USD 4 180 debe cada ecuatoriano, por la deuda pública
Ecuador tiene una deuda agregada de USD 73 206,3 millones. Así lo establece el último boletín de deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con corte a agosto de 2021, publicado el pasado fin de semana. El monto equivale al 69,45% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El reporte tiene un cambio en la metodología para calcular la deuda pública. La modificación fue establecida en la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, vigente desde julio de 2020, que hizo reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
El fin de este cambio es transparentar la deuda estatal. Esto es parte del compromiso alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en septiembre de 2020, para lograr un financiamiento por USD 6 500 millones.
Entre los ajustes importantes están la incorporación de las obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Además, se incluye el monto que tiene que pagar Petroecuador a la petrolera Schlumberger, por la concesión del campo Auca, de cerca de USD 500 millones; y las deudas por convenios de liquidez, que suman más de USD 2 000 millones.
“Esto se sabía que existía, pero no estaban registradas como deuda. Los convenios se hicieron en el gobierno de Rafael Correa, para usar los saldos de las empresas públicas”, explicó Jaime Carrera, analista económico.
El monto de la deuda pública, a agosto pasado, corresponde a USD 44 136 millones de deuda externa y USD 29 069 de deuda interna. Pero estas no son todas las obligaciones que tiene el país.
En el boletín del Ministerio hay un rubro denominado “otros pasivos”, por USD 5 027 millones. Este registro incluye la deuda de la Secretaría de Hidrocarburos, por concepto de tarifas de los contratos petroleros; convenio de pagos por la compra de acciones de entidades como de la Corporación Financiera Nacional (CFN); entre otras, que no son considerados para el cálculo de la deuda porque son obligaciones a corto plazo.
Para Carrera, el cambio de la normativa es un paso importante para transparentar la deuda. Además, así se “refleja con más realismo el elevado endeudamiento que tiene el Ecuador”.
Sin embargo, cree que falta cuantificar otras deudas que tiene el país, como el monto que debe el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto del 40% para las pensiones jubilares, por salud, ente otros. La institución reclama un valor por USD 8 175 millones, acumulado en 20 años. Además, hay deuda con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca) y a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
Según la planificación del Ministerio, hasta el 11 de febrero próximo se completará información de la deuda pública de cinco meses de 2021 que faltan.
Así, el monto adeudado seguirá subiendo y habrá un incremento de más de USD 1 000 millones. El último trimestre del año pasado, multilaterales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hicieron importantes desembolsos para la economía ecuatoriana.
Con una simple división del monto de la deuda (USD 73 206,3 millones), hasta agosto, para 17,5 millones de habitantes de Ecuador, se puede determinar que cada ecuatoriano debe USD 4 183,2.
La nueva metodología establece que la deuda consolidada se reduzca progresivamente en los próximos 10 años. El monto de la deuda debe representar el 57% del PIB hasta 2025. En 2030 debe bajar al 45% y en 2032 debe representar el 40% del PIB.
Para cumplir este objetivo, el Gobierno deberá hacer una programación muy rigurosa de los ingresos y gastos para reducir el déficit y generar superávit fiscal para disminuir la deuda.
Es similar a lo que pasa en una familia cuando está sobreendeudada y no le alcanza su sueldo para pagar las deudas. No puede comprar una casa ni vehículo ni nada. “Si el país no es capaz de reducir la deuda pública, la sociedad en su conjunto jamás va a progresar”, remató Carrera.
El nuevo formato de difusión de la deuda está alineado con los estándares de organismos internacionales.
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