La estrategia contra los virus invernales se queda en el aire por la falta de acuerdo entre Sanidad y las comunidades

La epidemia de virus respiratorios de cada invierno está a la vuelta de la esquina: su proliferación es una certeza, lo que queda por ver es el cómo (su intensidad) y el cuándo. Por primera vez, el Ministerio de Sanidad quería aprobar una estrategia para hacerles frente similar a la que se empleó para la covid, pero la Comisión de Salud Pública que se ha reunido este jueves (integrada por los directores generales del propio ministerio y de las comunidades) no ha llegado a un acuerdo, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la reunión.

En un documento previo, que habían redactado los técnicos de todas las administraciones en la Ponencia de Alertas, planteaban cuatro escenarios epidemiológicos, de menos a más severidad (del 0 al 3), tal y como adelantó este miércoles la agencia Efe, con distintas medidas, en su mayoría recomendaciones. Pero existen discrepancias técnicas de algunas comunidades con lo que habían redactado sus propios funcionarios, así que se pospondrá la votación del consejo y el documento se seguirá estudiando.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha resumido así el punto de vista del Gobierno en la red social X: “Las comunidades autónomas del PP frenan el documento redactado por sus propios técnicos para tener por primera vez un plan de actuación común frente a la epidemia de virus respiratorios. La irresponsabilidad es enorme y ojalá recapaciten”.

Este periódico ha consultado a las comunidades populares cuál es su postura, la mayoría de las que han respondido prefieren no posicionarse hasta que se celebre una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública. Será, previsiblemente, antes de fin de mes, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Sí se ha pronunciado la de Madrid, en boca de Elena Andradas, su directora de Salud Pública: “Es un borrador muy verde que necesita incorporar más criterio técnico. Además, destila de una cierta nostalgia con medidas impuestas durante la pandemia, obligatoriedad de mascarillas, bajas laborales, restricción de visitas en centros sociosanitarios. Y los directores, independientemente del color político, hemos estado de acuerdo en que es una propuesta mejorable técnicamente. No estamos en este momento en ninguna situación de urgencia como para tener que aprobar un documento que es manifiestamente mejorable desde un punto de vista técnico”.

Andalucía coincide con la “falta de madurez del documento”. “Vamos a seguir trabajando en el documento desde la lealtad y la colaboración. Las comunidades hemos hecho hoy aportaciones propositivas y hemos quedado emplazadas en seguir trabajándolo”, responde una portavoz.

Pero no solo los representantes de comunidades del PP recelan del documento. Un portavoz de la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, explica: “Se nos ha presentado un borrador y consideramos que se debe trabajar más a nivel técnico. Consideramos que no se debe hacer política del uso de la mascarilla”.

Fuentes del ministerio se muestran sorprendidas de que las autonomías enmienden a sus propios técnicos. “Era un documento que reclamaban las propias comunidades para mejorar la coordinación y que viene de un trabajo previo del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, trabajado en conjunto con varias comunidades que quisieron participar y que luego se refinó en una ponencia en la que todas están presentes”, señalan.

Lo que planteaba el texto era establecer ciertas medidas y recomendaciones en cada uno de los escenarios. Proponía aconsejar las mascarillas a las personas sintomáticas durante todo el periodo de infecciones respiratorias, así como el autoaislamiento en la medida de lo posible, teletrabajando, si se daban las circunstancias. También recomendaba la higiene, “especialmente” de manos; priorizar espacios al aire libre, evitar aglomeraciones y ventilar correctamente los espacios.

El documento en discusión plantea establecer umbrales en función de la tasa de incidencia, hospitalización, ocupación de camas o ingresos en UCI, algo que marcan el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias agudas en España (SiVIRA), el registro de procesos de incapacidades temporales (IT), las herramientas de control de las aguas residuales, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), el de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y la información de capacidad asistencial y ocupación hospitalaria de las comunidades.

Conforme los indicadores fueran aumentando, las recomendaciones se irían ampliando. Prácticamente todas las que plantea la estrategia son eso, recomendaciones. Tan solo plantea “valorar la obligatoriedad” de la mascarilla en centros sanitarios en “situaciones específicas”, cuando la “vulnerabilidad así lo determine”.

El plan trata de ser una respuesta a la saturación de los centros sanitarios que se produce cada año por culpa de los virus respiratorios invernales. En la campaña del año pasado, las consejerías de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular exigieron al ministerio más planificación.

El pasado enero, en pleno pico de contagios, el ministerio de Mónica García impuso la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, una medida muy discutida por la mayoría de los responsables autonómicos. La idea de este documento era precisamente establecer umbrales claros que establecieran cuándo tomar determinadas medidas, y evitar así la improvisación.

Falta de sanitarios

No obstante, aunque las recomendaciones puedan amortiguar los contagios, no son una varita mágica para evitar la saturación del sistema, que habitualmente se queda corto para hacer frente a las epidemias. El año pasado, el alza de contagios coincidió con la Navidad, cuando la mitad de los sanitarios estaba de vacaciones.

El sindicato CSIF ha denunciado recientemente que, en el pasado mes de septiembre, la sanidad prescindió de 15.299 contratos en toda España “pese a la situación de dificultad que afrontarán los diferentes autonómicos de salud con la llegada de las bajas temperaturas”.

“Lanzamos la voz de alarma para reclamar refuerzos urgentes ante la llegada del otoño. Ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas han implementado medidas para evitar que la Atención Primaria y las urgencias hospitalarias se tensionen por la falta de personal, como ocurre todos los años. Nos tememos que en esta temporada la situación va a ser especialmente grave por las informaciones que están recabando nuestros/as delegados sindicales en las diferentes comunidades autónomas, en relación a dotación y contratación”, lamentaba el sindicato en un comunicado.