15 beneficios se revisan en la ley para promover nuevos empleos

La Ley de Creación de Oportunidades, presentada el viernes 24 de septiembre a la Asamblea, tiene dos retos por superar.

El primero es sortear la crítica de asambleístas de oposición de que un proyecto de Ley económico urgente debe contener una sola materia.

La norma enviada por el Ejecutivo reforma 30 cuerpos legales, pero según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en el pasado se han aprobado leyes similares como la de Justicia Laboral en el 2015.

El segundo es convencer a la Asamblea de que el país puede convivir con dos normas distintas para los trabajadores: una es el Código de Trabajo y es para quienes hoy tienen empleo; la otra, la reforma, que regirá para nuevos empleados.

Además, la propuesta legal mantiene cinco beneficios como fondos de reserva, afiliación, los dos décimos y vacaciones, pero prevé una reducción de beneficios en 15 derechos que hoy tienen los empleados bajo el Código.

Entre ellos está una reducción del costo del desahucio que cae del 25% al 15%; o de las liquidaciones por despido, que prevén el 50% de la remuneración por año con un tope de 15 años. Hoy, es el 100% de la remuneración por año con un tope de 25 años.

Las jornadas ya no serán rígidas en el nuevo esquema sino que las horas se pueden distribuir en seis días a la semana o durante el día y la noche, bajando el monto de pago de horas extras o suplementarias.

Según Carlos Loaiza, titular de la Cámara de Comercio de Quito, la flexibilidad era necesaria para que cada negocio adapte la jornada a sus necesidades. Cree que la reforma recoge las propuestas construidas en el diálogo que promovió el gremio las últimas semanas.

Loaiza agregó que el contrato a cuatro años generará empleo, en especial para emprendedores y jóvenes.

Para la abogada Vanessa Velasco, aunque la norma inyecta la flexibilidad que hace falta para que los negocios contraten más gente, tiene debilidades en los controles. “Faltan candados, es demasiado abierta y puede generar abusos de los empleadores”.

Por ejemplo, dice que las empresas pueden declarar la fuerza mayor y desvincular trabajadores solo pagando el desahucio del 15%, sin un informe previo. Lo mismo ocurre con la jornada reducida, que se hace sin pasar por un informe previo del Ministerio de Trabajo.

La experta considera que en la Asamblea se debería agregar todo un capítulo de controles para evitar posibles abusos.

Sobre esto, Loaiza dijo que la norma puede ser perfectible y enriquecida en la Asamblea.