Consorcio de radares califica como absurdo que utilidad del contrato sea de $ 1.000 millones anuales

Uno de los consorcios con contrato de delegación de radares negó tener alguna relación con exfuncionarios de organismos de tránsito.

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Galo Lara, exlegislador, alertó de que habría relación entre exautoridad de tránsito y un consorcio de radares.

Exlegislador alerta de que habría relación entre exautoridad de tránsito y consorcio de radares

El 4 de mayo del 2023, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) lanzó un proceso para que empresas privadas instalen radares en todas las vías del país, ya que la institución aparentemente no tenía la capacidad técnica y económica para poner los equipos.

Mediante un comunicado, ese consorcio, que lo integran cuatro compañías, señaló que dentro de las empresas integrantes, de ejecutivos y directivos, no se registran exautoridades de la CTE.

Indicó que varias de las empresas que lo integran poseen amplia experiencia en el ámbito público y privado, y de manera particular en procesos relacionados con la convocatoria pública realizada.

La inversión del contrato, explicó, se realizará en el 100 % por ellos para la implementación y operación de 116 puntos de control, con un monto aproximado de $ 100 millones.

Puntualizó que asumen los costos de adquisición de equipos, pólizas de seguro, campañas de seguridad vial, defensa en impugnaciones de tránsito, señalización vertical y horizontal, implementación de centro de monitoreo, servicio al cliente, integración de sistemas, reposición de equipos vandalizados, mantenimientos, entre otros.

Estas son las ubicaciones de 39 radares que actualmente no emiten multas por cuestionamientos a contratos

Acerca de cuestionamientos gubernamentales como la de que la normativa establece que un contrato de delegación debe tener el visto bueno de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, y este organismo no fue informado sobre el proceso, ni se compartió información con los municipios, el consorcio respondió que se evidencia un claro desconocimiento de la ley.

Adujo que, en el caso concreto, el servicio de procesamiento de contravenciones de tránsito no es un servicio público, por lo que el objeto de la convocatoria pública no se sujeta a un criterio de excepcionalidad como pretende hacerse creer a la opinión pública.

Agregó que hasta la decisión unilateral de la CTE de suspender la ejecución del contrato mantenía operativos tres dispositivos en la provincia de El Oro, y hasta la presente fecha no ha cobrado ni un solo centavo por las operaciones efectuadas.

Consorcio encargado de radares solicita una reunión con la Secretaría de Integridad, por las presuntas irregularidades en su contratación

Desde el pasado martes 4 de junio, la CTE suspendió el registro del valor de multas de tránsito captadas por 39 radares instalados en diferentes carreteras del país.

La decisión surgió ante una alerta de presuntas irregularidades en el concurso y manejo de los radares a nivel nacional.

“Por el momento nos encontramos en un compás de espera a los justificativos legales y contractuales que sustentan la decisión unilateral de suspender la ejecución del contrato, pues la notificación que hemos recibido hace referencia únicamente a una denuncia que carece de cualquier rigor jurídico, generando en un imaginario que la utilidad del contrato es de mil millones anuales, lo que constituye un malintencionado absurdo”, expresó el consorcio en respuesta a preguntas enviadas por este Diario. (I)