Ministro de Telecomunicaciones sobre negociaciones con Claro y Movistar: ‘Cada empresa, inclusive nosotros, puede tomar su posición en función de los resultados electorales’

Las negociaciones entre el Gobierno y las operadoras telefónicas para renovar los títulos habilitantes del servicio móvil avanzado (SMA) de las empresas Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) están en la etapa final. Se espera que terminen en el primer semestre del año, incluso antes de que se posesione el nuevo Gobierno; aunque, dada la coyuntura política, las partes involucradas pueden tomar una postura en función de los resultados electorales, según el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, quien también comenta cómo se garantizan los servicios debido al invierno y sobre el proceso de Cable Andino.

¿Cómo han avanzado las negociaciones con Claro y Movistar?

Cuando recibimos el proceso lo encontramos prácticamente paralizado, debió haberse culminado en septiembre de 2023. Existía una consultoría con una empresa internacional para la valoración de bandas del espectro radioeléctrico, que no había sido recibido. Al asumir la gestión, le dimos avance a toda esta tramitología, se recibió la valoración, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) revisó, conoció ya esta valoración y la aprobó.

Con base en eso, ya existieron las primeras actas de negociación de valores y de obligaciones con cada una de las operadoras, y el proceso se ha detenido en esta última etapa, en la sostenibilidad económica del modelo.

¿Por qué se ha detenido en esa etapa?

La idea es garantizar que esta valoración, que se hace con una proyección de quince años, sea sostenible en el tiempo, es decir, si existiese algún incremento considerable de ingreso de las operadoras durante el ejercicio, el Estado pueda participar de esos ingresos no proyectados originalmente con los valores acordados originalmente.

La implementación sí ha requerido de algunas reuniones técnicas con las operadoras. Se tiene que revisar cada cuánto tiempo serían estas revisiones, si va a ser una evaluación anual, cada tres años, cada cinco años.

Se tiene que revisar cuáles serían los montos o porcentajes, y eso es lo que ha detenido un poco esta etapa final. Este punto forma parte de un requerimiento del Ministerio de Economía para otorgar un dictamen en ese sentido y culminar con la negociación como tal. Son detalles técnicos financieros que se los está trabajando, por eso nos atrevemos a decir que todo está listo para culminar en el primer semestre del año.

¿En estos detalles se hablaron para las dos operadoras o hay alguna diferencia?

No, el concepto es el mismo para ambas, la diferencia está en los plazos. El contrato con Conecel no tiene una fecha de finalización, sino hay una prórroga establecida hasta la finalización de las negociaciones como tal, mientras que con Otecel sí existen plazos (15 de mayo), por eso se han tenido que dar estas prórrogas.

Si el proceso concluye en el primer semestre, sería hasta junio, y la posesión de un nuevo Gobierno es en mayo, ¿podría adelantarse o cómo está contemplada esa parte?

Realmente las reuniones que hemos tenido con las operadoras, con los equipos técnicos y también desde Arcotel, que es una institución netamente técnica, han sido en ese sentido, establecer los parámetros y las decisiones técnicas financieras que mejor convengan para los intereses del Estado. Obviamente, ya a la hora de tomar una decisión y de tomar una firma, cada institución deberá tomar su postura en función también de la situación política que vive el país, eso no lo sabemos... Pero, desde el punto de vista técnico, el plazo para poder realizar todo el proceso da para hacerlo en el primer semestre.

Técnicamente lo podemos hacer antes. Para los detalles que faltan, creo que hay tiempo suficiente de acuerdo con lo que hemos venido trabajando, por supuesto de haber la voluntad también empresarial de aceptar cada una de las condiciones, entenderíamos que sí, que puede combinarse el proceso en esos plazos y que se podría tener. Ahora bien, lo que le decía de la otra forma, ya cada empresa, inclusive nosotros, puede tomar su posición en función de los resultados electorales.

¿Tienen estimaciones de cuánto se obtendrá con estas negociaciones o bajo qué monto se está negociando?

A pesar de que hablamos de un proceso de negociación, son dos negociaciones independientes, por lo tanto a estas alturas, al no haber cerrado aún, no puedo establecer los valores, pero sí los hemos conversado, obviamente, con cada operadora en función de lo que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece. El artículo 54 delimita claramente cuáles son los rubros que hay que considerar para la valoración y también menciona otros rubros que la Unión Internacional de Telecomunicaciones fija.

En otro tema, ¿de qué manera se garantiza el servicio de telecomunicaciones en medio de las lluvias?

A través de Arcotel hemos desplegado a las coordinaciones zonales para tener equipos de respuesta ante incidentes con este tema de la temporada invernal que vive el país.

La idea es poder monitorear en casos específicos de desastres naturales o de afecciones considerables el estado de las telecomunicaciones y, de tal manera, que se pueda reportar inmediatamente a las empresas que estuviesen involucradas en cada uno de estos temas: pérdida de conectividad, temas con las torres que están desplegadas a lo largo de la geografía del país... Y poder tener la respuesta inmediata y, de existir alguna afección, se pueda resolver de manera inmediata.

Y en forma particular, todos los ministerios estamos desplegados en territorio permanentemente para poder ofrecerle al ciudadano todos los servicios que el Gobierno tiene directamente en sus comunidades...

¿Y cómo avanza el proceso de extinción del título habilitante a Cable Andino?

Está de acuerdo con lo planificado. Se están haciendo los estudios pertinentes para el tema de la valoración de los bienes afectos al servicio, que era la segunda etapa, necesitan establecerse cuáles son esos bienes que son necesarios para continuar la prestación regular del servicio. Una vez que se tenga esa valoración, la siguiente etapa sería la puesta en consideración, a través de un concurso público, la prestación de un nuevo operador que pueda cancelarle esos bienes al operador original, que es Cable Andino, y pueda continuar proveyendo el servicio.

Como hemos dicho en algunas ocasiones, no es que esos bienes van a pasar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) o van a pasar al Estado de manera específica o directa, simplemente necesitamos valorarlo primero...

¿Cuándo terminaría esta valoración y cuándo se iniciaría la nueva etapa?

Según el cronograma que tenemos, el proceso en sí ya de reversión completa debería tomar alrededor de un año, desde septiembre, cuando más o menos se inició todo el proceso (la resolución de la extinción fue emitida el 18 de noviembre de 2024). Podría finalizar en unos tres o cuatro meses más esta primera etapa (valoración), en junio o julio. De ahí vendría ya la segunda, que es el tema del concurso para adjudicar esos bienes.

¿Hay posibilidad de un diálogo y/o de hacer una pausa de todo el proceso?

Nosotros continuamos de acuerdo con los mecanismos que jurídicamente están habilitados, según lo que la ley establece y siempre abiertos al diálogo, no solamente con Cable Andino, sino con cualquier otro proveedor del servicio de telecomunicaciones que desee seguir trabajando en bien del país.

Entiendo que Cable Andino inicialmente puso un pedido de una acción de protección con medidas cautelares, que fue rechazado por la autoridad competente en su momento, y hay un proceso que está pendiente de apelación por parte de ellos que sigue todas las vías jurídicas respectivas. Por supuesto, ellos están en su pleno derecho jurídico de establecer todas las acciones que consideran necesarias.

Hablando de CNT, ¿qué avances ha tenido?

El caso de CNT es bastante particular por ser una empresa pública del Estado en un sector en que el desempeño y la competencia es bastante importante. A pesar de eso, en este año y medio de gestión, CNT ha hecho un despliegue bastante importante en infraestructura, no solamente en la línea del servicio móvil avanzado, que es la línea de servicio al cliente mayor en este momento, sino también en el tema de provisión de datos a través de sus centros de datos y de la provisión de servicios institucionales, empresariales mayormente dirigidos, por supuesto, a las empresas públicas.

Tal vez, donde pudiese haber más problemas y donde se ha venido trabajando es en el tema de atención al cliente...

El Ministerio del Trabajo en 2024 pidió un examen especial a contratos colectivos de las empresas públicas, una de ellas era CNT, ¿desde la cartera que lidera cómo ve estos procesos?

Bueno, estamos también a la espera de las decisiones que la ley o que las instancias jurídicas tomen en ese sentido, pero siempre con una conciencia ciudadana, los trabajadores también son parte ciudadana y son muy importantes sus situaciones y sus consideraciones.

Acabamos de ver lo que está ocurriendo en CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), la respuesta de nuestra ministra Inés Manzano ante los problemas que presentaron los trabajadores, justamente en ese sentido, nosotros también como CNT estaremos atentos, primero a las decisiones judiciales, muy respetuosos de lo que las normas jurídicas... Pero, asimismo, tenemos que buscar, en el caso de que esto ocurriera, algún tipo de mediación o de mínima afección a los trabajadores. (I)