David Rosero y Óscar Ayerve pugnan por una vocalía del Consejo de Participación Ciudadana

Una de las siete vocalías principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) confronta a dos actores políticos a la espera del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo y de la Asamblea Nacional.

Con la destitución de tres vocales principales y un suplente del Consejo de Participación Ciudadana se reconfigurarán las fuerzas en el pleno de siete autoridades, aunque hay dudas sobre quién debe principalizarse.

El 31 de enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó a cuatro —ahora— exconsejeros de Participación, a los que se conocía con el apodo político de “la liga azul”, con la destitución de sus cargos, una multa de 70 salarios básicos ($ 31.500) y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Los sancionados fueron Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco, que eran vocales principales, así como Vielka Párraga, suplente, por infringir el Código de la Democracia al hacer proselitismo político y ser promocionados por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) y su líder, Rafael Correa, lo que configuró una infracción electoral.

Para reemplazarlos, deben ascender los candidatos más votados en las elecciones seccionales y del CPCCS del 5 de febrero de 2023.

De acuerdo con los resultados del sufragio, publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en lugar de Yadira Saltos se principalizará Piedad Cuarán; por Augusto Verduga, Gonzalo Albán (que participó en el pleno el miércoles anterior); y con la salida de Eduardo Franco, está por definirse quién lo reemplazará.

Sobre la cuarta suplente destituida, Vielka Párraga, tendría que convocarse a Mónika Mosquera Romero, según los resultados oficiales.

En el caso de la vacante en la lista de hombres, la pugna se da entre los candidatos David Rosero Minda y Óscar Ayerve Rosas, tomando en cuenta que ninguno de los dos está posesionado en el Legislativo, por lo que sin ese requisito no pueden desempeñar funciones.

Este dilema se debe a que David Rosero, dos veces consejero, fue destituido por la Corte Constitucional (CC) junto con otros seis exvocales por incumplir la disposición de elegir a un titular del Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), la destitución opera por dos años y la persona no puede volver a la institución de la que fue destituido.

Pese a que este 23 de enero del 2025 se completaron los dos años de sanción, en el Ministerio del Trabajo Rosero aún reporta impedimento para ejercer cargo público, por lo que ha recurrido a la CC y al mismo CPCCS para que se analice su caso.

El siguiente candidato con más número de votos es Óscar Ayerve, político y empresario dedicado a la imprenta, que además reclama ser posesionado como suplente y poder principalizarse para unirse al Consejo.

En la presidencia de Henry Kronfle en la Asamblea Nacional se convocó a Ayerve a tomar posesión como suplente el 3 de septiembre del 2024, pero no asistió.

Ayerve se excusó de ir porque tenía que atender un proceso empresarial ineludible, informó al organismo.

Ese día se conoció la situación de Rosero y que hasta esa fecha regía su impedimento para ejercer cargo público, por lo que correspondía llamar a Ayerve, quien no fue.

En la víspera se difundió un comunicado en redes sociales, en el que Ayerve reprocha a Rosero que “a río revuelto pretende presionar su posesión y reingreso al CPCCS”.

Días atrás, el pleno del Consejo aprobó una resolución en la que se exhortó a la Función Legislativa a posesionar a los suplentes ante la coyuntura de la destitución de cuatro exconsejeros, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna resolución.

Simultáneamente, la Corte Constitucional está examinando las actuaciones de los tres exconsejeros destituidos y la de Nicole Bonifaz López en el caso relacionado con la designación de un titular de la Superintendencia de Bancos.

Los jueces constitucionales iniciaron un proceso de seguimiento a una sentencia del 5 de diciembre pasado, en la que se reconoció la violación a la seguridad jurídica en el trámite de una acción de protección que anuló la elección de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, que se hizo el 20 de julio del 2022.

Los exconsejeros junto con Bonifaz decidieron nombrar nuevamente a Raúl González como autoridad hasta agosto del 2027 y dejar a Roberto Romero Von Buchwald —elegido el 4 de diciembre del 2024 de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa Azín— para que asuma en el 2027.

La acción está en análisis de los jueces, y las medidas por incumplir un fallo constitucional pueden hasta determinar la destitución de una autoridad.

En el caso de que la CC opte por esta acción, podría destituir a los tres exconsejeros de la “liga azul” y también a Nicole Bonifaz, para lo que se requeriría la principalización de una vocal suplente. (I)