Cárceles recibirán dinero; tarda repatriación de presos

El anuncio llegó dos días después de la muerte de 34 presos en la cárcel de Cotopaxi y en la Penitenciaría del Litoral. El director de Rehabilitación, Fausto Cobo, llegó a Latacunga y desde allí dijo que la repatriación de presos a sus naciones sería una de las medidas para afrontar la crisis.

La idea es trasladar a 3 532 reos de Colombia, Venezuela, Perú, México y otros países, para bajar el hacinamiento, que este año bordea el 30%.

Además, se buscaba evitar más hechos de violencia. Pero, el número de presos foráneos es mínimo. Estadísticas levantadas por Rehabilitación muestran que el 91% de los detenidos son ecuatorianos.

Además, para que se ejecute la iniciativa es necesario cumplir al menos seis requisitos. Ahí están, por ejemplo, que el reo tenga una sentencia en firme, que Ecuador y el país de origen de los condenados hayan aprobado el traslado y que exista un convenio binacional.

En noviembre del 2005, el extinto Ministerio de Justicia suscribió el tratado de Estrasburgo, que tiene como objetivo la cooperación para el movimiento de sentenciados.

62 naciones suscribieron el documento, que establece más condiciones. Una de estas es que el privado de libertad debe de estar de acuerdo con volver. Nada puede ser obligatorio. Adicionalmente, el tiempo de condena que le reste debe ser de al menos seis meses.

La mayoría de extranjeros recluidos en las prisiones del país son colombianos. Hasta julio pasado había 1 935.
En febrero, un Tribunal Penal de Esmeraldas sentenció a tres personas de esa nacionalidad a 17 años y ocho meses de cárcel por el delito de secuestro extorsivo.

Algo similar ocurrió 90 días antes. Otros tres extranjeros fueron condenados a 13 años de cárcel por tráfico de drogas. Según las investigaciones, ellos pertenecían a una banda narcodelictiva. Cuando fueron detenidos, la Policía les incautó 160 kilos de marihuana.

Ecuador mantiene un convenio de repatriación que firmó con Colombia en 1990. Allí se estableció como requisito que el sentenciado no tenga multas o reparaciones económicas pendientes y que el delito por el que fue condenado también esté en la legislación de su país.

Ernesto Pazmiño, exdirector de Rehabilitación, recuerda que, en febrero del 2019, durante su gestión, hubo una reunión entre ambas naciones para planificar el traslado de 200 presos colombianos.

La iniciativa no prosperó y quedó solo en propuesta. El exfuncionario dice que esto ocurrió por “falta de voluntad política” y porque las cárceles de ese país igual tienen problemas de hacinamiento.

Para el penalista Gabriel Ponce, no usar en exceso la prisión preventiva y agilitar los trámites de prelibertad son mecanismos más efectivos para disminuir la población carcelaria en el Ecuador.

En cambio, Roberto Carrillo, exdirector de la cárcel de Cotopaxi, considera que la repatriación “sí es una buena opción para bajar el hacinamiento, pero no es un proceso inmediato”. Asegura que es una medida aplicable a largo plazo.

Con base en casos documentados, la Cancillería señala que cada trámite tarda aproximadamente un año. En noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo pidió un informe a la Secretaría de Rehabilitación sobre el número de detenidos que hayan regresado a sus naciones a cumplir sus condenas, entre el 2019 y el 2020. La respuesta fue que existen 143 procesos en marcha, pero no se concretan.

Información oficial señala que, el año pasado, se ejecutó solo una repatriación. Ocurrió el 6 de marzo del 2020. Se trató de un ciudadano alemán que cumplía en Ecuador una condena de 10 años por drogas. Permaneció en la cárcel de Guayaquil cuatro años.

En medio de estos hechos, ayer, el director de las cárceles, Fausto Cobo, anunció que el Gobierno destinará USD 75 millones para el sistema de rehabilitación social.

Esos recursos se invertirán durante los próximos cuatro años. Cobo aseguró que el presidente Guillermo Lasso ha dispuesto que, durante su Gobierno, “se entreguen todos los recursos necesarios y oportunos para atender los requerimientos del sistema penitenciario: infraestructura, tecnología y talento humano”.

“La situación es precaria, caótica, peligrosa y anárquica. Eso afecta a la seguridad del Estado. El Gobierno tiene la decisión de enfrentar esta crisis”, sostuvo el funcionario.

Además, indicó que promoverá un convenio con la Espe y con las Fuerzas Armadas, para que, a través del servicio militar voluntario, “se seleccione al talento humano idóneo que conformaría el Cuerpo de Agentes Penitenciarios. Con esto también se optimizan recursos y se logra austeridad”.

Estas medidas se adoptan luego de que, en febrero de este año, se reportara la primera matanza de 79 presos. La segunda ocurrió en julio.

En ese entonces se registraron 27 decesos y el Gobierno ordenó la movilización de militares y de policías para frenar los actos de violencia desatados por las mafias.