El Gobierno mejora su propuesta para renovar el convenio de Muface, pero no satisface a las aseguradoras

Ya están las cartas sobre la mesa. El Gobierno ha anunciado que sacará los nuevos pliegos para el convenio de Muface —que da servicios sanitarios a 1,5 millones de funcionarios y familiares— con una subida del 17% respecto al anterior. Finalmente, desde el Ejecutivo han querido tener un gesto hacia el sector asegurador, ante el riesgo de que ninguna compañía de seguros se presentara. Adeslas, Asisa y DKV, las tres compañías que ahora prestan el servicio, habían amenazado con no acudir al convenio si no había una mejora significativa. Ahora está por ver si ese 17% de incremento en las primas que cobran bastará para que vuelvan a participar en el nuevo convenio, que se extiende a 2025 y 2026.

La decisión se ha tomado este martes en el Consejo de Ministros, con la licitación del concierto de Muface para dos años. La ministra Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha subrayado en la rueda de prensa posterior que se trata de “la mayor subida en la historia de la mutualidad de funcionarios, con un desembolso total de 2.681 millones de euros”. También ha explicado que ya se han puesto en contacto con las aseguradoras.

En Muface, el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado, como la Policía Nacional, los funcionarios de prisiones o los Inspectores de Hacienda.

La cuantía total de la contratación anunciada asciende a 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, un incremento final del nuevo concierto bianual de 304 millones respecto al último año de vigencia del concierto anterior.

Con dicha dotación, el concierto 2025-2026 ofrece una prima del 17,12%, la mayor de la historia desde que existen registros homologables, y que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026. En los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido de media de un 4,4%.

Las dudas de las aseguradoras

Aunque la subida es considerable, el sector asegurador se ha quedado frío con la propuesta. En primer lugar, porque su demanda original pedía un aumento del 38% para compensar la infra financiación crónica que sufre el modelo, y que las compañías cuantifican en pérdidas anuales de unos 200 millones de euros. En segundo lugar, porque Adeslas y DKV habían pedido que se sacara un convenio por un año. Con la nueva normativa contable, las pérdidas que pudieran sufrir a cuenta de Muface en 2025 y 2026 tendrán que anotársela en 2024, lo que será un importante mazazo.

Otro factor de la propuesta del Gobierno que desanima al sector es que se ha aprovechado para aumentar la cobertura médica que tendrán los funcionarios. Se incluye ahora salud bucodental, mayor gasto en farmacia hospitalaria y terapias avanzadas, nuevas vacunas... Y, además, se recoge un incremento de la cuantía de los honorarios médicos. Los facultativos y clínicas privadas mantienen una guerra abierta contra las aseguradoras, por la falta de actualización de las tarifas, y aspiran a quedarse con más de la mitad del aumento de la prima. De acuerdo con cálculos del sector, la falta de acuerdo con las mutualidades de funcionarios pondría en riesgo 13.000 puestos de trabajos en clínicas y hospitales privados.

Fuentes del sector asegurador explican que ahora es el momento de hacer números, pero se muestran algo defraudadas con la mejoría propuesta por parte del Ejecutivo. “Todavía es pronto para decir si vamos a ir o no, pero la cosa está muy ajustada”, apunta un directivo. En otra de las compañías interesadas se muestran claramente pesimistas: “La propuesta sigue siendo insuficiente”.

Fuentes de Adeslas recuerdan que el convenio está abierto a todo el sector asegurador y que si ahora solo quedaban tres compañías prestando estos servicios es “porque las malas condiciones económicas han hecho que sea un negocio con dudosa viabilidad”.

Tras la subida del 17%, la prima media por mutualista al año pasará a 1.209 en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 177 euros. La Fundación IDIS, vinculada a las aseguradoras de salud, calcula que el coste por paciente en la sanidad pública está en 1.608 euros.

En caso de que Adeslas, Asisa y DKV decidieran no acudir al nuevo convenio, los 1,5 millones de beneficiarios de Muface tendrían que acudir a la sanidad pública, lo que agravaría enormemente el problema de las listas de espera y provocaría un profundo conflicto con las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar la atención sanitaria.

Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF coinciden con la visión de las aseguradoras, al considerar que la propuesta del 17% de subida “es insuficiente”. Y recuerdan que en verano la dirección de Muface trasladó al sector que se podría llegar a una mejora del 24%. “Esta subida sigue sin compensar al modelo por los costes originados para afrontar la subida de covid y la evolución al alza de los precios sanitarios que genera la inflación todos los años”, apuntan. Desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han mostrado su preocupación por la “falta de transparencia” en la negociación del concierto.

Además del convenio de Muface, también está pendiente de renovación el de la mutualidad Isfas —que da servicio a los militares y a la Guardia Civil— y el de Mugeju —la mutua de los jueces, fiscales y demás personal de la Administración de Justicia—. Las condiciones de la renovación son similares a las de Muface, aunque la convocatoria de los nuevos pliegos la hacen los ministerios del ramo (Defensa y Justicia). En el caso de Mugeju, además de Adeslas, DKV y Asisa, también daba servicio hasta ahora Sanitas.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, los pliegos definitivos se publicarán el viernes. A partir de entonces, el sector asegurador tendrá un mes para decidir si acuden al convenio de Muface, Isfas y Mugeju. En caso de que quedaran desiertos, se habla ya de que podría haber una revisión de los mismos, aunque el margen es casi nulo, puesto que el 1 de enero de 2025 el acuerdo ya tendría que haber entrado en vigor.