México vuelve a solicitar salvoconducto a Ecuador para Jorge Glas

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México reiteró, mediante un comunicado oficial, su solicitud al Gobierno de Ecuador para que se conceda un salvoconducto a Jorge David Glas Espinel.

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La petición mexicana fue realizada nuevamente a través de la intermediación de la Confederación Suiza, en atención al estado de salud de Glas.

La Secretaría subrayó que su solicitud se fundamenta en lo estipulado por los artículos IX, XII, XIII y XIX de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, tratado de observancia obligatoria tanto para México como para Ecuador.

El Gobierno mexicano también instó a que se adopten medidas de carácter humanitario que garanticen la integridad física de Glas.

“México también ha solicitado que Ecuador tome las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glas Espinel sea custodiado en lugar seguro y se observen las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución No. 13/2025 de febrero de 2025.”, detalló en su comunicado.

Estas disposiciones deberán permanecer vigentes hasta que el salvoconducto sea expedido y Glas pueda ser trasladado a México o a un tercer país que se determine conforme a lo dispuesto en el marco jurídico internacional.

“México otorgó asilo diplomático al señor Glas Espinel el 4 de abril de 2024, con base en el principio pro persona, consagrado en la Constitución Política, y en su histórica tradición humanista de protección a personas perseguidas por razones políticas", dice la Gobierno mexicano.

La decisión, según detalló la Secretaría, fue resultado de un análisis minucioso de la documentación aportada por todas las partes involucradas y se ajusta a los requisitos estipulados en la Convención de Caracas.

Este nuevo llamado se produce en medio de un escenario judicial complejo para Glas. El pasado 30 de junio, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo declaró culpable del delito de peculado junto a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción.

Ambos fueron sentenciados a 13 años de prisión tras determinarse que utilizaron de manera indebida recursos públicos provenientes de la Ley de Solidaridad, destinada a la atención de víctimas del terremoto de 2016. (I)