Derechos políticos de Yunda están en manos del TCE

El primer paso en busca de una posible salida al conflicto de la Alcaldía de Quito por la vía del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se cumplió el 9 de septiembre del 2021.

Las denunciantes Jéssica Jaramillo y Sara Serrano expusieron las pruebas con las cuales consideran que Jorge Yunda cometió una infracción electoral muy grave, por lo que debería perder sus derechos políticos y tendría que abandonar su cargo.

Las dos mujeres presentaron las denuncias por separado. Sin embargo, para el tratamiento, el TCE decidió acumular las causas. En ambos pedidos se argumentó que Yunda ejerció el cargo pese a que el 8 de julio pasado quedó en firme la sentencia del Tribunal, con la que se ratificó la salida del Alcalde mediante el proceso de remoción.

Durante más de tres horas, las partes expusieron sus alegatos. Guillermo González y David Meza, quienes actuaron como defensa de Yunda, fueron los primeros en ingresar a la sala, a las 13:50.

Fue la primera vez que González actuó en una audiencia relacionada con la remoción, pero tiene experiencia en justicia electoral. En el 2012 fue parte del TCE, y además se desempeñó como vocal en el Tribunal Supremo Electoral.

Meza ya había actuado en defensa de Yunda. Fue uno de los tres abogados que lo representaron en la audiencia de la Corte Provincial. Esa entidad resolvió echar abajo el proceso de remoción, que es lo que mantiene actualmente en su cargo.

Si bien en un inicio se dijo que los medios de comunicación podrían cubrir la diligencia, solo se permitió registrar el inicio de la misma. El juez a cargo, Arturo Cabrera, solicitó que los periodistas se retiraran de la sala, para llevar el proceso a puerta cerrada.

De parte de las denunciantes, la primera en actuar fue Jaramillo. La del jueves no fue la primera vez en la que la abogada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito enfrentó a la defensa de Yunda. Ella fue quien expuso las causales de remoción (con lo que se dio inicio a todo este proceso), en la sesión del Concejo Metropolitano del 2 y 3 de junio pasados.

La abogada centró sus argumentos en que la decisión del TCE, del 1 de julio pasado, tiene fuerza de sentencia y sin embargo fue incumplida.

Presentó una línea de tiempo en la que se mostraba que Yunda no acató la sentencia entre el 8 y 15 de julio. En ese período, la sentencia del TCE ya estaba ejecutoriada y la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez, el 28 de junio, no dejaba sin efecto la remoción.

Como prueba del incumplimiento, presentó las convocatorias de Yunda a sesión del Concejo. Se mostró el llamado del 15 de julio en el que intentó tratar el cambio en los integrantes de las comisiones.

La estrategia de la defensa de Yunda fue señalar que lo dicho por el TCE es una absolución y no una sentencia. González indicó que, al ser una pregunta hecha al órgano de justicia electoral, no cabe el incumplimiento, porque el TCE no dispuso hacer algo. “No hay un hecho que sea susceptible de incumplimiento de resolución y menos de sentencia”. De hallarse el incumplimiento, el Código de la Democracia establece sanciones como la suspensión de derechos políticos (de dos a cuatro años) y una multa de 70 salarios básicos.

Esteban Ron, experto en temas electorales, dijo que las sanciones deben cumplir el criterio de proporcionalidad dependiendo de su gravedad y del perjuicio causado. “La pérdida de derechos políticos es una sanción de característica política. Se entiende que Yunda podría haber incumplido una orden que lo mantiene en un cargo político”.

En las afueras de la sala se dieron cita opositores a la gestión de Yunda. Miembros de la plataforma Todos por Quito pidieron respeto a la ciudad y que resuelvan la crisis de gobernabilidad.

Los simpatizantes de Yunda, en cambio, protagonizaron una marcha. Cientos de personas recorrieron las calles del Centro Histórico con carteles de apoyo al Alcalde.

El TCE tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver la denuncia, contados desde el 13 de agosto. Una vez que Cabrera emita su decisión, ambas partes podrán apelar. En ese caso, la denuncia queda en manos del Pleno del TCE.

Yunda ahora debe esperar la audiencia del lunes próximo, en la Corte Constitucional, sobre la acción extraordinaria de protección que solicitó Santiago Guarderas.