Un presidente de la Corte de Manabí y un integrante del Consejo de Participación habrían estado tras acción de protección irregular, asegura exjuez de Paján

Ofertas de dinero, entrega de efectivo para viajes, promesas para evitar sumarios administrativos desde la presidencia de la Corte de Justicia de Manabí y el ‘apadrinamiento’ de un personaje político relacionado con el Consejo de Partricipacion Ciudadana (CPCCS) son los temas que recordó en su testimonio anticipado el exjuez de Paján procesado en el caso Plaga, Simón Oswaldo G. T., en referencia a una acción de protección con medida cautelar a la que dio paso.

La acción de protección buscaba, mediante su medida cautelar, que no se declarara contratista incumplido a una empresa privada que realizó trabajos de agua potable en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los primeros acercamientos

Entre junio y agosto de 2022 habría sucedido lo que fue el tercer caso de corrupción judicial contado, el 15 de agosto pasado, por el testigo protegido de Fiscalía en el caso Plaga ante el juez Vinicio Rodríguez, de la Corte Nacional. Una vez más, el hoy juez de Paján reconocía su participación en una red de corrupción que empezó, como casi todas las narradas dentro de los testimonios anticipados, con el contacto de un ayudante judicial en este caso de El Carmen (Pedro Marcelino F.) y un entonces juez de Puerto López (Hermes Z. O.).

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Los enganchadores le aseguraban al juez de Paján que no había problema en el tema de competencia por territorio; que el juez de Puerto López ya había resuelto antes una acción parecida que provino de Santo Domingo de los Tsáchilas, la cual no dejó ningún proceso administrativo de sanción en el Consejo de la Judicatura (CJ), sino solo ganancias económicas.

Más adelante, Simón G. fue abordado por el abogado Pedro Abel I. V. por el mismo motivo: hacer efectiva la ayuda para una acción de protección con medidas cautelares contra el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de La Concordia para que este no declarara contratista incumplido a la empresa que realizó trabajos de agua potable. El abogado le dijo al juez que él trabajaba con personas de la Judicatura de Manabí. Le habría ofrecido $ 5.000 por colaborar.

La intervención del presidente de la Corte de Manabí

El cuarto personaje en mediar por la acción de protección a favor de la empresa que incumplió su contrato con el GAD de La Concordia, según el testimonio del testigo de Fiscalía, habría sido el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Carlos Alfredo Zambrano Navarrete. Simón G. describió con nombres y apellidos al titular de la Corte de Manabí, quien se bajó de una Ford Explorer de color negro a las 05:30 para visitarlo en su casa en Portoviejo.

Zambrano le habría dicho al juez de Paján que tenía un tema pendiente para que lo ayudara, una acción de protección con medidas cautelares para unos “amigos galleros de La Concordia” que eran muy cercanos a él. En ese momento, Simón G. volvió a preguntar por el tema de la competencia; la respuesta de Zambrano fue la misma que le dio el juez de Puerto López: “En eso no hay ningún problema; tú solo cumples con eso”.

El juez de paján le expresaba al presidente de la Corte de Manabí su respeto y consideración, pero le aclaraba que era medio delicado el asunto, pues le podía llevar a temas disciplinarios. Zambrano le dijo que sabía que Simón G. tenía sumarios disciplinarios instaurados en su contra, pero le aclaraba que él como presidente de la Corte en Manabí le iba a solucionar sus temas administrativos por retardos injustificados y por atrasos en el despacho de juicios y no le iba a pasar nada.

Carlos Zambrano, hoy uno de los 37 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, le habría entregado $ 10.000 en efectivo al juez de Paján por el trabajo que le iba a realizar.

Una persona de iniciales FB ‘apadrina’ la acción de protección

Días después, el presidente de la Corte de Manabí volvió a visitar a Simón G. en su casa. “Simón, te vengo a decir una cuestión”, habrían sido las primeras palabras de Zambrano. El juez de Paján le respondió: “¿Qué pasó, doctor? Dígame, no me asuste”. Ahí el presidente Zambrano le empezó a contar que en la acción de protección de La Concordia estaba interviniendo una persona de iniciales F. B. del Consejo de Participación Ciudadana, que esa persona estaba apadrinando ese tema.

Simón G. le aclaró que no conocía a F. B. y le pedía detalles a Zambrano, quien le refirió que F. B. era el señor Francisco Bravo Macías, miembro del CPCCS. “Me dijo (Carlos Zambrano) que él (Francisco Bravo Macías) manejaba la provincia de Manabí, poniendo puestos de empresas del Estado”.

Luego de contarle quién estaba apadrinando el caso, Zambrano le pidió a Simón G. los $ 10.000 inicialmente entregados. El juez de Paján subió a su casa, tomó el mismo efectivo que le había dado el presidente de la Corte de Manabí días atrás y se los devolvió. “Señor doctor (Zambrano), yo no lo voy a hacer por el señor Francisco Bravo Macías que usted me acaba de mencionar. Si yo le hago dicha acción y la tramitología es por usted, por su pedido, y que me ayude a cuidarme sobre los sumarios administrativos y a conservar mi puesto de trabajo como juez”, le aclaró Simón G., porque sabía que le iba a llegar otro sumario disciplinario por ese tema.

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La aprobación de la medida constitucional ante la oferta de protección en sumarios

El testigo apuntó que, bajo el cobijo de Zambrano como presidente de la Corte de Manabí y ante la promesa de que existiría protección en dichos sumarios administrativos, el juez Simón G. aceptó la acción de protección con medidas cautelares contra el GAD de La Concordia. El hoy exjuez de Paján dice que Zambrano sí lo protegió, pues mientras estuvo como presidente de la Corte de Manabí nunca fueron despachadas dichas medidas disciplinarias contra él.

“Un compañero de celda me comentó que por cada suspensión o archivar medidas disciplinarias han sabido cobrar de $ 30.000 a $ 40.000. Eso me explicó el abogado Joffre Javier R., quien también rindió testimonio en el caso Plaga”, recordó Simón G.

Para finales de junio, el abogado Pedro Abel I. V. se le acercó nuevamente al juez de Paján, pues ya se había enterado del tema hablado con el ”señor presidente”. Siguiendo el libreto de estos casos de corrupción, el abogado le entregó al juez un pendrive con el caso y la sentencia que debía aprobar. Lo que no aceptó, sostuvo Simón G., fueron los $ 5.000 que le ofrecieron, ya que decía que por el “señor presidente (iba) a cumplir esa gestión”.

El 22 de junio de 2022, el abogado Pedro Abel I. V., a nombre de la empresa que incumplió el contrato, presentó por primera vez la acción de protección. La causa cayó en un despacho distinto al de Simón G. en Paján, por lo que se vieron obligados a desistir en la acción constitucional. Al día siguiente, es decir, el 23 de junio, incidieron con la acción, la cual finalmente recayó en el juez de Paján que sí les iba a colaborar: Simón G.

La causa ingresó a las 11:00 y cerca de las 12:00 ya existía la notificación de conocimiento del caso. Lo único que debía hacer Simón G. era cumplir la sentencia que venía en el pendrive, es decir, declarar la suspensión de la resolución emitida por el GAD municipal del cantón la Concordia en favor del consorcio que realizó los trabajos de agua potable y no declararla contratista incumplida.

El viaje a Galápagos para demorar el envío de la sentencia por escrito

El 12 de julio de 2022 se realizó la audiencia y de forma oral el juez Simón G. aceptó la acción de protección con medida cautelar que se habría pactado. Posteriormente abordaron al juez de Paján el abogado Pedro Marcelino F. y Luis R., quien fue reconocido por el testigo como pariente del procurador síndico del GAD municipal del cantón La Concordia, Carlos R.

Estas personas le pidieron al juez que acababa de decidir oralmente la acción de protección que las ayudara a demorar el despacho por escrito de la resolución. Según la explicación dada por los abogados al juez, ellos necesitaban ganar tiempo por temas políticos en La Concordia, hasta que se pudiera solucionar con el GAD municipal la suspensión de la resolución para que no fuera contratista incumplido el consorcio que hizo trabajos relacionados con el agua potable.

Al tiempo le habría llamado por la aplicación WhatsApp Carlos Zambrano. El testigo dice que el presidente de la Corte de Manabí le dijo que no subiera todavía al sistema dicha resolución, que se demorara, y más adelante Luis R. y Pedro Marcelino F. le entregaron $ 2.000 para que el juez se tomara unas vacaciones, que aprovechara su fiesta de cumpleaños y se fuera a Galápagos.

Con la anuencia del presidente de la Corte Provincial de Manabí, Simón G. pidió licencia médica y se fue por cuatro días a las islas Galápagos, exactamente a la isla San Cristóbal.

A su regreso de Galápagos, recién el 4 de agosto, Simón G. subió la resolución por escrito de la acción de protección. Pero el consorcio que buscaba no ser declarado contratista incumplido para ganar tiempo en negociaciones que tenía con el GAD de La Concordia presentó un recurso de aclaración. Entre aclarar y correr el traslado a las partes, el juez de Paján se demoró dos meses. El caso luego subió a un tribunal la Corte de Manabí. Y, finalmente, reconoció Simón G., él se enteró luego de que se habían cumplido los fines de esa medida cautelar, es decir, el consorcio relacionado con trabajos de agua potable ya no era una contratista incumplida.

Lo último que recordó el testigo en su testimonio anticipado fue que para congraciarse con Simón G., incluso ya no siendo juez, el presidente de la Corte de Manabí en un proceso civil por prevaricato y en otra causa a él no le dictó ninguna medida de arresto, pese a que lo pidió la Fiscalía, sino que le dispuso presentaciones periódicas. (I)