El Supremo estima el recurso del presidente Louzán, que podrá seguir al frente de la RFEF libre de cargos

Rafael Louzán podrá seguir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de que el Tribunal Supremo haya estimado su recurso de casación contra la condena de siete años de inhabilitación para ocupar cargo público que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los cinco jueces del alto tribunal consideran que el modus operandi para la concesión de una subvención de 86.000 euros destinados a la construcción de un campo de fútbol en Moraña cuando Louzán era presidente de la Diputación no constituye un delito de prevaricación. El tribunal también ha absuelto al exdirector de Infraestructuras de la Diputación, al administrador y a un representante de la empresa constructora que igualmente fueron condenados a 7 años de inhabilitación como cooperadores del delito de prevaricación atribuido a Louzán.

La sentencia de la audiencia pontevedresa basó la condena al por entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular en la provincia por prevaricar “al votar a favor del acuerdo” de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”.

El Supremo ha anulado ahora esa sentencia porque considera que los hechos probados no constituyen un delito de prevaricación, ya que se adjudicó un contrato para pagar al contratista unas obras que ya había realizado. Para que exista prevaricación, señala el tribunal, debía haber habido una resolución arbitraria dictada “para producir un resultado materialmente injusto”. En el caso por el que se condenó a Louzán, añade el Supremo, la Diputación de Pontevedra estaba obligada a abonar las obras ya realizadas.

El miércoles, el fiscal Javier Huete defendió sin éxito ante los cinco magistrados del Supremo la validez de la condena. “Todo el expediente es prevaricador. Buscan e idean un sistema de común acuerdo alternativo al margen del procedimiento para llevar a cabo su estricta voluntad. Los que intervienen, sin su colaboración, no hubiera sido posible el pago de esas cantidades. Eso implica el delito de prevaricación establecido en el artículo 404 del Código Penal”, incidió el fiscal.

La argumentación de la abogada de Louzán, Mónica Godoy, para inferir que los hechos probados no constituían el delito de prevaricación se basó en que tanto la legislación de subvenciones como de contratación pública vigentes en ese momento “permitían al presidente de la Diputación hacer el abono por la cuantía pagada” por “una nueva subvención o la aplicación de un contrato directo”. La letrada admitió que “los hechos probados no se atacan”, pero sí la interpretación de la conducta, “que no puede integrar el delito de prevaricación”.

La decisión del Supremo supone un alivio para la dañada imagen reputacional de la federación, que habría tenido que digerir a un cuarto presidente suspendido por prácticas irregulares tras las inhabilitaciones de Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha, los antecesores del gallego en el cargo. Este se enteró del fallo del Supremo mientras presidía una reunión con los clubes y los árbitros. Louzán se emocionó al conocer su exoneración y recibió una ovación de los presentes.

Louzán fue elegido presidente el pasado 16 de diciembre con el voto a favor de 90 asambleístas, que asumieron el riesgo de que el Supremo ratificara la condena sin importarles las consecuencias que hubiera tenido para una institución ajada por los escándalos que la han rodeado en los últimos años. Este jueves por la mañana, en declaraciones a TVE, Alegría incidía antes de conocer la decisión del Supremo: “He de reconocer que la imagen que se ha trasmitido desde la federación de fútbol hacia fuera no ha sido desde luego la más positiva y la más constructiva. De hecho, si echamos la vista atrás, los últimos presidentes de la federación de fútbol todos han terminado por vía judicial. Creo que la afición no se merece esto como cara visible del fútbol en nuestro país”.

El Consejo Superior de Deportes fue contrario a que Louzán se presentara a las elecciones e incluso llegó a estudiar la posibilidad de impedir su candidatura. Fuentes del organismo gubernamental que preside José Manuel Rodríguez Uribes aseguraron que denunciarían a Louzán ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) si ganaba las elecciones. Finalmente, el CSD no actuó y ahora manifiesta su respeto a la justicia y se felicita por su prudencia al haber aguardado a la decisión del Supremo.