Pablo Muentes tenía interés de que Elsi Cely llegara como vocal a la Judicatura para manejar la justicia en Guayas, afirmó en su testimonio Xavier Muñoz
La mañana del miércoles último, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Xavier Muñoz iniciaba su testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial explicando que debería empezar con los antecedentes para que así se pueda entender con integralidad el motivo de que él esté ahí en ese momento sentado y procesado por el delito de obstrucción a la justicia.
Según Muñoz, hasta el año 2020 fue un abogado de libre ejercicio que nunca tuvo ningún puesto trascendental a nivel público, pero que todo eso cambió cuando en el gobierno de Lenín Moreno le pidieron su hoja de vida para integrar la terna que debía enviarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una vez se confirmó la renuncia de los vocales titular y suplente de la Judicatura Aurelio Moreno y Patricia Esquetini.
“Yo no representaba a ningún partido político ni he tenido conexión con ningún partido político. Siempre fui abogado en libre ejercicio y nunca me ha gustado participar ni ser proselitista político. Entonces, María del Carmen Maldonado (expresidenta del CJ), como me conocía, ella le dice al presidente Lenín Moreno que mi carpeta sería una de las mejores. Eso va al CPCCS y, a partir de ahí, mi nombre estaba en la lista de la terna (...) para ser vocal principal del CJ”, recordó.
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De ese hecho, Muñoz pasó a contar que en esa carrera para llegar a la Judicatura se reunió con su vecino en la urbanización Mocolí, en Guayas, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes. Reconoce que conversó con él en busca de tener algún tipo de respaldo político y conociendo que Sofía Almeida, sobrina del legislador socialcristiano Luis Almeida, presidía el Consejo de Participación Ciudadana.
“Conversando con Pablo Muentes me dijo a mí que el interés de él, no sé si de los socialcristianos, pero el interés de él era que quien ocupe esa vocalía sea la Elsy Celi Loaiza, y que él estaba haciendo la gestión política para que ella asuma el cargo de vocal del CJ. Tanto es así que había un informe hecho por el coordinador jurídico de esa época jurídico, Freddy Viejo, en donde trataban jurídicamente hacer que quien sea designada vocal sea Elsy Celi, pero ese informe (...) no surtió efecto, porque todo el mundo cuestionaba que la fuente del Ejecutivo era quien tenía que poner el nuevo vocal, esto es, en esa época, el presidente Lenín Moreno”, aseguró el procesado.
Muñoz refiere que, ya en el proceso de designación para vocal titular, envió un plan estratégico de lo que creía necesitaba Ecuador, es decir, la modernización del sistema de justicia. Desde su perspectiva, eso hizo que lo designaran como vocal, por lo que piensa que llegó al cargo sin ningún tipo de apoyo político, pero sí sabiendo que había un interés muy particular de parte de Pablo Muentes de que Elsy Celi fuera la persona que ocupara el cargo de vocal.
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Inmediatamente, a su llegada al Consejo de la Judicatura integrado en ese momento por María del Carmen Maldonado, como presidenta, y los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y Fausto Murillo, relató que contra este último vocal se emitió una resolución desde el Ministerio del Trabajo, liderado por Andrés Isch, del gobierno de Lenín Moreno.
El documento observaba que supuestamente Murillo no podía haber sido designado vocal principal por cuanto tenía un impedimento en el sistema del Ministerio del Trabajo. Con esa justificación, afirma Muñoz, el Consejo de Participación Ciudadana destituyó a Fausto Murillo y, con ello, subió a ese puesto la vocal suplente Elsy Celi.
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“Elsy Celi definitivamente representaba las pretensiones que Pablo Muentes tenía de manejar el sistema de justicia en el Guayas, a lo cual yo nunca estuve de acuerdo. Sin embargo, a partir de que ella ya asume la vocalía, se hace como una especie de mayoría entre ella, María del Carmen Maldonado y, bueno, estaba yo también. Se designó al señor Joue Romani como director provincial en el Guayas (del CJ), con el que yo creo que empezó toda esa trama que hoy por hoy lo conocemos como caso Pulga, de Pablo Muentes. A partir de ahí, Elsy Celi sí tenía mucha injerencia en el Guayas e hizo cambios en los juzgados de Samborondón y en algunos juzgados, y yo tuve siempre esa pugna con Pablo Muentes”, señaló Muñoz.
Celi estuvo como vocal suplente en reemplazo de Murillo entre el 23 de abril y el 22 de junio de 2021. El pleno del Consejo de la Judicatura decidió de forma unánime “reincorporar inmediatamente” a Fausto Murillo. La decisión se tomó luego de que un tribunal de la Corte de Pichincha dejara sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana que disponía la remoción de su cargo.
#AHORA| Una vez notificado el #CJ por el órgano jurisdiccional, respetuosos de la decisión constitucional, el Pleno del organismo resolvió por unanimidad acoger el informe jurídico y proceder con el reintegro inmediato del vocal Fausto Murillo Fierro.
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) June 22, 2021
“Luego de que el Consejo de la Judicatura fuera notificado por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, hemos resuelto el reintegro de Fausto Murillo para acatar las decisiones legítimas de autoridad competente”, indicó María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura.
El hoy exasambleísta Pablo Muentes es actualmente uno de los doce procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso denominado Purga. En ese proceso penal se investiga una estructura liderada por Muentes que tenía la colaboración de jueces y funcionarios judiciales para conseguir fallos en casos de interés de quienes estaban en la cúpula de la organización.
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El nombre de Elsi Cely aparece en una serie de mensajes encontrados en el celular de Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas que es procesada en el caso Metástasis. Salazar fue cercana a Muentes y a la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, por lo que ha asegurado conocer desde dentro cómo se usó el sistema de justicia del Guayas no para responder al interés general, sino a intereses particulares de políticos y de personas relacionadas con el crimen organizado. (I)
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