Encuentro fortaleció combate al comercio ilícito entre Colombia y Ecuador

La Cámara de Industrias y Producción (CIP), a través de su Dirección Técnica, organizó el evento Fronteras seguras: comercio legal Ecuador-Colombia 2024, un espacio estratégico de diálogo que reunió a representantes de los sectores público, privado y académico. El objetivo fue fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra el comercio ilícito y promover prácticas comerciales seguras y legales, a través de una alianza tripartita entre la academia y los sectores público y privado.

Este encuentro contó con el respaldo de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

El evento se centró en identificar los sectores más vulnerables al contrabando y otras actividades ilícitas, con el propósito de elaborar una hoja de ruta conjunta que garantice el cumplimiento de las normativas comerciales, fortalezca la seguridad fronteriza y profundice los lazos económicos entre Ecuador y Colombia.

Asimismo, sus discusiones abordaron el impacto negativo del contrabando, la competencia desleal y el comercio ilícito, problemáticas que afectan la productividad, el empleo formal y la competitividad empresarial. Estas prácticas no solo erosionan las finanzas públicas a través de la evasión fiscal, sino que también fomentan la corrupción y fortalecen las redes criminales.

En los recientes años se ha observado un incremento exponencial del contrabando y las actividades ilegales. Estas prácticas se han normalizado en Ecuador, a tal punto que los consumidores a menudo no distinguen entre productos legales e ilegales.

María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la CIP y del Comité Empresarial Ecuatoriano, destacó que el sector productivo debe liderar estos espacios de diálogo tripartito (academia, sector público y privado), dado que esta problemática afecta a siete de cada diez empresas.

Además, enfatizó que quienes participan en el comercio ilícito y evaden impuestos tienen un vínculo directo con la economía criminal, lo que subraya la necesidad de una respuesta coordinada a través de una alianza público-privada.

Sectores productivos alertan la escalada de contrabando y piratería en Ecuador

De acuerdo con datos del sector productivo, se conoce que el 40 % de las prendas de vestir y el 60 % de las telas provienen del comercio ilícito, lo que impidió que el Estado recaudara $ 40 millones en aranceles e IVA durante el 2023.

Además, en el país se comercializan 16 marcas de leche informales; el 4 % del agua embotellada que se oferta en el mercado es falsificada. El 2 % del aceite lubricante que se comercializa es adulterado o falsificado y el 4 % ingresa ilícitamente.

También han ingresado al país cerca de 13.000 toneladas de acero facturadas con costos inferiores incluso a los costos de producción. Pese a los esfuerzos del control estatal, en el evento se hizo hincapié en que estas cifras revelan la falta de un control efectivo y articulado tanto en las fronteras como en los puntos de venta ilegal, lo que desalienta la inversión extranjera, frena el desarrollo económico y pone en grave peligro la salud de los consumidores.

Los productos que ingresan de manera ilegal al país suelen contener ingredientes tóxicos o peligrosos, no cumplen con las normas técnicas de calidad y regulaciones mínimas que garanticen la seguridad física e integral de la población.

Luis Alberto Jaramillo, director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, destacó que se está trabajando en un plan enfocado en tres ejes de control: puertos, aeropuertos y fronteras. “Es importante seguir avanzando en planes de inteligencia aduanera y en controles coordinados con otras instituciones”, agregó.

Al encuentro también acudieron autoridades vinculadas con el sector productivo y de control. Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, subrayó la importancia de articular políticas públicas claras con la colaboración de otros organismos ejecutores para combatir el comercio ilícito. “El sector privado representa un aliado estratégico crucial para optimizar los esfuerzos gubernamentales en esta área”, indicó.

Entre tanto, Daniel Sánchez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, señaló la importancia de educar a los consumidores sobre los riesgos de la falsificación de medicamentos, que pone en peligro la vida de 500.000 personas al año.

Por otro lado, dio a conocer los mecanismos de control que la Arcsa ha desarrollado para intensificar la vigilancia sanitaria en los mercados. Del lado de la industria, Carolina Uribe, gerenta de Prevención de Comercio Ilícito en Philip Morris International, indicó que desde la industria se destaca la necesidad de mantener el trabajo conjunto y coordinado con las autoridades para hacerle frente al comercio ilícito. “El contrabando de cigarrillos ha tenido serias afectaciones en términos de seguridad y se ha convertido en uno de los financiadores principales de las economías criminales. Hemos identificado que en aquellos territorios donde existe mayor incidencia de contrabando, también existe niveles más altos de inseguridad”, reveló.

El 84 % de los cigarrillos que se consumen en Ecuador son ilegales, según estudio

Silvia Solís, asesora legal de Propiedad Intelectual de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y ponente principal del evento, compartió su visión sobre la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, otro de los mecanismos que desencadena el comercio ilegal. Además, citó un análisis del impacto de las marcas registradas en 10 países de América Latina, lo que se traduce como un aporte positivo de $766.6 mil millones al PIB (22% en promedio) que en aquellos territorios donde existe mayor incidencia de contrabando, también existen niveles más altos de inseguridad.

Del lado de Colombia, Paola Buendía, vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, concluyó su ponencia al mencionar la importancia de que las empresas participen activamente en estos diálogos que involucran a todos los actores, con el fin de combatir el comercio ilícito desde distintos frentes, a través de conocimiento y con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Finalmente, la academia resaltó la necesidad de educar a los jóvenes sobre los riesgos del comercio ilícito, así como la importancia de formar estudiantes con ética, quienes serán “los futuros líderes políticos, académicos y empresariales”. De la misma forma, destacaron su compromiso por apoyar al sector privado, a través de herramientas de análisis de datos que aseguren una respuesta precisa y eficaz en la lucha contra este fenómeno.

A través de la creación de estos espacios, la CIP reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones integrales, por medio de la cooperación tripartita, que sienta las bases de acciones coordinadas; no solo para proteger la economía y la seguridad pública, sino también para fomentar un entorno de comercio justo y transparente entre Ecuador, Colombia y la región. (I)