Parroquialismo de políticos

Manipulan las palabras para engañar a la gente y demuestran el parroquialismo con el que actúa la mayoría de legisladores y dirigentes políticos. Se llenan la boca con la expresión trillada de la defensa de la soberanía. Unos seguramente desconocen e ignoran su verdadero alcance y otros con demagogia usan para oponerse ideológicamente y obstaculizar cualquier acción pragmática que propone caminos para impulsar el desarrollo del país.

Eso ha ocurrido en la Asamblea, con la mayoría de sus integrantes que condenara y se opusiera al acuerdo suscrito por el Gobierno con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), convención a la que pertenecen más de 155 países, la gran mayoría de miembros de la ONU. Otros eluden su responsabilidad y se lavan las manos con su abstención.

El Ciadi quizás no sea el ideal pero es el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y los estados en la mayoría de los tratados internacionales, al igual que contratos y legislación en materia de inversión. El argumento para oponerse ha sido que atenta contra la soberanía del país porque no se puede someter a ese arbitraje cuando se debe hacer en otras instancias. ¿Cuáles? O simplemente quieren que por soberanía se sometan a la justicia nacional, que la mayoría de ecuatorianos no confía por su actuación diaria.

Bastaría preguntar a los mandantes de la soberanía si les genera confianza cuando una parte de los jueces, no son todos, emite a diario fallos insólitos, contradictorios, cuestionados y sospechosos en favor especialmente de políticos, que generan serias presunciones de corrupción y que no ofrecen ninguna garantía ni imparcialidad.

En esas condiciones, ¿puede un inversionista o cualquier emprendedor arriesgarse en un país en donde no existe seguridad jurídica? La Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo pero la mayoría de legisladores y de dirigentes políticos se burla de ello y acomoda a sus intereses, aunque eso sea irresponsable y un nuevo obstáculo que afecta al desarrollo del país.

Son tan audaces que la resolución de la Asamblea incluye la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra esa decisión, a pesar del dictamen favorable emitido por la propia Corte Constitucional. Es decir, quieren acudir a la institución que dio luz verde a esto. Definitivamente, no se puede confiar en la Legislatura y peor, por la acción de unos jueces, en esta justicia corrompida, con el agravante de que el actual marco jurídico es perverso e inviable si no introducen los cambios necesarios y se derrumba el esquema correísta que ha quedado como una herencia nefasta. La mayoría de políticos solo lucha para llegar al poder y meterle mano a la justicia, como ya hicieran, y por ello sueñan con la revisión de sentencias ejecutoriadas.