Exsuperintendenta Margarita Hernández presenta acción de protección contra la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz

RADIO ANTENA PENINSULA Mayo 14, 2025 4 0

Sofía Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, presentó una acción de protección en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, por vulnerar su derecho a la defensa y al debido proceso en el juicio político que se tramitó un día antes de concluir el periodo legislativo transitorio.

La acción de protección fue presentada el 13 de mayo de 2025 y recayó en la unidad judicial penal con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por el juez Andrés Prado Dávila.

La Asamblea Nacional, el 12 de mayo, tramitó en ausencia el juicio político en contra de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, acusada por el asambleísta Xavier Jurado (ADN) de incumplimiento de funciones por la falta de controles a las cooperativas de ahorro y crédito.

El juicio continuó pese a que la exfuncionaria presentó certificados médicos del Ministerio de Salud Pública que indicaban reposo absoluto, pero la Asamblea Nacional no suspendió el trámite; por lo tanto, continuó el proceso, que concluyó con la censura de Hernández, cuya moción fue aprobada con 97 votos a favor.

Según la acción presentada por la exsuperintendenta, se violó el derecho al debido proceso y a la defensa pues su intervención oral de más de tres horas y sus escritos de descargo nunca fueron incluidos en el informe que fue presentado al pleno. Los asambleístas votaron sin conocer sus argumentos ni pruebas, lo que la dejó en total indefensión, indica.

También se habría violentado su derecho a la dignidad humana en el momento en que fue obligada a enfrentar un procedimiento político de alto impacto en medio de una crisis de salud, ignorando su condición física y emocional.

El derecho a la seguridad jurídica, según Hernández, también fue vulnerado porque el cronograma del proceso fue alterado sin notificación oficial. Además, se votó una moción que fue presentada fuera del plazo legal y sin que los legisladores conocieran el texto completo de la resolución.

Además, dice la accionante que se vulneró el derecho al trabajo, porque la censura impuesta le prohíbe ejercer cargos públicos por dos años, afectando su proyecto de vida profesional y su derecho a trabajar, todo ello como consecuencia de un procedimiento que vulneró garantías básicas.

Por lo tanto, pide al juez que como medida de reparación integral disponga la restitución de su situación jurídica anterior, eliminando los efectos administrativos, políticos y simbólicos de la censura aprobada.

Que se ordene a la Asamblea Nacional que en todos los juicios políticos futuros se observen plenamente las garantías del debido proceso, derecho a la defensa, igualdad de armas y respeto a la salud y dignidad humana.

La exsuperintendenta también solicita la colocación de una placa en el exterior de la Asamblea Nacional, que se oficie al Consejo de Administración Legislativa y a la Comisión de Fiscalización que adopten protocolos que garanticen el respecto al derecho a la defensa y al debido proceso. (I)