Wilman Terán y Maribel Barreno, exintegrantes de la Judicatura, se exponen a una pena de nueve años de cárcel por obstrucción de la justicia al haber cometido el delito siendo funcionarios públicos

Sin procedimiento abreviado y sin cooperación eficaz, como autor directo del delito de obstrucción de la justicia el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Xavier Muñoz estaba expuesto a enfrentar una pena de cárcel de nueve años y cuatro meses, en lugar de los nueve meses y seis días propuestos por la fiscal general, Diana Salazar, al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Julio Inga, por admitir su participación en los hechos investigados y colaborar con la justicia.

En el denominado caso Independencia Judicial la Fiscalía también califica de autores del delito investigado al expresidente de la Judicatura Wilman Terán y a la también exvocal del CJ Maribel Barreno, dos de los ahora once procesados que aún deben conocer si son o no llamados a juicio. El proceso penal en esta causa arrancó con una instrucción fiscal el 28 de diciembre pasado.

De llegar a la etapa de juzgamiento y de ser encontrados culpables como Muñoz de realizar actos que buscaban “interferir en la libertad de actuación del juez de la CNJ Walter Macías”, Terán y Barreno estarían exponiéndose a los nueve años y cuatro meses de prisión, pena máxima en este caso que resulta de los siete años de cárcel definidos en el artículo 270.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de obstrucción de la justicia, aumentada en un tercio al existir la agravante de que cometieron la infracción siendo funcionarios públicos, tipificada en los artículos 44, inciso segundo, y 47, numeral 19, del COIP.

Al exvocal de la Judicatura Xavier Muñoz le quedarían más de tres meses de cárcel si el conjuez de la Corte Nacional confirma la pena reducida solicitada por Fiscalía

En sí la Fiscalía investigó a las trece personas sospechosas en este caso por haber tenido algún grado de participación en actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez Walter Macías siga frente a casos como Las Torres, en el que uno de los sentenciados es el excontralor Pablo Celi, y el relacionado con un tráfico de influencias que tenía que ver con Barreno, el exvocal del CJ Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.

En la lista de procesados por obstrucción de la justicia, pero en calidad de colaboradores, están Andrés J., secretario general (e) del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; los funcionarios y exfuncionarios judiciales Milton A., Santiago C., Liberton Santiago C., Jessica Ch., Milton H. y Olga V., exasesora de la entonces vocal Barreno.

De ser encontradas culpables, la pena para estas diez personas podría tener alguna variación, porque aunque son funcionarios o fueron funcionarios judiciales y en su calidad de servidores públicos intervinieron aparentemente en aspectos administrativos para de forma ilícita sacar al juez Walter Macías de casos de interés para quienes eran autoridades en el CJ, ellos mantendrían la calidad de colaboradores de los tres autores directos del delito.

De la lista de investigados en el caso Independencia Judicial solamente quedaría fuera Marcela Vaca, exsubdirectora nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ), que recibiría un dictamen abstentivo de parte de Fiscalía.

QUITO (28-09-2023).- Captura de pantalla de una de las últimas sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura en las que participaron como vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Cortesía / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Wilman Terán permanece detenido desde el 14 de diciembre pasado no por el caso Independencia Judicial, sino por el caso Metástasis. En ambas causas mantiene orden de prisión preventiva e inicialmente fue internado en la Cárcel 4 de Quito, pero desde el 30 de marzo pasado se le ingresó en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El expresidente de la Judicatura en Metástasis es uno de los 52 procesados por el delito de delincuencia organizada al ser supuestamente parte de una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante asesinado Leandro Norero, quien infiltró la justicia para obtener fallos y beneficios penitenciarios.

Por su parte, la exvocal Barreno mantiene la medida cautelar de presentación periódica tanto en el caso Independencia Judicial como en el caso en el que es investigada por el delito de tráfico de influencias. En este último proceso ya se realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que fueron llamados a etapa de juzgamiento. Barreno, Morillo y Jhayya, los tres procesados, están a la espera de la diligencia de juicio en la Corte Nacional.

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La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, definida para las 17:00 de este jueves 20 de junio, se difirió a última hora y no existe aún una fecha en la que se instalará la misma.

En el momento que se defina una fecha para la instalación de la diigencia, la audiencia arrancará por la exposición de nulidades que podrían afectar la validez procesal de todo lo actuado dentro de la etapa de instrucción fiscal. Si el conjuez Inga declara la validez de todo lo actuado, la diligencia avanzará a que la fiscal general, Diana Salazar, dé a conocer el dictamen acusatorio que mantiene, pero si no, el proceso se retrotraerá al momento en que se haya ubicado la nulidad.

Si se pasa a la etapa preparatoria de juicio, la Fiscalía deberá anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usará en un posible juicio. Inmediatamente será el turno para intervenir de los abogados de las acusaciones particulares: la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la víctima indirecta, Walter Macías; y las defensas de los once procesados que quedarían dentro de esta etapa del proceso.

Culminadas las intervenciones, el magistrado Julio Inga deberá entrar en una fase de deliberación antes de dar a conocer su resolución oral sobre si llama o no a juicio y a cuántos de los sospechosos. (I)