El rostro de la falta de vivienda, tras los desalojos

En Nueva Esperanza hay desolación. Los escombros están dispersos en la tierra seca, hay cañas quebradas y plástico que fueron paredes.

Este remanente de bosque seco, al noroeste de Guayaquil, se convirtió hace cuatro meses en un asentamiento improvisado junto al gran sector de Monte Sinaí. Hace dos semanas fue destruido.

“Llegamos aquí porque no tenemos un techo y tumbaron todo. Decían que era una guarida de extranjeros”, recuerda María. Su casa fue esquivada por las palas mecánicas porque allí se reúnen los niños a estudiar. Ahora es el comedor comunitario para quienes se mantienen en el lugar.

El desalojo del 27 agosto reabrió el debate de las invasiones, el derecho al hábitat y a la vivienda de interés social.

Entre el 2019 y 2021 se contabilizan 804 desalojos en el país, el 97% en Guayas. 5 315 estructuras fueron retiradas, según la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.

Las cifras responden, en parte, al déficit habitacional. 2,7 millones de hogares padecen por la falta de un techo, como diagnosticó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Para la Secretaría, con el operativo militar y policial en Nueva Esperanza se retomó el control en una zona de reserva de seguridad. El caserío está junto al trasvase que lleva agua a la península de Santa Elena.

Pero los organismos de defensa de derechos cuestionan el desalojo porque ahonda la vulnerabilidad de las familias. En este asentamiento hay niños, embarazadas, personas con discapacidad, migrantes.

“No puede existir el desalojo forzoso sin reubicación, sin garantía de seguridad de tenencia de otra vivienda o la oferta de planes habitacionales”, dice Valeska Chiriboga, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

La Secretaría Técnica responde que articulan opciones para los desalojados con el Ministerio de Vivienda y, en Guayaquil, con la Alcaldía. Pero los costos de los planes habitacionales son un obstáculo.

El 6 de julio las máquinas llegaron a Las Delicias, también al noroeste de la ciudad. 35 familias asentadas junto a un canal de aguas lluvias fueron desalojadas y Marjorie Cárdenas teme que vuelvan por más.

“Sabemos que esto no es nuestro, pero podemos esforzarnos por pagar algo. No hay planes de vivienda para nuestro bolsillo, porque nos piden sueldos de USD 700. Somos vendedores informales, madres solteras, desempleados, ¿cómo podemos aprobar?”.

En el país han sido identificados 450 asentamientos humanos irregulares. 58 están en Guayaquil, en su mayoría al noroeste y en creciente expansión hacia la vía a la Costa.

La crisis se ahondó con la pandemia. Aunque en el 2020 gran parte de las actividades se paralizó fue el año con más desalojos, 408 en total.

Silvia Emanuelli es coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina. En una charla virtual de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos recordó que hace un año las Naciones Unidas pidió parar los desalojos porque “la vivienda es la primera línea de defensa contra el covid-19”.

Emanuelli ve además en la vivienda la puerta de acceso a múltiples derechos. “Por eso ocupar -un espacio- no es un delito cuando se satisface la necesidad de una vivienda y no deben ser criminalizados”.

Pero uno de los argumentos de la Secretaría Técnica es que interviene zonas de riesgo para asentamientos, como zanjas o sitios proclives a deslaves. Y suma las áreas de reserva de seguridad, cercanas a poliductos, gasoductos y trasvases.

También se ampara en el decreto 1227, que fija entre sus atribuciones recurrir a la Fiscalía para que “mediante acto urgente nos otorguen la medida de protección de desalojo”. Desde el 2019 la entidad ha presentado 91 denuncias.

Las familias que se asientan en zonas ilegales pagan entre USD 500 y 3 000 a un traficante por una porción de tierra. Esa ha sido la dinámica por más de 60 años en Guayaquil.

La asambleísta Patricia Sánchez calcula que el 65% del suelo urbano de Guayaquil tuvo un origen informal. La causa, explica la arquitecta, es la ausencia del Estado como proveedor de vivienda social.

Por ahora la Asamblea ha retomado el análisis para segundo debate del proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, que surgió en el 2018. Su objetivo es que la dotación de vivienda sea política de Estado y poder frenar la informalidad.

Mientras el debate se concreta, en Nueva Esperanza resisten. Los niños juegan en columpios colgados de árboles y los adultos aguardan con la esperanza de reconstruir.