Elección de dos vocales del Consejo Nacional Electoral nuevamente se enredó

Elección de dos vocales del Consejo Nacional Electoral nuevamente se enredó

Nuevamente, la elección de dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) se interrumpió por fallas en la conformación de la comisión ciudadana que es la encargada de hacer el concurso público.

Dentro de 74 días concluirá el periodo de seis años para el que fueron designados Diana Atamaint Wamputsar, Enrique Pita García, José Cabrera Zurita, Elena Nájera Moreira y Esthela Acero Lanchimba, y las actividades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para proceder con la renovación parcial de sus vocales se entorpecen.

La comisión ciudadana que debe realizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación no cuenta con una mayoría de miembros para sesionar y avanzar a la siguiente fase del proceso, que es la toma del examen de conocimientos y un caso práctico a 166 postulantes.

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Este cuerpo colegiado se compone de diez personas: cinco escogidas por la ciudadanía y cinco representantes escogidos por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial, de Transparencia y Control Social.

Pero solo cuenta con cinco comisionados debido a renuncias y por la falta de los delegados de las mencionadas funciones.

Ángel López Mendoza, Jhon Silva Gorozabel, Carlos Amaya López, Mario Zambrano Simball y Soledad Saltos Enríquez, esta última delegada de la Función Electoral, están listos para retomar el concurso.

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Es decir, cuentan con cinco autoridades, pero se requieren al menos seis para contar con quorum e instalar una sesión.

El 14 de agosto de 2024, el pleno del Consejo realizó un sorteo público, con la presencia de un notario, para escoger a los comisionados suplentes de la ciudadanía y a un comisionado principal junto con su suplente, que faltaban.

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Fueron electos al azar Marcela Sánchez Sarmiento como suplente de Silva, e Ingrid Raza Parra, de Zambrano. También, Dalai Mendoza Llaguno y José Valle Calero.

Dalai Mendoza fue escogida como comisionada titular, y José Valle, como suplente. Sin embargo, los dos fueron descalificados durante la fase de impugnación que se efectuó en 2022, en la administración del expresidente del CPCCS Hernán Ulloa.

El sorteo reciente se hizo con base en un informe jurídico en el que se menciona un banco de elegibles de 30 personas, aunque Mendoza y Valle fueron descalificados por resolución el 24 de octubre de 2022 al acogerse las impugnaciones por aparente falta de probidad.

En ese entonces, los impugnantes fueron los exasambleístas del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Ricardo Ulcuango, que objetó a Mendoza, y Humberto Alvarado, a Valle.

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Ellos argumentaron que los concursantes carecían de probidad e idoneidad porque sus nombres constaban en una lista que tenía un excolaborador de la expresidenta del CPCCS Sofía Almeida Fuentes, en la que se denunciaba que habrían sido propuestos por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza, lo que les restaba independencia para actuar.

El 4 de septiembre de 2024, el pleno del Consejo sesionó y posesionó a tres comisionados suplentes y un titular.

Sin embargo, no se llamó a Mendoza ni a Valle debido a un error en el sorteo, sobre el cual ninguno de los consejeros se pronunció.

Con ello, la comisión está conformada por cinco miembros y está a la espera de que se integre uno adicional de la ciudadanía y cuatro de las funciones del Estado, que son del Ejecutivo, Asamblea Nacional, Judicial y de Transparencia.

Por lo pronto, la Asamblea designó a su delegada en la plenaria del 3 de septiembre: Domelin Vintimilla Peña.

Su designación se aprobó con 74 votos de los legisladores de una moción planteada por la asambleísta Sandra Rueda Camacho, del movimiento Construye.

Antes de ocupar el cargo, Vintimilla deberá superar la fase de admisibilidad, en la que se revisa el cumplimiento de los requisitos legales y no estar incursa en prohibiciones, y la impugnación ciudadana a su probidad, de ser el caso.

La renovación parcial del CNE debió producirse en noviembre de 2021, pero el CPCCS no realizó el proceso.

En noviembre de 2022 se conformó la comisión ciudadana y avanzó hasta la calificación de méritos de 167 concursantes, en medio de acciones de protección.

En octubre de 2023, el Consejo sometió a una evaluación a los comisionados por discrepancias internas y, finalmente, renunciaron seis. Desde entonces esta instancia se ha mantenido incompleta.

A propósito de la renovación del Consejo Nacional Electoral, el 22 de noviembre de 2024, los cinco consejeros principales y suplentes concluirán su periodo de seis años para el que fueron electos en 2018 por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición.

En tanto, este jueves, 12 de septiembre, el CNE convocará oficialmente a los ecuatorianos a las elecciones nacionales de febrero de 2025. Desde el día siguiente arrancará con la calificación de las candidaturas para presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.

El Consejo Nacional Electoral está presidido por Diana Atamaint desde 2018. Foto: Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO. Foto: Carlos Granja Medranda

En esa línea, Lucio Gutiérrez Borbúa, legislador del Partido Sociedad Patriótica (PSP), exigió al Consejo de Participación Ciudadana que proceda con la principalización de cuatro vocales suplentes en lugar de los cinco principales.

“Los vocales del CNE no pueden permanecer un día más allá del 20 de noviembre de 2024 por el bien de la democracia. Debemos exigir que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con la ley, que no se burle del pueblo ecuatoriano. Debemos estar atentos y no hacernos de la vista gorda y no dejar que el CNE y el CPCCS violen la ley, se burlen de la ley”, expresó Gutiérrez en la plenaria legislativa 936 del 3 de septiembre.

Así también, informó que solicitó a la Contraloría General del Estado que se realice una ampliación del examen especial al voto telemático que hizo el CNE en las elecciones generales anticipadas de agosto de 2023, que se publicó en julio pasado y en el que se revelan varias irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Antroproyectos S. A. (I)