El Gobierno de Corea del Sur prohíbe al presidente Yoon Suk-yeol abandonar el país

Avanza el cerco contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. El Ministerio de Justicia ha prohibido este lunes al jefe del Estado abandonar el país como medida preventiva ante la investigación iniciada por su decisión de imponer la semana pasada una ley marcial que tuvo en jaque al país asiático durante unas horas, y lo ha sumido después en una de sus crisis políticas más profundas desde la transición democrática. La medida ha sido solicitada por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, entidad que tiene encomendada la tarea de inspeccionar a los altos cargos. Mientras tanto, la oposición acusa al partido en el Gobierno de orquestar una “segunda rebelión” al permitir que Yoon siga en el cargo tras la fracasada moción de destitución votada el sábado, y anuncia que tratará de sacar adelante una nueva iniciativa parlamentaria para cesar al máximo mandatario.

En estos momentos, varios organismos tienen abiertas pesquisas contra el presidente, que sigue de facto al frente del país, y es aún el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía surcoreana informó el domingo de que también estaba investigando formalmente a Yoon, según la agencia Yonhap. La policía ya lo hace desde el pasado jueves. El cerco no solo se estrecha en torno al máximo mandatario. Su ya dimitido ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, presuntamente la persona que lo asesoró para imponer el control militar en el país, fue detenido el domingo.

La ley marcial estuvo en vigor durante seis horas. Fue revertida por el presidente en la madrugada del miércoles, después de una votación de vértigo en la Asamblea Nacional que reclamó su retirada. El Parlamento, en esos momentos, había sido cercado por policías y militares de las fuerzas especiales con la misión de entrar en el hemiciclo, impedir la votación y arrestar a líderes políticos. Ciudadanos y políticos bloquearon el paso a los uniformados para que pudiera llevarse a cabo la votación.

Ambos, el presidente y el ministro de Defensa, además de otros altos cargos como el jefe del Estado Mayor del Ejército y comandante de la Ley Marcial, Park An-soo, han sido denunciados por distintos delitos —incluidos insurrección, rebelión, abuso de autoridad para instigar detenciones y violaciones de la Ley de la Asamblea Nacional—. Las denuncias las han efectuado varios grupos y representantes de la sociedad civil. La insurrección puede acarrear cadena perpetua e incluso la pena de muerte.

Salvar los muebles

Tras la estéril moción planteada el sábado contra el presidente, su formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), trata de salvar los muebles controlando los tiempos de la transición. La formación esgrime que, en la práctica, Yoon ya no tiene ningún poder efectivo, y que se avecina su caída. Pero no ha dado plazos. Solo promesas. “Mediante una salida anticipada y ordenada del presidente, minimizaremos el caos para la República de Corea [nombre oficial del país] y su pueblo, estabilizaremos la situación política y restauraremos la democracia liberal”, aseguraba el domingo Han Dong-hoon, líder del partido del Gobierno. Para evitar el caos y el vacío de poder, el líder de los conservadores ha subrayado que su partido mantendrá consultas constantes con el primer ministro, Han Duck-soo, la segunda autoridad del Estado. El presidente, que pidió el sábado disculpas a la ciudadanía en una breve alocución televisada en la que aseguró que actuó movido por la “desesperación”, sería de este modo prácticamente un zombi político.

Sin embargo, la salida controlada propuesta por el PPP no convence al bloque de la oposición. El líder del Partido Democrático (PD), Lee Jae-myung, acusó el domingo al partido gobernante y al primer ministro de “destruir el orden constitucional”, después del anuncio de que trabajarían mano a mano para gestionar los asuntos del Estado tras el fracaso de la votación de destitución. “Significa que Yoon Suk-yeol se quedará orquestando, mientras utiliza conspiradores para mantener este estado de insurrección”, dijo Lee. “Esto representa la ‘segunda rebelión’ bajo un nuevo disfraz”.

El PD, de centroizquierda y principal fuerza del Parlamento, ha anunciado que pretende presentar el miércoles en la Cámara una nueva moción para cesar al presidente, que se votaría el próximo sábado. Pero sigue teniendo difícil que prospere. La oposición necesita recabar al menos ocho votos en las filas del PPP para alcanzar la mayoría requerida de dos tercios en la Cámara. Esto es: 200 de los 300 escaños. La moción de destitución planteada la semana pasada fracasó tras una accidentada votación boicoteada por la formación del Gobierno, cuyos diputados se retiraron en bloque del hemiciclo. Solo se quedaron tres de los 108 parlamentarios conservadores. Los votos ni siquiera fueron contados al no alcanzar el umbral mínimo de los 200 emitidos.

Poco a poco, a medida que el caos va dando paso a la serenidad de las comparecencias e investigaciones sobre lo que pasó, se van conociendo más detalles del rompecabezas de la noche en que se ejecutó la ley marcial. El viernes, el jefe del Mando de Guerra Especial del Ejército, el teniente general Kwak Jong-keun, uno de los responsables de la misión de tomar la Asamblea Nacional, respondió ante una comisión de parlamentarios por qué desafió las órdenes de su superior, el exministro de Defensa, de tomar el Parlamento y arrestar a cargos públicos. “No cumplí esa tarea aun sabiendo que sería insubordinación porque, a mi juicio, arrastrar a los legisladores era claramente un acto ilegal”, dijo, según ha recogido la agencia surcoreana Yonhap. Añadió que había prohibido dar munición real a los soldados desplegados esa noche en la Asamblea Nacional.