Dos opciones para ocupar los bienes sin uso en el Centro de Quito

Dos opciones para ocupar los bienes sin uso en el Centro de Quito

Dos personas que están acostadas en el piso levantan la cabeza como en señal de alerta. Se cubren con una cobija delgada mientras se acurrucan junto a la puerta de la casa N8-59, de la calle García Moreno, en el Centro de Quito. Es un día frío y el umbral de la edificación hace de dormitorio.

Este inmueble está en la lista de las casi 60 edificaciones de propiedad pública (del Municipio o el Gobierno), que, según la Administración Manuela Sáenz, se encuentran sin uso.

Escenas similares se replican en la calle Manabí, unos pasos hacia el oriente de la Benalcázar y al pie de lo que fue el dispensario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La entidad dejó de atender en ese sitio en el 2015.

En una esquina está una tienda de propiedad de Lina Tamayo. Ella vive desde hace 20 años en la zona y alerta de los peligros desde la salida del IESS: inseguridad, más personas en situación de calle y de quienes aprovechan la falta de movimiento para ingerir licor y otras sustancias.

En esos casos interviene el Patronato San José con abordajes a las personas que hacen de esos espacios su morada. Solo en el Centro se ha llegado a 500 personas en lo que va del 2021, de los 1 790 abordajes que se han hecho en toda la ciudad.

Justamente una de las posibilidades que analiza el Municipio con las edificaciones sin usar es la de utilizarlas para proyectos sociales, como el Hogar de Paz, al que actualmente acuden 100 usuarios que no tienen dónde pasar la noche. Ese es el caso de Juan (nombre protegido), de 38 años, quien acude desde hace cuatro años a ese lugar.

Otra alternativa desde el Cabildo es que se destinen los inmuebles más grandes para las actividades culturales, como detalla José Antonio Vaca, titular de la Administración Centro. El funcionario hace énfasis en la necesidad de dar uso a predios como el exdispensario del IESS para actividades que contribuyan con el desarrollo de la zona patrimonial.

En la calle García Moreno, también en el Centro Histórico, se registran más inmuebles que no están ocupados. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Según Vaca, ya hay hasta propuestas de ordenanzas para proponer ese cambio, pero aún no han sido discutidas en el Concejo Metropolitano.

Otra opción es que algún organismo solicite alguno de los predios, para fines educativos o culturales, a través del comodato. Desde la Dirección de Bienes Inmuebles detallan que para ese fin, las organizaciones pueden presentar un proyecto que incluya la forma de financiar la adecuación del inmueble para su uso.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece dos categorías para los bienes públicos: de dominio privado y de dominio público.

En los primeros pueden estar, por ejemplo, viviendas expropiadas con el fin de preservar el patrimonio y en los segundos, espacios como canchas. Hay otra figura: el arrendamiento. En el Centro están registrados unos 1 800 predios de propiedad municipal bajo esta modalidad.

Para acceder al comodato en propiedades del Cabildo se puede presentar una solicitud dirigida al alcalde Santiago Guarderas, la misma que se remite luego a la Dirección de Bienes Inmuebles. Desde marzo hasta la actualidad, el Municipio registra unas 70 solicitudes de ese tipo. El proceso de revisión y adjudicación puede tomar de seis meses a un año. Todo depende del trámite, tipo de inmueble, informes técnicos y aprobaciones del Concejo Metropolitano.

En el 2020 ya se concretó uno de esos trámites en la edificación de tres pisos que se levanta en la esquina de las calles Manabí y Vargas, donde años atrás funcionaba una escuela. Allí se prevé ejecutar un proyecto educativo y cultural de vinculación con la comunidad.

Isaac Peñaherrera, gestor cultural desde hace 16 años y actual vocal del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, da fe de la necesidad de contar con espacios para desarrollar sus actividades. Cuenta que el sector cultural carece de infraestructura, por lo que artistas y colectivos han acudido a casas comunales, áreas públicas, por citar algunos sitios.

Peñaherrera está vinculado a organizaciones como la Red de Gestión Juvenil de Quito, la Comuna Kitu, entre otras, y cuenta que sí es posible acceder a los inmuebles que ya no están ocupados. La Comuna Kitu, por ejemplo, ya logró asentarse en tres sitios que estaban sin utilizarse en el centro, norte y sur de la urbe. El primero no es de propiedad municipal pero ahí ya se gestiona un convenio de uso a través del comodato.

Además de las ordenanzas, Vaca habla de cambios en la Ley de Cultura que define: “Los bienes del patrimonio cultural nacional de titularidad y posesión pública son inalienables, inem­bargables e imprescriptibles”. Haciendo las respectivas diferenciaciones, como inmuebles monumentales, que no podrían ser vendidos, como las iglesias.

Y, a la par, el Administrador da cuenta de que la premisa es acompañar las intervenciones en los predios con mejoras en los espacios aledaños.