Un conjuez se sumará al Tribunal Contencioso Electoral para decidir en última instancia si cuatro consejeros de Participación Ciudadana son destituidos

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) escogerá por sorteo un conjuez para completar el pleno y resolver si ratifica la sentencia de primera instancia con la que se destituyó a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por una infracción electoral ocurrida en el 2023.

El viernes, 17 de enero de 2025, en una sesión administrativa del pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con cuatro votos a favor y una abstención, se definió hacer un sorteo de entre quienes integran el banco de elegibles para escoger un conjuez que se sume al pleno y tramitar esta causa en última y definitiva instancia.

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Con ello, se podrá tratar la denuncia por presunta infracción electoral planteada por Pamela Troya y Santiago Becdach, en contra de los vocales del CPCCS: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga, esta última suplente, a los que acusan de haber incumplido disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), contemplada en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia.

Los cuatro vocales, conocidos con el mote ‘los candidatos de la liga azul’, afines al movimiento político Revolución Ciudadana (RC), fueron promocionados durante la campaña electoral en los comicios de febrero del 2023 por Rafael Correa, líder de la agrupación política, en plataformas digitales.

Esto, pese a que existen prohibiciones constitucionales y legales que impiden a los candidatos a ser vocales del CPCCS a hacer proselitismo político o ser auspiciados por partidos, movimientos, dirigentes o líderes políticos.

Únicamente el CNE está facultado a promocionar las candidaturas a ser consejero del CPCCS.

En septiembre de 2024, en primera instancia, el juez Fernando Muñoz los sancionó con la destitución de sus cargos, el pago de una multa por 70 salarios básicos y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años por incurrir en la infracción electoral muy grave del Código, es decir, por incumplir las resoluciones de la Función Electoral y hacer proselitismo político.

En su defensa, los consejeros de Participación Ciudadana interpusieron recursos como recusaciones en contra de los jueces principales y suplentes que se integraban al pleno, lo que dilató la sustanciación.

Sin embargo, este 17 de enero, los jueces conocieron que Verduga, Salos, Párraga y Franco ingresaron una nueva recusación administrativa en contra esta sesión. Finalmente no se aceptó el pedido.

En el pleno se informó que existe “imposibilidad para conformar el pleno por falta de jueces principales y suplentes”, por lo que declararon pertinente la participación de conjueces ocasionales que se escogerá previo un sorteo, de acuerdo con la normativa interna para la resolución de los causas.

Este auto se aprobó con el voto afirmativo de los jueces Ivonne Coloma (presidenta), Ángel Torres (vicepresidente), Guillermo Ortega y Joaquín Viteri; el juez Muñoz se abstuvo.

Superado este incidente, el juez ponente del proyecto de sentencia, Guillermo Ortega, admitió a trámite los recursos de apelación presentados por los cuatro acusados para analizar si los acepta o, al contrario, propone ratificar su destitución.

El fallo que emita el pleno del TCE será de última y definitiva instancia y solo se puede plantear recursos de aclaración y ampliación. (I)