Bruselas propone una lista de “países de origen seguros” que incluye a Marruecos y Colombia para restringir los procesos de asilo

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una lista común de “países de origen seguros” con la que espera agilizar —y potencialmente denegar también de forma más rápida— los procedimientos fronterizos de demanda de asilo de los solicitantes de esas naciones. La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de los procesos migratorios en la UE y en la aceleración de las expulsiones de los migrantes que no tengan derecho al estatus de refugiado. Los procedimientos de los ciudadanos procedentes de la lista propuesta, entre los que están Túnez, Marruecos o Colombia, tendrán una duración máxima de tres meses, de acuerdo con la iniciativa.

El Pacto sobre Migración y Asilo, que prevé una armonización y aceleración de los procedimientos de asilo en la UE, entrará en vigor en junio del año que viene. Pero según el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, se puede y se “debe” ir “más rápido” desde ya donde se pueda, y esta lista ayudará a ello. “Muchos Estados miembros se enfrentan a una importante acumulación de solicitudes de asilo, por lo que cualquier cosa que podamos hacer ahora para apoyar decisiones de asilo más rápidas es esencial”, asevera. Y la lista de países de origen seguro, ha dicho en un comunicado, “puede ayudar a los Estados miembros a tramitar las solicitudes con mayor rapidez, garantizando al mismo tiempo que cada petición siga recibiendo una evaluación individual y esté sujeta al control de los órganos jurisdiccionales nacionales”. De hecho, el plazo máximo de tres meses para procesar las demandas de personas de estos países es solo para la fase administrativa, es decir, que no incluye el caso de que un juez acepte revisar una solicitud denegada.

Pese a las aseveraciones de Bruselas, esta propuesta, que todavía debe recibir el visto bueno de los Estados miembros y de la Eurocámara, se produce en momentos en que tanto las entradas irregulares de migrantes como las demandas de asilo están reduciéndose, según datos oficiales europeos. Aun así, Bruselas también está trabajando en un nuevo concepto de “tercer país seguro”, lo que permitirá desarrollar la propuesta de crear centros de deportación en países extracomunitarios y ampliar la lista de terceros Estados a los que se puede deportar a los migrantes.

Tanto la elaboración de una relación de Estados “de origen seguro” como la de revisar el concepto de “tercer país seguro”, que previsiblemente será presentado antes del verano, responden a las demandas de gobiernos como los de Austria o Italia de hacer más estricta aún la política migratoria europea. De hecho, la lista de “países de origen seguro” presentada este miércoles da un espaldarazo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: la justicia del país rechazó los primeros intentos de la jefa de Gobierno ultra de procesar en un centro en Albania a migrantes irregulares procedentes de Bangladés y Egipto, al considerar que estos no eran países seguros, cosa que, de avanzar la propuesta de Bruselas, cambiará.

La primera ministra italiana no ha tardado en expresar su “gran satisfacción” por la propuesta de Bruselas, al considerar que “es una confirmación más del acierto de la dirección adoptada por el Gobierno italiano y del apoyo de un número cada vez mayor de naciones europeas”, informó Efe. “Italia ha desempeñado un papel decisivo en el cambio de enfoque europeo sobre la gestión de flujos migratorios”, presumió Meloni.

Además de los mencionados Bangladés y Egipto, figuran en la relación propuesta Colombia, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. El Ejecutivo europeo ha indicado que también considera, “en principio”, incluir en la lista a los países candidatos a la UE (Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía ―pese a llevar el proceso años congelado― y Ucrania), salvo en “circunstancias específicas”: una “violencia indiscriminada en situaciones de conflicto”, como sería el caso de Ucrania; o que haya sanciones adoptadas por el Consejo contra ese país o una tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo a escala de la UE superior al 20%.

La lista de países de origen seguro, de ser validada, sería de aplicación obligatoria en todos los socios de la UE, independientemente de que estos tengan un registro propio, caso en el cual las designaciones europeas “complementarían” las nacionales. Fuentes diplomáticas indican que España, que carece de una enumeración a nivel nacional, analizará la propuesta de Bruselas antes de valorarla. La Comisión asegura que esta nueva propuesta no afectará a los estándares de derechos humanos y fundamentales que aplica la UE y subraya que la lista es dinámica: al igual que no excluye ampliarla con el tiempo, también puede sacar a un país de la misma si la situación se deteriora.

“La designación como país de origen seguro no establece una garantía de seguridad para todos los ciudadanos de ese país”, ha asegurado un portavoz comunitario. Incluso con la nueva lista, los Estados miembros deberán seguir realizando “evaluaciones individuales de cada solicitud de asilo en cada caso individual con todo el procedimiento de salvaguardias”, ha asegurado. La propuesta lo que busca es reducir de seis a tres meses la duración del examen de estas solicitudes, bajo la premisa de que los ciudadanos de esos países tienen menos razones para solicitar protección, salvo que presenten argumentos contundentes en favor de un estatus de refugiado.

Para elaborar la lista, Bruselas ha consultado con los Estados miembros, así como con entidades como ACNUR (agencia para los refugiados de la ONU), o la Agencia de Asilo de la UE (AAUE). Uno de los criterios empleados ha sido que la tasa de aceptación de asilo de esos países haya sido del 5% o menos, pero que “generan un número significativo de casos” en la UE, la mayor parte de los cuales acaban siendo considerados infundados.

La nueva relación de países —en 2020 la Comisión retiró un primer listado, que básicamente incluía a los entonces candidatos de la UE, tras no lograr el acuerdo de las partes, a pesar de que había sido lanzado en plena crisis de refugiados, en 2015— se conoce en momentos en que tanto las llegadas ilegales a territorio europeo como las demandas de asilo están experimentando una bajada.

Según los últimos datos de Frontex, la cifra de entradas irregulares en la UE cayó un 31% en el primer trimestre del año, hasta las casi 33.600. La disminución se registró, según la agencia europea de fronteras, en “todas las principales rutas migratorias” hacia la UE. Según Eurostat, en enero de este año, 66.800 personas solicitaron asilo en la UE, un descenso del 24% en comparación con el mismo mes de 2024. El grupo más grande de demandantes de asilo fue el de los venezolanos (8.325), que reemplazan por primera vez a los sirios, que habían encabezado la lista desde mayo de 2022. Los demandantes de asilo de Siria ocupan ahora el segundo lugar, seguidos de los afganos.

La Comisión, además, plantea “adelantar” dos normas del Pacto de Migración y Asilo antes de su entrada en vigor en junio de 2026, con el mismo objetivo de acelerar la tramitación de peticiones de protección para aquellos “cuyas solicitudes puedan ser infundadas”: por un lado, propone adelantar la entrada de vigor del umbral de la tasa de reconocimiento del 20% establecida en el Pacto. Esta medida prevé que los Estados puedan aplicar un procedimiento acelerado a las personas procedentes de países en los que, de promedio, se concede la protección internacional “a un 20% o menos de solicitantes en la UE”. Además, quiere adelantar la posibilidad de que se puedan designar terceros países y de origen seguros “con excepciones”, lo que según Bruselas da a los Estados miembros más flexibilidad, al “excluir regiones específicas o categorías de personas claramente identificables”.