Pedagogía de una ley urgente

El Gobierno ha marcado el debate nacional con el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. El cuerpo legal es voluminoso: tiene 335 artículos, reforma unas 30 leyes y abarca temas tributarios, laborales, financieros, de inversiones, etc. La Asamblea tendrá 30 días para debatirlo, siempre y cuando el proyecto pase el primer filtro en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El correísmo habló la semana pasada de una posible inconstitucionalidad del proyecto, debido a que este abarca varias materias. Si el proyecto se devuelve al Ejecutivo, el Gobierno tendría el argumento que esperaba para ir a una consulta popular, argumentando un bloqueo de leyes que son clave para cumplir el programa de gobierno que ganó en las elecciones de abril pasado.

Si el proyecto se debate en la Asamblea, la primera tarea del Ejecutivo será hacer una pedagogía con la opinión pública, trabajadores, jueces, abogados y empresarios para convencerlos de que la creación de un código laboral paralelo no significa una discriminación laboral, ya que la ley no se aplicará por igual a todos los trabajadores.

El Presidente de la República dijo la semana pasada: “no vamos a vulnerar ningún derecho adquirido, al contrario, vamos a proteger los derechos de todos los ecuatorianos que actualmente cuentan ya con su estabilidad laboral. Pero, sobre todo, vamos a ampliar y garantizar el más básico de los derechos laborales, el derecho a trabajar”.

Sí, el mundo ha cambiado y el mercado laboral ha avanzado más rápido que la normativa vigente. Sin embargo, la propuesta plantea que unos trabajadores seguirán amparados bajo el Código de Trabajo de 1938 y otros lo estarán bajo una normativa más flexible, que reduce los beneficios en 15 derechos adquiridos.

La realidad es que miles de personas realizan actualmente trabajos al margen de la ley, por necesidad. La propuesta del Ejecutivo es garantizarles un mínimo de formalidad, a través del acceso a beneficios básicos como fondos de reserva, afiliación a la Seguridad Social, pago de décimos y vacaciones.

Lo anterior no elimina la discriminación, pero mejora la situación actual para miles de personas que hoy no tienen ninguna protección social. Una negativa a la propuesta del Ejecutivo condena al país al estatus quo.

El otro frente que requiere una pedagogía es la reforma tributaria, ya que el Presidente ofreció en campaña que no creará más impuestos, pero una vez en el poder se dio cuenta que falta dinero en la caja fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha venido impulsando a escala mundial una contribución temporal de las personas de mayores ingresos, para enfrentar los efectos de la pandemia. Al final, el Ejecutivo adoptó esa tesis y fue más allá, ya que el aporte de esas personas será permanente.

El Gobierno definió que la carga vaya de forma progresiva a quienes tienen ingresos desde USD 24 000 anuales. Dice que representan el 3,5% de la población económicamente activa. A ellos los tacha de ricos, pese a que ahí está una parte de la clase media.