Comité de Empresa de CNEL presentó a la Contraloría sus razones para que no se revisen contratos colectivos

El Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) presentó sus argumentos a la Contraloría General del Estado por los que considera que no procede la revisión de los contratos colectivos, así como su nulidad.

En julio pasado, el Ministerio del Trabajo realizó la solicitud de examen especial en la Contraloría a los contratos colectivos de cuatro empresas públicas: CNEL, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.

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Estos contratos se encuentran en la mira del Gobierno porque se considera que en ellos hay un uso “abusivo” de los recursos del Estado.

El Comité de Empresa de CNEL presentó sus argumentos al contralor Mauricio Torres, señalando que, como la Contraloría es un organismo administrativo, según lo establece la Constitución, solo puede revisar temas de carácter administrativo, pero no sentencias con carácter jurisdiccional, según explicó Richard Gómez, dirigente sindical.

Según Gómez, la revisión de sentencias con carácter jurisdiccional corresponde a los jueces competentes en la materia, no a un órgano administrativo como la Contraloría. Ante ello, la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador (CUT) y las organizaciones sindicales del sector estratégico ratifican que “es una arremetida de la ministra contra la contratación colectiva y contra el derecho de los trabajadores protegidos en los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

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Gómez, quien preside la CUT, indicó que en el caso de CNEL “ya existió una revisión preliminar al contrato colectivo” y no se “encontró ningún tipo de situación anómala o que se haya vulnerado algún derecho”.

Asimismo, comentó que hubo un segundo examen en donde no se determinó ninguna responsabilidad a los trabajadores, sino que se cuestionó a los gerentes de las empresas públicas, en este caso especial a los de CNEL, por no haber negociado el contrato colectivo y haber llevado al Comité de Empresa y a los trabajadores a una sentencia. Por tanto, han “explicado al contralor que, en derecho, no procede la nulidad que, equivocadamente o de una forma maliciosa, la ministra intenta para vulnerar los derechos de los trabajadores”.

Como parte del proceso, la cartera de Estado, presidida por Ivonne Núñez, envió la “evidencia documental” de los dictámenes presupuestarios de los contratos colectivos de las cuatro empresas a la Contraloría, que el 11 de julio dispuso que se realicen las verificaciones preliminares.

Gómez señaló que la Contraloría está solicitando información a las empresas públicas, que previamente hace una revisión preliminar y con eso debe determinar si cabe o no el examen especial solicitado por el Ministerio del Trabajo. (I)