Familiares de periodistas asesinados de El Comercio esperan respuestas del Gobierno por la desclasificación de las actas del Cosepe

Sigue el hermetismo en el caso Nos Faltan Tres, sobre el secuestro y asesinato de periodistas de diario El Comercio, ocurrido en 2018. Este miércoles 8 de mayo vence el plazo máximo que dio la Corte Constitucional (CC) para que el Ministerio del Interior desclasifique tres actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) relacionadas con el caso; sin embargo, hasta ahora los familiares de las víctimas no han sido contactados por las autoridades para coordinar la entrega de la información y eso les inquieta.

Noticias relacionadas

hace 3 días

El dictamen se emitió el pasado 4 de abril y fue notificado el 8 de ese mes. La Corte aceptó la demanda de desclasificación de la información que interpusieron los familiares de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), integrantes del equipo periodístico de El Comercio; ellos fueron asesinados por miembros del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho.

La Corte dispuso al secretario del Cosepe, cargo que ostenta la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, que “inmediatamente o hasta en un plazo máximo de 30 días” desde la notificación de la sentencia, y mediante declaración juramentada, entregue a los familiares las actas: 18 de 28 de marzo de 2018, 19 de 13 de abril de 2018 y 20 de 17 de abril de 2018; así como los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Cosepe de esa época,

La desclasificación será “en las partes que se relacionen exclusivamente con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico”.

En la sentencia también se ordena que luego que las actas desclasificadas hayan sido entregadas, la secretaria del Cosepe tiene cinco días de plazo para presentar a la CC un informe de cumplimiento, con el detalle de la información proporcionada.

Desde la resolución los días pasaron sin que existiera un acercamiento, contacto o algún tipo de comunicación por parte del Ministerio del Interior hacia los familiares, afirmó Mauricio Alarcón, uno de los tres abogados de los familiares.

“La Corte sentenció que la desclasificación sea inmediata, pero parece que ellos (el Ministerio del Interior) pensaron que era en 30 días”, comentó Alarcón.

Ante el silencio del Gobierno, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo victimado, y los abogados que acompañaron la demanda enviaron una carta a la ministra Mónica Palencia, el miércoles 24 de abril, mediante el sistema gubernamental Quipux.

En la carta, a la que tuvo acceso EL UNIVERSO, solicitaron a Palencia que convoque a una “reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la sentencia mencionada antes de la fecha tope señalada por la Corte Constitucional”. El pedido no ha tenido respuesta.

Ricardo Rivas contó a este Diario que al mediodía del jueves 2 de mayo recibió un correo electrónico con un documento del Ministerio del Interior, en el que apenas se informó que la institución está trabajando para entregar la información.

“Sin embargo, no establece ni horas, ni fechas al respecto”, lamentó Rivas. Es decir, no se contestó el pedido de entablar un encuentro para coordinar la entrega de las actas, ni se dio a conocer cuándo se cumplirá con el dictamen de la Corte.

“Estamos pidiendo una reunión previa porque hay que coordinar algunas acciones. No es cuestión de que simplemente nos llamen a una reunión y nos digan “aquí están los documentos”. Hay algunos aspectos que tenemos que hablar. Son documentos secretos y, por ello, tienen que tener su seguridad, porque quién nos garantiza que cuando entreguen los documentos no pueda suceder alguna situación. Hay que coordinar cómo se les hace llegar este mismo documento a Fiscalía para las investigaciones (penales), que es otra parte de este escenario. También queremos saber cuántas copias certificadas van a entregar, si es una a cada familia o no”, explicó.

A Ricardo Rivas le preocupa saber qué información les van a entregar finalmente. “¿Qué nos van a entregar? La sentencia dice que las actas relacionadas con el caso, pero ¿quién decide qué es lo relacionado y qué no lo es? Porque aquí hay que analizar todo el contexto... Yo no quisiera pensar que se quiera ocultar información al respecto bajo ese parámetro de solo lo relacionado con el caso. Hay escenarios que llevan a un contexto y a una consecuencia que fue el secuestro y posterior asesinato”, dijo.

La desclasificación es una deuda

La desclasificación de las actas es una deuda del Estado que lleva seis años sin saldarse, al igual que sigue en la impunidad el caso, con la investigación de la Fiscalía estancada por más de un año.

Rivas recordó que el gobierno de Lenín Moreno entregó en 2018 unos documentos que supuestamente eran desclasificados, pero en la práctica no contenían información relevante que contribuyera a esclarecer lo que pasó con el equipo periodístico.

La historia no fue distinta con Guillermo Lasso. Él ofreció en campaña electoral que levantaría la reserva, pero una vez que asumió la Presidencia de la República no solo que no cumplió su palabra, sino que en 2023 su gobierno puso un candado más fuerte y blindó por cinco años más las actas.

El Gobierno de Daniel Noboa también quiso mantener bajo llave esos documentos, alegando que si se revela su contenido afectaría a la seguridad del Estado, por la información que circuló en las sesiones del Cosepe. Ese fue el criterio que esgrimieron diferentes funcionarios en las audiencias por la demanda de acceso a la información.

La Corte Constitucional en su dictamen llamó la atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la antigua Secretaría Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior, instituciones que asumieron en su debido tiempo la secretaría del Consejo de Seguridad Pública, por no presentar la resolución que justifique la clasificación de las tres actas.

¿Por qué no se revela la información?

Es la pregunta recurrente entre los familiares de las víctimas y sus abogados, que no pierden la esperanza por saber la verdad.

Las tres actas en cuestión son clave porque tienen que ver con momentos importantes. El 28 de marzo fue la primera reunión del Consejo y ahí se habló de la liberación de los periodistas, pero la noticia fue desmentida; el 13 de abril el presidente Lenín Moreno confirmó la muerte de los tres; y el 17 de abril fueron secuestrados Óscar Villacís y Katty Velasco, cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente.

Ricardo Rivas recordó que Diego Ordóñez, secretario de Seguridad del Gobierno de Guillermo Lasso, dijo en su momento que las actas pueden afectar las relaciones con Colombia.

“Si lo dijo así, debe existir algo fuerte, tanto de Colombia como de Ecuador, para que lleguen a afectarse las relaciones bilaterales. El tema es ¿por qué no se quiere desclasificar? Yo creo que ahí se van a encontrar ciertas respuestas que toda la sociedad quiere saber... Siempre hay que guardar la esperanza”, comentó.

Mauricio Alarcón agregó que las dudas sobre el hermetismo prolongado de estos seis años giran en torno a “¿por qué siguen ocultando la información?, ¿a quién quieren proteger?, ¿qué es lo que quieren ocultar?”.

“Yo no espero que las autoridades hagan su trabajo después de tantos años con total y absoluta impunidad. Eso hay que tenerlo muy claro. A nosotros nos corresponderá evaluar respecto a la entrega de información. Las familias de las víctimas nunca han bajado los brazos y han impulsado todo para no dejar en la impunidad este crimen que a muchos les conviene que permanezca impune”, expresó Alarcón.

Indicó que una vez que se reciban las actas y se evalúe su contenido se enviarán a la Fiscalía para que se reactive y avance la investigación penal.

EL UNIVERSO solicitó información al Ministerio del Interior, el 29 de abril, respecto del cumplimiento de la sentencia de la Corte, pero la institución no respondió. (I)