Tribunal de Ejecución del caso Odebrecht da diez días para ampliar informe sobre bienes que garanticen el pago de la pena económica de Gustavo Massuh

Debido a que se presentó un informe pericial incompleto sobre el avalúo de los bienes que se iban a entregar en garantía para el pago de la reparación económica de $ 860.930,99 impuesta a Gustavo Massuh, uno de los ocho sentenciados por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Felipe Córdova y Julio Arrieta, integrantes del Tribunal de Ejecución, dieron diez días término para que se complete la información.

Esta audiencia de formulación de pago se instaló en su primera jornada el 23 de septiembre pasado, la mañana de este lunes, 14 de octubre, se reinstaló para que se confirmaran los bienes inmuebles que se ofrecen para garantizar que Massuh cumplirá los planes de pago propuestos por su defensa.

Inicialmente se ofreció una oficina con bodegas y parqueaderos en Quito avaluada comercialmente en $ 212.528, pero se le sumaron dos bienes más: uno ubicado en Guayaquil valorado en $ 175.158,59 y otro localizado en Quevedo avaluado en $ 279.003,79. Según los abogados de Massuh, las garantías ofrecidas suman la cantidad de $ 666.690,38 lo cual cubriría el saldo que quedaría por pagar después de abonar la primera cuota de $ 200.000. Se aseguró que todos los bienes estarán libres de hipoteca y de gravamen.

A los siete años de la sentencia en el caso por asociación ilícita Odebrecht, sigue estando lejos el cobro de la reparación intregral de $ 33,3 millones

Respecto a ese tema, la jueza ponente explicó que el Tribunal de Ejecución ha revisado con detenimiento el informe propuesto; sin embargo, ha advertido que está incompleto. “Este informe, si bien es cierto, hace una determinación de los montos de avalúo de los bienes que se proponen entregar por parte del sentenciado, no es menos cierto que esta determinación se la hace en relación con el supuesto avalúo comercial, pero sin tener respaldo del informe o certificado municipal de avalúos y catástrofes de los bienes como tal que determine en efecto su valor, que tiene una diferencia con su valor comercial”.

La fórmula de pago planteada en audiencia ante los jueces nacionales Caicedo, Córdova y Arrieta, actuales integrantes del Tribunal de Ejecución, consiste en la cancelación de cuatro cuotas: un anticipo en el momento de la audiencia de $ 200.000 y, luego, cada diez meses tres pagos de $ 220.310,33, hasta llegar al total de $ 860.930,99.

Los tres bienes inmuebles que serían hipotecados a favor del Estado justamente garantizarían el saldo que queda por pagar una vez que se realice el 21 de octubre próximo el abono inicial de $ 200.000. Los siguientes pagos se realizarán el 1 de agosto de 2025, el 1 de junio de 2026 y el 1 de septiembre de 2026.

El representante de la Procuraduría General del Estado estuvo de acuerdo con la fórmula de pago propuesta y dio a conocer los números de cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas y de BanEcuador en que se deberían realizar los depósitos, ya sea vía transferencia o depósito.

Más allá de la aprobación de la Procuraduría, Caicedo explicó que el informe pericial, al estar incompleto, no cumple con la expectativa de garantía que asegure el cumplimiento del pago y aclaró que el Tribunal de Ejecución está obligado a garantizar que la garantía propuesta se efectúe.

“Más allá de que se puedan ejecutar las garantías, ello debe tener un valor real que permita oportunamente garantizar el pago de lo ordenado en sentencia. Como ello no se encuentra determinado en el informe, este tribunal va a conceder el término de diez días para que la perito amplíe el informe, determinando de manera pormenorizada cómo obtiene los montos que hace referencia; tienen como avalúo los bienes que se ponen a disposición de este tribunal”, sostuvo la jueza ponente.

El nuevo informe pericial no solamente deberá tener un detalle de manera pormenorizada, sino que también tendrá que incluir los documentos de respaldo de esta información que se plantea. Es decir, se debe anexar al informe propuesto documentos que hagan referencia al porqué de los montos que se están determinando como valor pericial. Esto se podría realizar a través del certificado municipal de avalúos y catastros y demás documentos que permitan justificar el monto al que se ha hecho referencia.

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Además de Massuh, quien fue ubicado como autor en el denominado caso Odebrecht por asociación ilícita, los siete sentenciados restantes son Jorge Glas, quien fue exministro de Sectores Estratégicos y el exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa; Ricardo Rivera, tío de Glas y relacionado con el sector de las telecomunicaciones; Carlos Villamarín, exfuncionario de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua); Ramiro Carrillo, exfuncionario de Petroecuador, y los empresarios Édgar Arias, Rubén Terán y Képler Verduga.

La Fiscalía demostró que todos los condenados intervinieron en las irregularidades cometidas dentro de la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implementó en Ecuador para hacerse de contratos públicos a cambio de coimas. Este caso está a poco de cumplir cinco años de que quedaron en firme y en proceso de ejecución las condenas establecidas y aún sigue sin cobrarse la reparación integral de $ 33′396.116 establecida en un fallo de primera instancia de 2017.

Glas, Rivera, Villamarín, Carrillo y Arias fueron condenados a seis años de cárcel como autores directos del delito de asociación ilícita, pero se les definieron diversas reparaciones económicas. Por ejemplo, Glas y su tío deben cancelar $ 14,1 millones; Villamarín, $ 6 millones; Arias, $ 10′012.000, y Carrillo, $ 200.000.

En cambio, los empresarios Terán y Verduga, al igual que Massuh, se sometieron a un acuerdo de cooperación eficaz, por eso se les impuso una pena reducida de catorce meses. Como reparación económica para el Estado, Verduga debe pagar $ 1′473.524,30, y Terán, $ 749.705,03. Cada uno de estos valores se establecieron con base en los movimientos y las transferencias que logró demostrar la Fiscalía que se dieron dentro de esta trama de corrupción en la que intervinieron funcionarios públicos y empresarios que obtuvieron contratos públicos. (I)