Asamblea Nacional no tiene potestad para ‘bajarse’ del acuerdo con el FMI, coinciden las bancadas

Asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), movimiento Construye, Acción Democrática Nacional (ADN) y los independientes advierten que la Asamblea Nacional no podrá dejar sin efecto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suscrito con el Estado ecuatoriano, por un monto de $ 4.000 millones, con un desembolso inmediato de $ 1.000 millones.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó un informe en el que se recomienda declarar la ilegitimidad de la deuda contraída por el Ecuador a través de la firma del acuerdo de 48 meses para el crédito con el FMI, que se active una demanda de inconstitucionalidad y que se inicie un juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo.

Declarar ilegítimo acuerdo con FMI complicaría búsqueda de nuevas líneas de financiamiento para Ecuador, advierten expertos

Dicho acuerdo se firmó en abril de 2024 y fue aprobado al mes siguiente por el directorio ejecutivo del FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador.

Para que sea aprobado por el pleno, el informe debe tener al menos 70 votos. Por lo pronto existirían los respaldos de la Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik (PK).

Posición de bancadas

Vicente Taiano, el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), comentó que hay que tener en claro que la decisión de la firma de un acuerdo de ese tipo es de estricta competencia del Ejecutivo y se tienen que diferenciar dos cosas; primero, si fue o no conveniente para el país, y en eso no hay dudas porque es más deuda para pagar deuda, y segundo, las condiciones a las cuales el país se sujetará, entre ellas una posible reforma tributaria que podría seguir complicando el bolsillo de los ecuatorianos.

Dijo que respecto a los demás aspectos se tendrán que analizar con más detalles si se cometió un incumplimiento de funciones, lo que podría ser la base para un juicio político al ministro de Economía.

En cuanto a lo legal, si se decide emprender una acción de inconstitucionalidad, eso no implicará que el acuerdo deje de entrar en vigencia o deje de existir. Por lo tanto, se deberá revisar con objetividad la pertinencia de una demanda; sin embargo, en lo absoluto se puede dejar sin efecto el acuerdo firmado con el Fondo, afirmó.

Recordó que precisamente uno de los argumentos, que se esgrimió en el pleno para dar paso a la fiscalización, es que la Asamblea Nacional no tenía la capacidad para poder autorizar o no la decisión tomada por el Ejecutivo con el FMI. Una cosa es poner en conocimiento a la Asamblea y otra es requerir una autorización.

Christian Vega, de la bancada de la RC, explicó que la Asamblea como ente fiscalizador puede determinar que, por sus características, el acuerdo con el FMI es un tratado internacional y, según la norma, todo tratado debe pasar a conocimiento de la Asamblea Nacional. Algo que no se hizo, y el responsable de eso es el ministro Juan Carlos Vega, quien no acató la disposición expresa de la norma, por eso se sugiere declarar la inconstitucionalidad y además iniciarse un juicio político contra el ministro.

Vega manifestó que la Asamblea no puede directamente dejar sin efecto el acuerdo con el FMI, porque no es de su competencia, pero sí se puede declarar la ilegitimidad y señalar las inconstitucionalidades porque se han violentado las normas y, para ello, se tendrá que esperar un dictamen de la Corte Constitucional.

Lucía Posso, la asambleísta del partido Avanza, aclaró que la Asamblea Nacional no tiene la calidad y menos la atribución de señalar si el presidente de la República puede o no firmar un acuerdo con el FMI.

“La Asamblea Nacional no puede decirle al Gobierno ecuatoriano si puede o no suscribir un tratado de esta naturaleza con el FMI”, afirmó Posso, porque no existe esa potestad en el Parlamento.

El legislador Camilo Salinas, del movimiento Construye, manifestó que por el momento la bancada a la que pertenece revisa el informe y será el lunes próximo cuando tomen una decisión, pero dijo que, por las necesidades financieras que tiene el país, se requiere el acuerdo con el FMI para garantizar liquidez y financiar proyectos, pagos de deudas y dinamizar la economía.

Adelantó que “la bancada no irá a boicotear ni tampoco a minar una decisión que es necesaria para el país”.

Advirtió que el pronunciamiento de la Comisión de Transparencia sobre la firma del acuerdo con el FMI ha dado señales negativas a las intenciones de empresas y entidades que quieren invertir en el país. (I)