Enfermos y olvidados: la vida de más de un centenar de presos políticos rusos peligra en la cárcel

Era agosto de 2024 y Estados Unidos y Europa celebraban haber logrado el intercambio de un nutrido grupo de presos políticos rusos a cambio de varios espías del Kremlin. La operación había sido un éxito político para los gobiernos que participaron en ella, pero quedó empañada por la ausencia de Alexéi Navalni, la figura más conocida en Occidente de la oposición rusa y el gran rival del presidente Vladímir Putin, al morir de repente cuando iba a ser canjeado. Sin ningún otro rostro conocido de las moquetas rojas ni los foros internacionales, atrás quedaron, tras las rejas, miles de opositores. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y la ONU piden al Kremlin un trato más humano y a Washington y las capitales europeas que no se olviden de ellos.

La Administración Trump negocia con el Kremlin un nuevo canje de presos entre ambos países, el segundo en lo que va de mandato del republicano. Según la lista filtrada a la agencia Reuters, Washington ofrece la liberación de nueve rusos a cambio de nueve estadounidenses acusados de agresión a la autoridad, abuso de menores, venta de narcóticos y robo, entre otros delitos.

Varias fuentes diplomáticas europeas consultadas por EL PAÍS dicen “no tener constancia” de que haya en marcha ninguna negociación con Moscú para intentar liberar más presos rusos.

No obstante, no todos los presos canjeados hace un año estuvieron contentos por su liberación. Fuentes opositoras cuentan a este periódico que algunos lamentaron no poder dar ejemplo al resto de rusos desde dentro del país tras haber sido forzados por el Kremlin a vivir en el exilio.

2.000 presos políticos

El comité de la ONU para los derechos humanos en Rusia denuncia que todavía quedan más de 2.000 presos políticos encarcelados en el país, al menos 120 de ellos “en peligro inminente debido a su estado crítico de salud, su edad o su discapacidad”. “Estas personas deben ser liberadas antes de que otro preso político muera en las cárceles rusas, como ocurrió con Navalni hace un año”, denunció en febrero Mariana Katsarova, enviada especial de Naciones Unidas en Rusia.

La organización defensora de derechos humanos rusa OVD-Info vigila la represión de manifestantes y disidentes en el país. Según sus datos, al menos 1.607 personas permanecen confinadas entre rejas en Rusia por motivos políticos. “De ellas, más de 180 padecen diversos problemas de salud”, explica a este periódico su portavoz Dmitri Anísimov.

“Algunos se encuentran en una situación especialmente grave, aunque la situación del resto no es mejor porque las instituciones penitenciarias rusas casi nunca proporcionan a los acusados ningún tratamiento ni diagnóstico normal, quitando algún analgésico barato”, denuncia Anísimov. La ONG, declarada agente extranjero y bloqueada en Rusia, advierte de que las condiciones en las que viven los presos amenazan a su salud: “Las afecciones menores, sin un diagnóstico y un tratamiento adecuados, y en malas condiciones de vida, pueden evolucionar a problemas graves”.

“Los hospitales penitenciarios tienen pocos especialistas y no disponen del equipamiento moderno necesario”, dice el portavoz de OVD-Info. Anísimov critica que el personal de estos centros no permite administrar medicamentos a veces “porque simplemente no quieren hacerlo”. “Y es muy difícil, casi imposible, trasladar un preso de una cárcel a un hospital común”, añade.

Olga Romanova, directora de la ONG Rusia tras las rejas, publicó la misma lista de presos que demanda Washington a Moscú antes que Reuters. La activista rusa hizo énfasis en que solo figuran reclusos de EE UU y no se ha discutido en ningún momento la liberación de presos políticos rusos.

Las vidas de más de 120 opositores rusos corren hoy un serio peligro. Uno de ellos figuraba en las quinielas del intercambio producido en agosto de 2024, “pero tacharon su nombre de la lista en el último momento”, según denunció entonces Ilia Yashin, uno de los disidentes que sí formó parte del intercambio. “Expulsados de Rusia, que no liberados”, aclaró entonces.

Se trata de Alexéi Górinov (Moscú, 63 años), miembro del movimiento opositor Solidárnost y exconcejal de la capital rusa. Este veterano político fue el primer ruso condenado con la nueva ley contra “la desacreditación de las Fuerzas Armadas rusas”. Un tribunal le impuso seis años y 11 meses de cárcel en 2022 por decir durante una reunión de distrito que no era el momento de organizar un concurso infantil mientras mueren niños en el frente. Otro tribunal le añadió tres años más de condena en 2024 por “justificar el terrorismo” al defender a Ucrania en conversaciones privadas con otros reos.

Górinov, a quien le falta un pulmón, le acaban de diagnosticar tuberculosis. El disidente recayó durante un nuevo —y duro— traslado de una prisión a otra y los médicos descubrieron la enfermedad con una radiografía. “No está recibiendo tratamiento [...]. La tuberculosis es doblemente peligrosa para él, puede que no sobreviva”, ha advertido su abogada Natalia Tertújina al diario Nóvaya Gazeta.

La única conexión de algunos opositores con el mundo exterior son un puñado de folios en blanco. “Frente al centro de detención preventiva hay mucha vegetación (¡por fin la vi!) y muchas viviendas con ventanas pequeñas y estrechas. ¡Puedes ver el cielo!”, dejó por escrito Górinov en una carta publicada por la plataforma de apoyo al activista en su último traslado a una cárcel desconocida.

También peligra la vida de la periodista María Ponomarenko (Barnaúl, 1978). Detenida en abril de 2022, un tribunal condenó a seis años de cárcel a la reportera por criticar la masacre de los civiles que se refugiaban en el teatro de Mariupol. Su medio, Rusnews, denuncia que Ponomarenko “está al borde del suicidio”: en marzo se cortó las muñecas y en abril inició una huelga de hambre al denunciar malos tratos en prisión.

“Su salud mental se ha deteriorado bajo arresto y le han inyectado a la fuerza sustancias desconocidas”, denuncia Amnistía Internacional —declarada la pasada semana organización indeseable en Rusia—. Su abogado, Dmitri Shítov, clama que Ponomarenko “necesita una ayuda psicoterapéutica que no se le puede brindar en el centro de detención preventiva”.

Otro caso es el de Ígor Baryshnikov (Leningrado, 1959), condenado en 2023 a siete años y medio de cárcel por “difundir información falsa de las Fuerzas Armadas” al criticar las masacres de Bucha y Mariupol.

El opositor fue operado mientras era juzgado en 2023. “Baryshnikov tiene hiperplasia de próstata y el drenaje de orina solo es posible a través de un tubo en el abdomen”, denuncia OVD-Info. Además, un consejo de médicos declaró que su enfermedad figura en la lista de afecciones que eximen de cumplir condena en prisión. Aun así, y pese a cuidar a su madre discapacitada de 97 años, fue encarcelado. Su madre falleció poco después y las autoridades no le permitieron asistir al funeral. “Su salud se sigue deteriorando”, advierte la ONG.

Otros presos políticos fueron encarcelados por motivos diferentes a la invasión de Ucrania. Zarema Musayeva, esposa de un antiguo juez del Tribunal Supremo ruso y madre de dos activistas que protestan desde el exilio contra el régimen del presidente checheno, Ramzán Kadírov, fue secuestrada en Nizhni Nóvgorod y trasladada a la fuerza a la república del Cáucaso en enero de 2022.

Acusada de un supuesto fraude no demostrado nunca, permanece todavía en prisión preventiva, donde ha comenzado a sufrir graves problemas de salud. OVD-Info denuncia que las autoridades chechenas no proporcionan atención médica a Musayeva a pesar de ser una paciente de riesgo: ha perdido movilidad por un dolor de espalda, sufre crisis de hipertensión agudas acompañadas de pérdida de conciencia, y padece diabetes tipo 2 junto con una serie de enfermedades concomitantes que requieren supervisión médica constante.

Si la situación de los rusos es grave, la de los presos bielorrusos es peor. Incluso en el canje de agosto de 2024 no entró ninguno, aunque el régimen de Aleksandr Lukashenko liberó a un alemán. Occidente tiene para elegir en aquel país a 1.187 represaliados, según la organización Viasná. Esta cifra incluye hasta un premio Nobel, el presidente de esta organización, Ales Bialiatski.