Violación: Víctimas viven en medio de la violencia y la revictimización

Siente miedo al salir de su casa y pide ayuda a sus familiares para que la acompañen. Tiembla y su voz se quiebra al recordar lo que vivió la mañana del 18 de agosto del 2020 en un conjunto residencial, en el sur de Quito.

Se llama Emma (nombre protegido) y tiene 31 años. Ella asegura que ese día fue violada por cuatro hombres mientras se encontraba en una reunión acompañando a una amiga. Lo único que recuerda es que le dieron una bebida y perdió el conocimiento de forma inmediata.

Horas después, ella se encontraba adolorida en sus partes íntimas y sus parientes la llevaron a recibir asistencia médica.

En esos momentos comenzó un peregrinaje para ser atendida. En un centro de salud le dijeron que no podían atenderla por la complejidad de las heridas. Luego la trasladaron a un hospital y le indicaron que ese tipo de daños deben ser tratados únicamente en una maternidad. Finalmente, los médicos del último establecimiento le indicaron que solo pueden ayudarle con la reconstrucción de los daños en la vagina.

No podían hacerlo con las lesiones rectales. Tras la agresión, ella ha sido sometida a cinco operaciones y hace las deposiciones en una bolsa. Con tristeza, ella cuenta que la violación fue registrada en un celular, cuya grabación fue compartida en un chat de Whatsapp al que pertenecían los sospechosos.

Casos como el de Emma se registran con recurrencia a escala nacional. Hasta el 12 de noviembre del año anterior se reportaron 5 937 denuncias por violación, según la Fiscalía General del Estado (FGE). Más del 90% se encuentra en etapa de indagación previa.

Las zonas con mayor índice son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. Por este delito, el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido. Asimismo, como consecuencia de la violación, ella sufra una lesión física o daño psicológico permanente.

Asimismo se han dado 5 775 por abuso sexual (tocamiento sin consentimiento, mostrar genitales o besar a la fuerza). De igual manera, las provincias mencionadas anteriormente son las que reportan mayor cantidad de casos.

Johana Orbe es abogada de Emma y ha trabajado con varios casos de chicas abusadas sexualmente.

A su criterio, uno de los mayores problemas que ellas afrontan es la revictimización a la que son sometidas por parte de las autoridades; es decir, les toman varias versiones y les obligan a recordar lo que sucedió sin tomar conciencia sobre las afectaciones psicológicas y físicas.

“Solamente en el caso de Emma se realizaron 30 procedimientos de ese tipo y ella está emocionalmente destrozada”.

A esto se suma que, por temor o vergüenza, las chicas no denuncian sus casos. Y cuando se deciden a hacerlo luego de un tiempo, los fiscales u otras autoridades les cuestionan por “no haberlo hecho a tiempo”. Por eso, algunos casos no son investigados con eficiencia.

Un estudio de la fundación Idea Dignidad, la cual trabaja con mujeres violentadas, señala que el problema de revictimización radica en que son nuevas agresiones que alguien sufre por parte de otras personas a causa de un primer ataque violento. Cuando las adolescentes han sufrido violencia sexual se les cuestiona haberla provocado con su comportamiento (forma de vestir, lugares y horas a las que sale); mientras pocas veces o, casi nunca los agresores son cuestionados por su comportamiento violento.

Para Myriam Pérez, cofundadora y trabajadora social de esa agrupación, una solución a la problemática es que cada servidor público conozca y aplique los estándares de debida diligencia, atención especializada y el principio de no generar mayor daño en los juzgados, las estaciones de Policía, las escuelas, las universidades, los hospitales, entre otros.

Es necesario que se implementen políticas públicas, que se creen normativas más específicas y se realicen campañas de educación y prevención entre la ciudadanía.

Además, las instituciones del Estado deben adoptar un enfoque más humano y proactivo. Para evitar la revictimización, las autoridades deben aplicar los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y género.

Una historia similar vivió Victoria, una aspirante a bombera de 19 años que fue agredida sexualmente y se investiga a un oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito, quien fue dado de baja a mediados de noviembre del año pasado. El hecho ocurrió cuando ella seguía el curso de preparación.

La defensa relató que la chica primero fue víctima de acoso sexual y psicológico desde fines de marzo de 2021, cuando los aspirantes fueron llevados a una academia de formación en Ambato, como parte de los entrenamientos.

En las primeras indagaciones, se indica que el sospechoso supuestamente la obligó a ir a su habitación. Allí se habrían perpetrado dos agresiones sexuales. Al parecer, la joven también habría sido golpeada físicamente.

A raíz de esos incidentes, la chica no puede dormir tranquila, tiene pesadillas y se despierta gritando por las noches. Orbe también es su abogada y asegura que la joven ha buscado la manera de quitarse la vida en tres ocasiones, por lo que ha permanecido acompañada todo el tiempo de sus familiares.

Perdió el apetito y por estrés desarrolló una alergia en la piel parecida al acné. “En este caso le han tomado versiones unas 15 veces”, manifestó su abogada.

Su madre la ha acompañado a las terapias y trámites legales. Ambas salen juntas de su casa en Ibarra para ir a la Fiscalía en Quito. “Tiene acompañamiento psicológico toda la semana y era complejo cuando se despertaba gritando mientras dormía”. Al principio, todos en su casa lloraron por lo que le pasó a Victoria, pero de a poco han ido superando el trauma y esperan que se haga justicia.

Ella aún tiene crisis de ansiedad y trabaja con la psicóloga para superarla.

Inicialmente, la Fiscalía abrió una investigación por abuso sexual, pero luego se modificó el tipo penal por violación.

En el caso de Emma, el video sirvió de prueba para capturar a tres agresores, contó su abogada. El primero fue apresado en junio del 2021, pero escapó del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga durante el amotinamiento que se produjo en julio. “Lo lamentable es que no lo detuvieron por la violación, sino por otro delito”.

A otros dos los capturaron durante una intervención que realizó la Policía Nacional. Ella pide a las autoridades que se haga justicia, pues los daños físicos le han ocasionado varios problemas. No puede trabajar porque casi todos los días debe ir al hospital para seguir los tratamientos y terapias.

Antes trabajó en una empresa de mercadeo digital y tuvo que salir para recuperarse. Desde agosto del 2020, ella no ha parado de visitar el hospital y extraña la cotidianidad de su vida anterior.

Está previsto que en los próximos días la sometan a otra operación para reconstruir el intestino y espera que sea la última para retomar su vida. Al principio lloraba casi todos los días, pero paulatinamente se ha fortalecido.

“Tengo que levantarme y ser valiente. Muchas de las víctimas que sufrimos estas agresiones tienen miedo al agresor. Esto es cuestión de que paguen y no sigan haciendo daño a otras chicas”, dijo la mujer.

Su familia la apoya moralmente y sigue de cerca los trámites. Están asustados porque uno de los sospechosos se escapó de la cárcel y temen por su seguridad. Emma trata de no estar sola cuando sale a la calle. Sabe que las secuelas durarán varios años, pero lucha por ser fuerte y pedir justicia.

Cómo surgió este tema

La violencia contra la mujer es una realidad que se vive en todo el Ecuador. Más de 3 000 niñas menores de 14 años se convierten en madres, producto de violación. En su mayoría, los delitos los cometen familiares o gente del círculo cercano de las niñas (vecinos, amigos, etc.).

Qué se puede hacer

Las autoridades  tienen que trabajar en la erradicación de la violencia de género como una prioridad, que debe ser abordada a través de la generación de políticas públicas y programas que permitan garantizar la protección y atención integral a las víctimas a todo nivel. Entre la ciudadanía se deben difundir campañas de concienciación sobre el tema.

Por qué leer esto

Es importante  que, en las familias, las hijas, hermanas, tías, madres y sobrinas conozcan cómo se produce y las consecuencias de la violencia. Deben saber que la impunidad se alimenta del androcentrismo, que normaliza y silencia los actos de violencia y perpetúa un sistema de dominación en el interior de las familias, ámbito educativo, laboral…

Lo primero  que deben hacer las víctimas de violación es denunciar el hecho ante las autoridades. Mientras más rápido lo hagan es mejor para que no se pierdan evidencias y el delito no termine en la impunidad.

La familia  es un soporte emocional para quienes han atravesado por experiencias de violencia sexual. Es el sitio en donde los niños y adolescentes deben sentirse más cómodos y con la confianza suficiente de contar lo que les ha sucedido.