Raúl de la Torre inculpa a Pablo Celi en esquema de soborno

La indagación del caso Las Torres arroja nuevos datos. Ayer (6 de agosto del 2021), Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino del excontralor Pablo Celi, habló por primera vez desde que el caso estalló en el 2019 y reveló más detalles de cómo operaba esta trama de corrupción.

De forma telemática, desde el consulado de Ecuador en Washington, EE.UU., de la Torre dijo al juez de la Corte Nacional, Felipe Córdova, que el excontralor sí tenía conocimiento de los sobornos que se habían exigido a Nolimit, una proveedora de servicios petroleros. Estos recursos ilegales se pagaron a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría General, por mantener contratos con Petroecuador y por gestionar pagos pendientes.

Además, dijo que en una ocasión fue a la oficina de Pablo Celi y le indicó que “estaba gestionando el pago de coimas con su hermano”. La respuesta fue: “Ok coordina con él”.

Según las investigaciones, el hermano de Celi le pidió a de la Torre ayuda para gestionar pagos pendientes que Petroecuador tenía con Nolimit. La deuda era de alrededor de USD 22 millones. Para consignar ese valor “se generó un acuerdo de pago” a cambio de una comisión del 20% a favor de Celi, su familiar, Pablo Flores, exgerente de la estatal petrolera, y dos personas más.

Los tres primeros son parte de los 15 procesados por presunta delincuencia organizada.

Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, desmintió esas aseveraciones. Aseguró que su cliente nunca “negoció el pago de coimas”. Indicó que terceras personas han usado el nombre de su defendido para exigir dinero y extorsionar a esa empresa. “Eso afectó su imagen, pero él es inocente”.

Según el testimonio de ayer, para conseguir el desembolso de los sobornos solicitaron ayuda a José Agusto, exsecretario de la Presidencia (+).

A cambio, él habría pedido parte de las coimas. “A él había que darle USD 1 millón”, dijo de la Torre. “Agusto había amenazado con destruir Nolimit si no cumple lo pactado”.

Él también estaba imputado en esta causa, pero falleció en mayo de este año en la cárcel.

Las pesquisas muestran que entre los involucrados hubo una disputa con Pablo Flores, porque él quería recibir el dinero físicamente y no por medio de transferencias a cuentas bancarias extranjeras, como habían ofrecido los empresarios de Nolimit.

Finalmente, él aceptó recibir el dinero a través de depósitos bancarios, y durante un encuentro con el sobrino de Celi pidió un desembolso de USD 250 000.

El abogado de Flores, Pablo Encalada, negó esas acusaciones. “Mi defendido nunca exigió pagos indebidos a ningún contratista de Petroecuador, ni a ninguna empresa”. Además, sostuvo que en el expediente no constan transferencias que su cliente haya recibido.

Según información recopilada por Fiscalía, en mayo del 2019, de la Torre viajó a Miami, EE.UU. y se reunió con José Luis de la Paz, accionista de Nolimit y dos representantes más de esa firma. Aseguró que, en ese encuentro, de la Paz le entregó USD 30 000 para el hermano del excontralor. “Varias veces recibí sobornos destinados a Esteban Celi”.

Ahora, está previsto que él se acoja a un procedimiento abreviado. El próximo 26 de agosto está convocada una audiencia para resolver ese pedido.

Con este recurso legal acepta haber cometido el delito y podría recibir una condena mínima. Así lo establece el Código Integral Penal (art. 635).

Este Diario cruzó información con los agentes a cargo de esta investigación y conoció que de la Torre mantuvo otra reunión con de la Paz y con el representante de un banco.

La idea fue “acordar la forma en que justificarían los depósitos de dinero ilegal”.

Ayer se conoció que, dentro de esta trama ilegal, todos operaban con un alias. La idea era evitar ser identificados cuando hablaban por teléfono, por mensaje o WhatsApp. Los sobrenombres que usaban eran: el número 1, el nervioso, PC, tío, colorada suca, GL, EC, etc.

Para referirse a las coimas usaban términos como “libros, chocolates y hojas”. Los involucrados en este esquema ilegal también se comunicaban por la red social Telegram.

Pablo Flores fue quien dispuso que se utilice esa aplicación “pues permite destruir los mensajes enviados”, dijo de la Torre, quien fue enjuiciado y procesado por lavado de activos en los EE.UU.