Concentración de frecuencias, accionistas extranjeros y deudores beneficiados con frecuencias del Estado, según Contraloría

Para el concurso público de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico del Estado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) tendrá que aplicar recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que halló en sus auditorías anomalías en el último proceso que se hizo en el 2020.

Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, la Arcotel tiene los siguientes dos meses para generar las bases legales y reglamentarias para convocar a un nuevo concurso público de otorgamiento de frecuencias.

Se desconoce cuántas frecuencias podrían ofertarse o cuántas están disponibles.

Entre el 2020 y el 2023, la Contraloría auditó el último “Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de medios de comunicación social privados y comunitarios” que hizo la Arcotel.

Fue el expresidente de la República Lenín Moreno Garcés quien dispuso hacer este concurso de forma paralela a la expedición de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Entre decenas de conclusiones y recomendaciones, se encontró, por ejemplo, que había cinco compañías presididas por accionistas extranjeros, entre ellos el empresario mexicano y nacionalizado guatemalteco Ángel González, que tenían participación en medios de comunicación nacionales hasta con el 99 % de capital, pese a que la Ley de Comunicación —que regía para ese proceso en el 2020— permitía el 49 %, ya que quienes calificaban no observaron el trato preferencial para los postulantes nacionales.

La ley de ese entonces disponía que los medios de comunicación social de carácter nacional no podían pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residieran de manera regular en el territorio nacional.

Con el gobierno de Guillermo Lasso, que también propuso una reforma legal, esa disposición señala ahora que los medios nacionales no podrán pertenecer en todo o en parte de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional.

En un caso se detectó que un delegado del director ejecutivo de la Arcotel emitió un informe favorable para una compañía uruguaya que tiene una frecuencia con más del 99 % de participación accionaria.

Ese mismo funcionario tramitó un recurso legal en contra de la resolución que él hizo y, a su vez, la anuló.

Para otorgar frecuencias a las cinco compañías, la Arcotel alegó que el Estado ecuatoriano mantenía acuerdos de cooperación bilateral con los países de los que son oriundos los accionistas, por lo que procedía la adjudicación.

Sin embargo, según Contraloría, se actuó incluso en contra de la Constitución y leyes nacionales, que mantienen restricciones.

En otro hecho, el órgano de control observó que cuatro concesionarios, cuyos títulos estaban caducados, y otros catorce concesionarios mantuvieron activas sus frecuencias a pesar de que no se les adjudicó una frecuencia y tampoco participaron en el proceso público.

Por otra parte, se llamó la atención porque seis concesionarios estaban en mora con la Arcotel y el Servicio de Rentas Internas (SRI), pese a que es contemplado como una prohibición e inhabilidad para postular a una frecuencia.

Las áreas internas de la Agencia se habían comprometido a implementar un mecanismo de “control posterior”, que hasta el informe final que se hizo en junio de 2023 la Contraloría confirmó que dicho equipo de trabajo no se integró para hacer una revisión de cumplimiento de requisitos.

“Esto ocasionó que persista la falta de controles en la planificación (...) y en la toma de acciones en la seguridad jurídica en la adjudicación de las frecuencias, debilitando el sistema de control interno institucional”, señala el documento oficial.

Así también, la concentración de frecuencias es un fenómeno que se mantiene. En las auditorías se observó que una fundación religiosa era concesionaria de tres frecuencias.

La Constitución, la Ley de Comunicación y el reglamento general prohíben esta actividad.

El presidente Daniel Noboa mantiene en el reglamento reformado que es una inhabilidad para participar en un concurso de frecuencias el tener una matriz en AM, otra en FM y una matriz de televisión a una misma personal natural.

Otra conclusión fue que la Arcotel incumplió con su atribución de revisar el cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los aspirantes a una frecuencia, porque ocho concesionarios que mantienen sus títulos habilitantes incumplieron con la disposición que prohíbe transferir o ceder acciones sin autorización de la autoridad de las telecomunicaciones, de acuerdo con el artículo 117 de la anterior Ley de Comunicación.

Esto ocasionó que las empresas sigan operando sin regularización. (I)