Fiscal: Pablo Celi también cobró coimas de empresa china

La indagación del caso Las Torres arroja nuevas evidencias. Una pericia realizada a la asistencia penal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a Fiscalía, chats de WhatsApp de los imputados y documentos incautados muestran cómo se fraguó un supuesto esquema ilegal dentro de la Contraloría.

Agentes investigadores han recopilado indicios que demuestran que no solo se desvanecieron cinco glosas por USD 13 millones a favor de Nolimit, una empresa que ofrece servicios petroleros. Sino que hay otra compañía que también pagó sobornos para obtener un beneficio similar.

Se trata de una empresa china, dedicada a la construcción de tuberías, sistemas de riego y obras civiles. Según la documentación entregada por la Contraloría, en octubre del año pasado, Pablo Celi firmó el desvanecimiento de una glosa de USD 9,9 millones.

Antes de que se ejecute ese proceso, esa compañía extranjera transfirió USD 1,3 millones a favor de Celi y su hermano. Ambos son parte de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada en este caso. El comprobante del depósito está en manos de Fiscalía.

Las indagaciones de esta entidad revelan que ese dinero fue transferido directamente a una empresa manejada por el hermano del Contralor.

El abogado de Celi, Marcelo Ron, rechaza las acusaciones de Fiscalía. Él dijo ayer a este Diario que no hay indicios que certifiquen que ese dinero fue consignado a la cuenta personal de su cliente. “Él no tiene relación con la empresa a la cual se habrían transferido esos fondos. Además, las acciones del hermano no pueden ser imputadas a mi defendido. Él no tiene nada que ver con esa transferencia”.

Sin embargo, en una audiencia que se realizó el lunes en la Corte Nacional, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que luego de que se consignaban los pagos ilegales, Celi daba la orden para desvanecer las glosas. “Esa fue la forma de operar de esta estructura criminal”. Además, añadió que “se evidencia una coordinación para la entrega del dinero indebido”.

Esta manera de actuar también se confirmó a través de una conversación por WhatsApp entre Celi y una funcionaria del ente de control.

El pasado 25 de marzo, esa servidora pública le envió un mensaje que dice: “Señor Contralor, jamás me atrevería a decir absolutamente nada sobre lo que tuve que desvanecer cuando usted me lo solicitó. Tenga la plena seguridad que solo diré (a Fiscalía) que usted jamás ordenaría algo por fuera de la ley”. En ese texto la funcionaria se refiere a la orden de desvanecer una glosa de USD 112 millones a favor de una empresa de telecomunicaciones.

Otra de las evidencias que reposa en el expediente judicial es una pericia ejecutada el pasado 11 de junio. En esa experticia se extrajo información del celular de Pablo Celi, que fue incautado el 13 de abril pasado cuando agentes allanaron su domicilio en Quito.

Según Salazar, allí se encontraron chats que demuestran que las acciones de control ejecutadas por la Contraloría no seguían un proceso regular, sino que el titular de esta entidad intercedía en las decisiones y resultados, a través de órdenes que daba a sus subalternos. Además, les disponía directamente detener trámites en curso o darlos de baja y ellos acataban esas órdenes.

Por ejemplo, el 9 de marzo pasado, un amigo de Celi le escribe a su teléfono personal: “Pablo me permito recordarte que por favor se deje sin efecto la orden de trabajo de esa auditoría en relación a los temas de publicidad del Municipio, por favor solo te toma unos diez segundos”. Luego, el Contralor le responde: “ya insisto”.

Una semana después un funcionario del ente de control le escribe: “Estimado Pablo, gracias a su instrucción el trámite del que le hablé pudo detenerse. Por eso abusando de su confianza le ruego se disponga el nuevo proyecto para su firma”.

Hay otra conversación del 15 de diciembre del año pasado. Allí le dice a otra funcionaria: “por favor concédale el recurso”. Ella le responde: “Bueno doctor ya lo hacemos”.

Para el abogado Ron estas conversaciones “no denotan un manejo irregular dentro de la Contraloría”. El defensor asegura que son “disposiciones normales de trabajo”.

Sin embargo, para la Fiscalía estas evidencias recopiladas “agravan” la situación judicial de él y otros procesados. Incluso estos nuevos elementos provocaron que esta entidad abra tres investigaciones previas por presuntos actos de corrupción en el ente de control.

Actualmente, el Contralor se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito. El lunes, él solicitó que se revoque la orden de prisión preventiva. Sin embargo, la fiscal Salazar pidió al juez nacional Felipe Córdova que rechace ese recurso legal.

Ella indicó que la fase de investigación pública o instrucción fiscal en el caso Las Torres aún no culmina. Indicó que si el procesado sale de la prisión retomaría su puesto en la Contraloría y “podría alterar o modificar las evidencias”.

Dijo también que hay peligro de que él afecte o interfiera en la investigación.