Candidatos a jueces de la Corte Constitucional propuestos por el Gobierno y la Asamblea, impugnados por posible falta de probidad

Seis de los nueve postulantes a ser jueces de la Corte Constitucional (CC) fueron impugnados dentro del concurso público de oposición y méritos que organiza una Comisión Calificadora.

La Comisión Calificadora -integrada por seis personas delegadas de tres funciones del Estado- hace un proceso de selección de tres jueces principales que se sumarán al pleno de la CC al acercarse su renovación parcial en febrero de 2025.

Los seis comisionados analizan los nueve escritos ingresados por ciudadanos que piden la descalificación de seis concursantes.

El plazo para objetar sus candidaturas feneció el 11 de diciembre y, de acuerdo con la página web de la Comisión, hay nueve impugnaciones.

En contra de la postulante Angélica Porras Velasco hay tres objeciones en las que se considera que no posee la probidad, ética e independencia para actuar como jueza constitucional. De las tres impugnaciones, una es de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez.

Porras es nominada a este concurso por la Asamblea Nacional y fue la hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina, la que mocionó su nombre para que participe.

El impugnante de la participante Gladis Proaño, también considerada por la Asamblea para este cargo, cuestiona que, pese a que tiene formación en el ámbito penal y de criminología, no contaría con los conocimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito jurisdiccional.

Otro impugnado es Gastón Ríos Morante, quien fue postulado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, y es también concursante a vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso que está en desarrollo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Ríos fue funcionario en Los Ríos y antes, en la empresa privada, en el Grupo Noboa; también había sido asesor en el Consejo de Participación Ciudadana en el despacho de la exconsejera Tatiana Ordeñana, a quien la acompañó en esa función cuando ella fue jueza de la Corte Constitucional.

Lo impugnaron porque, aparentemente, no cumplía los diez años de experiencia profesional en el ejercicio de la judicatura o la docencia.

Esta impugnación fue resuelta por la Comisión Calificadora el 12 de diciembre y rechazó la objeción.

Argumentó que la Constitución y la ley fijan como uno de los requisitos para acreditar el cargo el “haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años”.

Según los comisionados, los “diez años pueden cumplirse en una de las tres categorías como lo es la profesión, la judicatura o la docencia”, en cuyo caso se evidenció que el ejercicio de su profesión es de alrededor de 20 años.

A la postulante nominada también por el Gobierno, Claudia Salgado Levy, la cuestiona Pablo Fajardo, activista y abogado de los afectados por las operaciones petroleras de Chevron, porque cuando fue directora de Relaciones Internacionales en la Procuraduría General del Estado “dejó al Estado en indefensión”, por lo que no goza de probidad notoria para ser magistrada.

El catedrático José Luis Terán es objetado porque en sus declaraciones juramentadas presentadas ante la Contraloría General se observaría “un incremento patrimonial” en dos años por $ 150.000, señala su impugnante; y, también, porque habría actuado como representante legal de un cliente y al mismo tiempo ejercía la docencia pese a prohibiciones legales, ya que la cátedra es un trabajo de tiempo completo.

Otra de las candidatas del régimen, Pamela Aguirre Castro, es objetada porque, según el escrito, “cobró salario sin haber trabajado” cuando fue servidora de la CC en el periodo de un exjuez, Patricio Pazmiño, en la administración de Rafael Correa.

El impugnante detalla, por ejemplo, que la aspirante a jueza estaba trabajando un 8 de abril del 2018 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, al día siguiente, 9 de abril de ese año, estaba en la secretaría técnica de la Corte Constitucional.

Así también le increpan que enumere varias horas de docencia en dos universidades del país -una en Quito y otra en Guayaquil-, y, al mismo tiempo, es servidora de la Corte, estudiaba un diplomado y tenía tres maestrías y un doctorado.

Si la Comisión Calificadora no admite ninguna de las impugnaciones, el proceso de designación seguirá con la calificación de los méritos de los nueve aspirantes.

Pero si se acepta uno o varios de los recursos, los comisionados tendrán que realizar audiencias públicas para que las partes expongan sus pruebas de cargo y descargo.

La Constitución establece que la Corte Constitucional se renueva con candidatos electos por concurso público de ternas propuestas por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social. (I)