USD 63,1 millones sería el perjuicio por los siete Dhruv

Un contingente de seis policías con cascos y chalecos antibalas se apostó al ingreso de la Corte Nacional. Armaron un cerco de seguridad, y por tres minutos impidieron el ingreso de usuarios. La disposición fue resguardar a la fiscal general, Diana Salazar, quien acudió a formular cargos a 15 personas por presunto peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv.

Ella ingresó al alto Tribunal a las 07:54 de ayer (miércoles 6 de octubre del 2021) y subió al mezanine del edificio judicial. Cuando llegó, el juez Luis Rivera ya se encontraba en el estrado y la sala de audiencia estaba repleta de abogados de los investigados.

También hubo juristas que comparecieron vía telemática. En ese grupo estuvo el abogado de Wellington Sandoval y de Javier Ponce, ambos exministros de Defensa y que hoy están procesados. Entre los implicados también está un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y un exdirector ­ejecutivo de la Junta de De­fensa Nacional.

Todos fueron señalados por Fiscalía como autores del delito. La intervención de Salazar duró dos horas. En ese tiempo relató que el 5 de agosto de 2008 se suscribió el contrato de compra de siete helicópteros, seis de ellos estaban destinados a operaciones militares y uno para la movilización del entonces presidente Rafael Correa.

Según las investigaciones hubo irregularidades en la fase precontractual, contractual y de ejecución de la compra de esas aeronaves. Esto habría provocado un perjuicio de USD 63,1 millones. Así lo estableció una pericia contable. Aunque la fiscal advierte que la afectación económica al Estado perdura, pues aún se paga un seguro para las tres aeronaves que aún existen, las otras cuatro se accidentaron entre 2009 y 2015.

La Fiscalía tiene en total 116 evidencias del delito. Una de las presuntas irregularidades detectadas fue que, en marzo de 2008, el entonces titular de Defensa, Wellington Sandoval, declaró de emergencia la adquisición de los Dhruv, para acelerar la compra. “Ese hecho transgredió el principio de transparencia de la contratación pública, pues al contratar como emergencia le dieron una apariencia de legalidad”, sostuvo Fiscalía.

Ernesto Albán, abogado de Sandoval, aseguró que su cliente fue Ministro por ocho meses y que en ese tiempo él no participó en ninguna fase de contratación. Además, aseguró que él no decretó la emergencia sino la Junta de Defensa Nacional. “No existen elementos suficientes, claros y precisos que demuestren que mi cliente participó del delito”.

La Fiscalía explicó que la Comisión Técnica de la FAE adjudicó el contrato a una empresa que no entregó los helicópteros con certificaciones de calidad americanas o europeas.

Según un peritaje, esa compañía incurrió en 30 incumplimientos técnicos. “Las naves no tenían paneles de navegación para operar adecuadamente y pese a eso se le otorgó el contrato a esa empresa”.

El abogado del exministro Javier Ponce dijo que las acusaciones de la Fiscal no tienen un sustento y que “vulneran el principio de objetividad”. Al finalizar su intervención, la fiscal Salazar pidió al juez Rivera que dictara prisión preventiva para todos los imputados.

Aseguró que “existe riesgo de fuga, que no comparezcan al proceso judicial y que entorpezcan las investigaciones”. Incluso relató que hay tres procesados que entre abril y septiembre de este año viajaron a Estados Unidos y no han regresado.

En cambio, los defensores pidieron al magistrado que dictase medidas alternativas a la prisión. Hasta el cierre de esta edición, el juez no decidía si aceptar o no el pedido de Fiscalía.