Finalizaron audiencias en la Corte Constitucional contra leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia, jueces ahora deben deliberar

En la Corte Constitucional (CC) concluyeron las audiencias públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Inteligencia, por 36 demandas de inconstitucionalidad que se presentaron hacia estas normativas en materia de seguridad, que defiende el Ejecutivo.

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Las diligencias se desarrollaron desde el pasado 25 de agosto, cuando fue la audiencia en contra de la Ley de Solidaridad; el 27 y 28 de agosto, contra la Ley de Integridad; y el 1 de septiembre, en contra de la Ley de Inteligencia.

Las tres audiencias se realizaron de manera virtual y contó con la participación de los accionantes, entre ellos, organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Colegio de Abogados de Pichincha, la Federación Médica Ecuatoriana, sindicatos de trabajadores públicos y municipales, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y otras organizaciones de derechos humanos, entre otros, quienes alegaron que las tres normativas vulnerarían derechos constitucionales.

Todos los demandantes solicitaron a los jueces de la Corte Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de las normativas y deroguen sus articulados.

En tanto que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, como demandados, con el respaldo de la Procuraduría General del Estado, desestimaron las acusaciones contra las tres leyes y solicitaron a los jueces constitucionales que declaren la constitucionalidad de las mismas y que revoquen la suspensión provisional de varios artículos, decisión que adoptó la CC el 4 de agosto.

Una vez finalizadas las audiencias, los jueces ponentes, Alí Lozada, en el caso de las demandas acumuladas contra la Ley de Solidaridad Nacional; José Luis Terán, encargado de las demandas contra la Ley de Integridad Pública; y Alejandra Cárdenas, sustanciadora de las acciones públicas contra la Ley de Inteligencia, deberán elaborar proyectos de resolución que pasarán a conocimiento del pleno de la Corte Constitucional, integrado por nueve magistrados, aunque no existe un plazo establecido para que los jueces ponentes deliberen. Para la aprobación de las sentencias se necesitan al menos cinco votos de los jueces.

Mientras tanto, artículos como el 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55 de la Ley de Inteligencia, así como los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera del Reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia se encuentran suspendidos, de forma provisional. Asimismo, los artículos 6, 9, 13 y 14 de la Ley de Solidaridad Nacional están sin efecto. En cuanto a la Ley de Integridad Pública, la CC resolvió suspender temporalmente la disposición transitoria décimo primera. (I)