Los socios aprietan al máximo al Gobierno con el debate de la vivienda como “encrucijada” para la legislatura

El Gobierno, acosado por varios frentes políticos y judiciales, se enfrenta este miércoles a un pleno especial en el Congreso con el problema de la crisis de la vivienda casi como monotema, que aglutinará además las exigencias máximas y críticas de casi todos sus socios progresistas de la investidura. Sumar, la otra parte de la coalición gubernamental, llegó a alertar este martes de que considera este debate y cómo lo resuelva el Ejecutivo y en particular su ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, como un momento de “encrucijada para la legislatura”. El tono de advertencia fue de similar contundencia por parte de otros aliados habituales, como ERC, Podemos, EH Bildu o el BNG. Reclaman medidas concretas y urgentes ya, muy dirigidas a la intervención de los poderes públicos en el mercado. El PSOE sostiene que se toma en serio esos avisos, y recuerda que el presidente, Pedro Sánchez, ya avanzó que quiere convertir esta legislatura en la del derecho a la vivienda, y enumera las actuaciones realizadas. Pero su portavoz en el Congreso, Patxi López, que intervendrá en el debate de este miércoles en nombre de su partido, precisó a sus apoyos en la izquierda que las carencias históricas en materia de vivienda no se solventarán solo con actuaciones o inversión pública y abogó por acuerdos y colaboración con todas las administraciones y también con el sector privado.

El Congreso trasladará así a un pleno especial este miércoles el creciente malestar ciudadano sobre este problema transversal al aceptar la petición planteada por ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG en el Grupo Mixto con una comparecencia específica de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, “para dar explicaciones en relación con la inacción del Gobierno y la falta de medidas tendentes a posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna” y para cuestionar unas declaraciones de la titular de ese departamento en las que apeló “a la solidaridad de los propietarios como forma de contener la subida de precios de alquiler”. La sesión llega en otro momento crítico de la legislatura y un día después de que el presidente, Pedro Sánchez, volviera a convocar en La Moncloa a distintos colectivos, entidades, organizaciones y grupos relacionados con la vivienda para conocer sus exigencias y tras constatar en el último sondeo del CIS que esa carencia está ya en el podio de las principales inquietudes de los españoles.

“No será un pleno fácil ni sencillo para la ministra de Vivienda”, anticipan desde Sumar, la formación que lidera desde el Gobierno Yolanda Díaz, que este martes reconoció que en ese punto mantienen una “discrepancia muy importante” con el PSOE. Díaz insistió en la idea de Sumar, que respaldan en ERC o Podemos, de que “hay que intervenir en el mercado” desde el Gobierno y aprovechó para avisar al PP y en concreto a las 11 comunidades autónomas donde gobiernan que si no dejan de boicotear la ley de Vivienda para definir por ejemplo zonas tensionadas, donde limitar los precios del alquiler el Ejecutivo debería “condicionar fondos estatales” hasta que se cumpla esa norma.

El primer teórico socio que quiso advertir al Gobierno de que hará “valer el peso” del apoyo o no de sus cuatro diputados para la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y lo relacionó con demandas muy concretas en materia de vivienda fue Podemos, que lleva semanas alejándose estratégica y progresivamente del PSOE y Sumar. Su diputado, Javier Sánchez Serna, profundizó así en algunas condiciones que el día anterior había anticipado su secretaria general, Ione Belarra. Sánchez Serna especificó que no aprobarán las futuras cuentas públicas si el Gobierno no baja por ley un 40% el precio de alquiler de vivienda tomando como referencia el último contrato del inmueble en los municipios de más de 200.000 habitantes y en los que se haya incrementado un 35% respecto a la media. Podemos también propone prohibir la compra de vivienda que no sea para uso residencial, obligando a los propietarios a vivir en las casas adquiridas al menos durante los cuatro primeros años con la posibilidad de alquilarlas después y acabar con la “impunidad de las empresas de desocupación” con cambios en el Código Penal para que las actitudes “violentas, de coacción e intimidación” de estas compañías se califiquen como delitos de odio.

En ERC, que comparte muchas de esas posiciones, aprovecharon la jornada y el clima de preocupación general con la vivienda para registrar con su cupo de proposiciones de ley una iniciativa que PP, Vox y Junts tumbaron hace tres semanas para regular los alquileres temporales. Entonces Junts se desmarcó de aquella votación en el último minuto, para hacer notar que no está en ningún bloque de legislatura, pero los republicanos y otros aliados han negociado con discreción en estos días para retocar y ampliar el periodo de esos contratos temporales de seis a nueve meses, lo que hizo más fácil el giro de los siete diputados en Madrid de Carles Puigdemont. La diputada de ERC, Pilar Vallugera, valoró que con ese ajuste, que podría votarse y tomarse en consideración en apenas otro mes más, se rellena uno de los agujeros negros o “válvulas de escape” comprobados en este periodo desde que se aprobó, hace algo más de un año, la primera ley de vivienda de esta etapa democrática.

Patxi López, en la tribuna

Patxi López defenderá este miércoles al Gobierno, lo que muestra en la elección del portavoz la relevancia que el PSOE concede al debate. López hará una intervención más política que técnica, como anticipó este martes, tras estudiarse con detalle el caso de las actuaciones públicas desarrolladas durante décadas en la ciudad de Viena, que es considerada como el ejemplo de éxito. Viena dispone de un millón de viviendas sociales, su Ayuntamiento tiene el control de casi el 50% de ese parque inmobiliario e invierte al año unos 400 millones de euros en esa materia. El dirigente socialista enfatizó que el Gobierno de Sánchez “ni de lejos es lo mismo ni hace lo mismo” que los ejecutivos de derechas y resaltó que en este asunto tan complejo y que implica a tantos sectores diferentes tampoco se parte ahora de cero. Fue cuando presumió de que se constituyó un Ministerio de Vivienda, se multiplicó por ocho los 400 millones que invertía el Ejecutivo de Mariano Rajoy frente a los 3.500 millones actuales, se han prometido 180.000 viviendas de alquiler para el final de la legislatura (81.000 ya en marcha), se han dado 66.000 bonos de alquiler a jóvenes o se ha dotado de 6.000 millones al ICO para créditos.

El portavoz del PSOE, eso sí, quiso avanzar a sus socios más partidarios del intervencionismo o críticos con los caseros particulares que frente a esas ideas que ve algo “trasnochadas” en realidad “el 90% de los que alquilan viviendas son pequeños propietarios y no todos se dedican a especular”. López aclaró ahí que el PSOE apuesta por acordar y colaborar entre todas las administraciones que tienen competencias en la material y también con los operadores privados porque de lo contrario “no llegamos ni a la vuelta de la esquina”. Íñigo Errejón, de Sumar, midió mucho sus palabras en la incómoda “baldosa” en la que se mueven en su formación, al estar dentro del Gobierno, pero presionados desde la izquierda por Podemos, pero remachó: “Vamos a estar muy atentos y pendientes de la intervención y las propuestas de la ministra de Vivienda, tiene que llegar con soluciones, no con excusas ni Bizums, porque se encuentra en una encrucijada de la que puede depender la legislatura para el PSOE”.