en este periodo de transición; por lo tanto, nunca hubo un pacto.

Luego de 140 días, esa mayoría se rompió tras la incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito, y Veloz trae a colación algunas cosas que a su criterio incumplió el primer mandatario, como olvidarse de su promesa de ser “anti nada”, que siempre sería “pro derechos, pro gobernabilidad”, que no iba a cometer los errores de sus antecesores, pero que con las acciones no solo lo registrado en la Embajada de México, que terminó con la detención de uno de sus líderes políticos, Jorge Glas, sino también dice la legisladora, aquel impasse que el Ecuador tuvo con Rusia y también lo hizo con los habitantes de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi.

“Este discurso anti nada, terminó convirtiéndose en un régimen autoritario con graves repercusiones económicas para los ecuatorianos por lo ocurrido en la Embajada de México”, afirma Veloz, quien sostiene que en adelante la bancada de la Revolución Ciudadana no aprobará un solo proyecto de ley urgente del Ejecutivo, por los niveles de desconfianza que existen.

Veloz anuncia que la bancada RC, en esta semana, inscribirá ante el CNE una declaratoria de oposición al gobierno de Daniel Noboa, precisamente para evitar persecuciones políticas desde el Ejecutivo.

En el Código de la Democracia, a partir del artículo 385, se reconoce el derecho a las organizaciones políticas registradas en el CNE, a la oposición política en todos los niveles de gobierno.

Y se señala que quienes ejerzan las tareas democráticas de oposición no deberán ser objeto de persecución o retaliación por parte del poder público, ni de medida alguna que impida o dificulte el ejercicio de tal derecho.

Tratándose de servidores públicos no deberán ser hostilizados en cuanto a su estabilidad, garantías y prerrogativas propias de sus funciones.

Incluso el Código de la Democracia obliga a la organización política a designar al responsable o vocero de la oposición, y tales representantes gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia, sino tuvieren otro especial.

Pero también prohíbe a la oposición, expresamente, la formación de cuerpos armados o la incitación pública, para que las Fuerza Armadas o la Policía Nacional participen en acciones programadas de la oposición.

A nivel legislativo, la oposición política podrá solicitar la información necesaria y la comparecencia de los ministros de Estado o a las autoridades de las otras funciones e incluso, si lo consideran pertinente, podrán solicitar la convocatoria a juicio político.

En la gráfica varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana en el salón del pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Carlos Granja Medranda

No más leyes urgentes

En adelante, el gobierno de Daniel Noboa no contaría con los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana que al momento tiene 51 sillas de las 137 que conforma toda la Asamblea, aunque ese número tendrá que ser ratificado por la bancada, porque en el último proyecto económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo propuesto por el Ejecutivo siete legisladores de RC, se salieron de la línea de la bancada que era votar en contra de la propuesta.

Ese hecho se registró el 21 de marzo de 2023, cuando los siete legisladores se sumaron a las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Construye e independientes y se aprobó la ley, que ya está en el Registro Oficial. Los siete asambleístas enfrentan procesos disciplinarios internos.

Leonardo Berrezueta, representante de RC en Azuay, habla de una oposición sensata y ceñida a lo que determina y garantiza la ley, y en esa línea “vamos hacer muy críticos, mucho más de lo que ya hemos sido a las decisiones y a las propuestas del gobierno sobre todo en materia de seguridad y empleo, porque simplemente sentimos que el gobierno ha engañado al pueblo del Ecuador”.

Este sector político pedirá cuentas y espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad a la ley que permitió el incremento del IVA al 15%, donde según RC se produjo un engaño desde el Ejecutivo, porque se habló que con esos recursos se financiarán las tareas de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero que en el presupuesto de 2024, no se incluyen esos montos.

Berrezueta señala que serán una oposición sin show, sin espectacularizar absolutamente nada, una oposición seria y una oposición que ayude a enrumbar al país que clama por la generación de empleo.

“Nosotros no apoyaremos ninguna iniciativa que venga desde la Presidencia de la República, en materia económica, porque ya sabemos cuál es el trasfondo que ha tenido todas estas normas que ha planteado el Ejecutivo”, anota Berrezueta, quien además anuncia que en adelante el país verá a los ministros de Estado en las comisiones especializadas permanentes rindiendo cuentas.

Las primeras ministras que deberán comparecer a la mesa de fiscalización serán la ministra del Interior (e), Mónica Palencia y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quienes deberán enfrentar un juicio político por su responsabilidad en la incursión en la Embajada de México en Quito, de esa forma la fiscalización será permanente, asegura el representante del Azuay.

El legislador Berrezueta no ve ninguna posibilidad de conversar con el gobierno, y lo compara como un caso de violencia intrafamiliar y cita: “el que pega una vez pega siempre en violencia intrafamiliar. En este caso es igual. El que engaña una vez engaña siempre. El que tiene la costumbre de ofender al Ecuador violando la normativa internacional al irrumpir en una Embajada, lo va a hacer siempre”.

Veloz anuncia que los distintos proyectos de ley que se tramitan en las comisiones especializadas permanentes ya sean para primero o segundo debate serán objeto de evaluación previa y como oposición al gobierno, tomarán una decisión si apoyan o no su aprobación en el pleno.

En fiscalización la RC, añade, también prepara un juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por sus acciones en los hechos registrados en la Embajada de México en Quito. En tema de salud está en análisis a igual de lo que sucede en otras carteras de Estado. (I)