Caso Pantalla, la investigación de una forma más para intentar ‘apropiarse’ de los tribunales de justicia

El caso Pantalla, proceso penal en el que se investiga el delito de tráfico de influencias, termina siendo una arista distinta de esa búsqueda de influir en el sistema de justicia ecuatoriano que mantenían “organizaciones delictivas” o “empresas criminales” que han sido evidenciadas de alguna forma en los casos Metástasis, Independencia Judicial, Purga o Plaga.

Desde el 5 de septiembre pasado, Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., asesores del entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, son procesados penalmente por el delito de tráfico de influencias dentro del caso Pantalla.

A ambos se los acusa de ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en la Judicatura con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), proceso iniciado por el CJ en junio de 2023.

Wilman Terán mantiene un llamado a juicio por el delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial y enfrenta una audiencia preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. En cambio, su exasesor Santiago Paúl C. comparte el llamado a juzgamiento con Terán en Indepedencia Judidal. Mientras que para Milton Fabricio H., pese a que fue sobreseído en esa causa por obstrucción de la justicia, la Fiscalía apeló la resolución y busca que se lo llame a juicio como cómplice.

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Recién el 23 de septiembre próximo se conocerá la decisión de un tribunal de la Corte Nacional sobre si Milton Fabricio H. es llamado a juicio o mantiene el sobreseimiento.

El caso Pantalla y la búsqueda del control de la Corte Nacional

La fiscal del caso Pantalla, Ruth Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia, durante la audiencia de formulación de cargos señalaba que en los últimos meses Ecuador se había dado cuenta de la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de un Estado de derecho, aclarando que lo lamentable es que se ha arribado a esta conclusión tras la develación de varios casos de corrupción cuyo denominador común ha girado en el anhelo de diversos grupos de poder, tanto políticos como delictivos.

“De hecho, el presente caso no es la excepción, llegando, incluso, a plasmar estas ansias en la búsqueda del control del máximo órgano de justicia del país. ¿Por qué digo esto, señor juez? A raíz de la convocatoria del concurso público (...) para la selección y designación de jueces y conjueces de la CNJ del año 2023, se articularon una serie de conductas por parte de funcionarios de alto nivel dentro del CJ, destinadas a influir en el resultado del referido proceso con la intención de beneficiar a determinados postulantes”, anotó Amoroso.

Para finales de enero pasado, el presidente temporal del CJ, Álvaro Román, quien reemplazó a Terán en un cargo al que renunció desde la Cárcel 4, en Quito, ya habló de irregularidades en el concurso en la Asamblea Nacional. En ese espacio, él contó varios detalles anormales encontrados casa adentro al analizar la situación para declarar la “nulidad insanable” total del proceso el 18 de enero último, decisión tomada de forma unánime por Román y los entonces vocales del CJ Yolanda Yupangui y Fausto Murillo.

Irregularidades en concurso ya expuestas a inicios de 2024

Entre las irregularidades expuestas por el líder del CJ estaba que personal cercano al entonces presidente Wilman Terán habría pedido acceso a las preguntas del concurso para jueces nacionales, antes de que se realizara la prueba teórica y de oposición. Ese hecho, dijo Román, estaba siendo investigado por la Unidad de Transparencia del CJ, pero también existía una denuncia formal ante la Fiscalía.

El proceso iniciado y defendido por Terán para esos días ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre de 2023 una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.

Desde el pleno del CJ se explicó que la decisión de nulidad total del concurso obedeció a que se identificaron anomalías en distintas fases del proceso, las cuales, se aclaró, habían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad que rigen el proceso. En el análisis se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y hasta penales.

Tres meses después, Ecuador amanecía con la novedad de que funcionarios de la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía y agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, por más de siete horas, allanaron de forma simultánea ocho domicilios ubicados en diversas zonas de Quito: Tumbaco, ciudadela Ibarra, Quitumbe, Calderón y Conocoto, y en el cantón Rumiñahui, el 24 de abril pasado.

La operación de Fiscalía se dio el 24 de abril pasado, a casi dos semanas de que Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán en la CNJ y, entre mayo y agosto de 2023, coordinador jurídico del despacho de la presidencia en la Judicatura de Terán y director nacional de Asesoría Jurídica del CJ, rindió testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial, en el que habló, entre otras cosas, de que el concurso para jueces de la Corte Nacional liderado por Wilman Terán estuvo “arreglado”.

Las revelaciones del exasesor de Wilman Terán

Palacios, quien fue procesado en Metástasis y recibió una pena reducida de solo quince meses por acogerse a las figuras de procedimiento abreviado y cooperación efizcaz, aseguró que el concurso para la designación de jueces nacionales “estaba totalmente arreglado”, e incluso mencionó que antes que concluyera ya se había repartido el número de jueces entre quienes hacían la mayoría en el CJ: tres cupos de jueces para el presidente Wilman Terán, dos cupos para la entonces vocal Maribel Barreno y dos para el vocal titular Xavier Muñoz.

“Estaba ya totalmente arreglado el concurso, que ya tenía sus candidatos. Dentro del concurso de jueces se produce un hecho bastante insólito. Si bien es cierto el director general (del CJ) tenía la potestad de poder modificar el cronograma, pero él no podía llamar a un nuevo examen de confianza. Les voy a contar por qué se llama a un nuevo examen de confianza optativo, el cual podía dejar sin efecto el otro examen anterior: ¿Por qué sucedió esto? Porque la jueza de Santo Domingo (de los Tsáchilas) Anabel Torres tenía que ser jueza nacional. Ella tenía que ser la ganadora del concurso porque ese era el ofrecimiento de Wilman Terán y también ya tenía el ofrecimiento de que ella iba a ser la presidenta de la CNJ”, afirmó.

De la acusación hecha por la Fiscalía se desprende que las actuaciones irregulares dentro del concurso para la Corte Nacional habrían tenido lugar desde la Dirección General del CJ a cargo de David Alejandro G. C., quien conjuntamente con Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., y prevaliéndose de las facultades de sus cargos dentro del CJ, en calidad de asesores de la presidencia de la Judicatura, “ejercieron influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores con la finalidad de obtener información privilegiada y de esta forma beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso”.

Las influencias y los beneficios hallados por la Fiscalía

Según la Fiscalía, por ejemplo, en la subfase de postulación, los sospechosos beneficiaron a cuatro postulantes, a quienes se les permitió continuar en el proceso de concurso pese a que su postulación finalizó fuera del horario establecido en el cronograma. En la fase de méritos habrían beneficiado a dos postulantes, una de ellas Mercedes Villarreal Vera, una de los 25 procesados en el caso Purga. A estas participantes se les habría permitido cambiar el estado del sistema de postulación de finalizado a pendiente, hecho que dio la posibilidad a las postulantes de modificar los documentos subidos en esta fase.

En relación con los puntajes de recalificación de la prueba teórica, a decir de Fiscalía, se verifica que los promedios de varios postulantes se incrementaron en mayor medida en comparación con otros postulantes que solicitaron recalificación. Al menos once casos revelarían este hecho, según Fiscalía, entre ellos la entonces jueza provincial Anabelle Torres, quien subió su promedio de 16,40 a 18 puntos, así como un exfiscal general del Estado y tres jueces de la Corte Nacional en funciones.

Finalmente, la Fiscalía señaló que en la aplicación de los exámenes de confianza, por resolución de la Dirección General del CJ, se realizó un segundo examen a pesar de que no estaba normado en el reglamento del concurso, permitiendo establecer idoneidad en postulantes que no superaron el puntaje en el primer examen contemplado en el cronograma. Varios postulantes del concurso habrían resultado beneficiados de esta modificación.

“¿Cómo lo hicieron, señor juez? David G., revestido de su cargo jerárquico como director general del CJ, por medio de memorandos, disposiciones y autorizaciones, es decir, a través de documentos oficiales, manipuló las postulaciones con el fin de permitir a ciertos postulantes incorporar nueva información, así como continuar en las distintas fases del concurso”, anotó Amoroso.

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En la formulación de cargos, la fiscal de la causa no dejó de mencionar que las conductas de los involucrados no cesan con lo realizado en los hechos descritos, sino que también, por ejemplo, David G. estuvo a cargo de la conformación de los tribunales de recalificación a través de los cuales tenía la posibilidad de ejercer sus influencias en procura de beneficios en diversas calificaciones.

La dinámica criminal incluía realizar el examen a postulantes

La dinámica criminal de quien era el director general del CJ, explicó Amoroso, habría sido complementada mediante la distribución de roles desplegados conjuntamente con Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., quienes aparentemente, por medio de sus disposiciones jerárquicas hacia sus inferiores, lograron obtener el banco de preguntas de las pruebas teóricas del concurso para jueces de la CNJ, así como también influyeron en funcionarios del Departamento de Tecnologías de la Información del CJ para que les revelaran el mecanismo de “desencriptación” de dicha información.

Información que es parte del expediente fiscal revelaría que este hecho descrito permitió que Santiago Paúl C. C. realizara el examen escrito de la postulante Anabel Torres, evidenciando, indicó Amoroso, la finalidad de beneficiarla en su calificación y así direccionar los ganadores del concurso de jueces de la Corte Nacional.

“En las conductas descritas existe una clara pluralidad de actuaciones principales con una distribución de actividades destinadas a ejercer influencias, prevaliéndose de cargos jerárquicamente superiores dentro del CJ con la única finalidad de manipular el referido concurso y procurar como ganadores a postulantes cuyos méritos no eran los idóneos para ocupar la más alta magistratura del país, configurándose de esta forma los elementos objetivos del tipo penal de tráfico de influencias constante en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal”.

De momento transcurren los 90 días de una instrucción fiscal en la que se ordenó prisión preventiva para los dos iniciales sospechosos. Justamente el lunes 30 de septiembre próximo, a partir de las 08:30, se dará una audiencia para escuchar los argumentos de la apelación interpuesta por Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C. contra la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por el juez anticorrupción Christian Quito. (I)