Casos de connotación o decisiones administrativas trascendentales en la Corte Nacional, temas en los que deberán intervenir jueces y conjueces que sean designados por concurso

Más de tres años han pasado desde que el Consejo de la Judicatura (CJ) posesionó por última vez en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a jueces y conjueces que pasaron por un concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana. El proceso en el que se designó a nueve jueces y dos conjueces se dio como parte de la renovación parcial de la CNJ establecida en el artículo 182 de la Constitución vigente.

Desde finales de marzo pasado la Judicatura, presidida por Álvaro Román, intenta concluir en octubre de 2024 un nuevo proceso de selección para llenar vacantes como magistrados en el más alto órgano de justicia ordinaria del país. Este es el segundo intento que se realiza desde el CJ en menos de un año. En junio de 2023, el entonces presidente del CJ, Wilman Terán, hoy detenido y procesado por los delitos de obstrucción de la justicia y delincuencia organizada, arrancó un proceso de selección que en enero pasado fue declarado nulo por una serie de irregularidades.

Consejo de Participación Ciudadana decide activar la elección del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura y del reemplazo de Fausto Murillo

El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) ­en su artículo 173 define que­ la Corte Nacional estará integrada por 21 jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados por el CJ para nueve años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación y control social.

El voto de jueces dentro del pleno de la CNJ

Para el exvocal del CJ Fausto Murillo, debe entenderse que la administración de justicia es un tema fundamental en la democracia de un país y, sobre todo, se tiene que entender la importancia de tener jueces independientes y alejados de los conflictos de intereses, pues en manos de los jueces están el patrimonio de las personas, los temas económicos, tributarios y laborales de la sociedad.

Además de las actividades jurisdiccionales como administradores de justicia, quienes ingresen a la CNJ en calidad de magistrados titulares integrarán el pleno de la institución y tendrán voto para elegir al presidente titular que reemplace en el cargo al presidente temporal José Suing. También serán parte del órgano colegiado que deberá plantear una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de la cual se elija al vocal del CJ que represente a la Corte Nacional y a su vez presida la Judicatura, órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial.

El Consejo de la Judicatura tiene una responsabilidad enorme, sostiene Murillo, al referirse a que esta instancia deberá seleccionar diez jueces que van a durar en funciones nueve años en salas especializadas para materias contenciosas, administrativas, tributarias, civil, penal, de familia. “Este proceso desde la cabeza, el pleno del Consejo de la Judicatura, la dirección general, las áreas técnicas, tienen que mantener una posición institucional, objetiva, transparente. Tienen la obligación de hacer un concurso transparente y exitoso”, señaló hace pocos días en una entrevista Murillo.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Ramiro García, piensa que ya no se puede equivocar en la renovación de jueces para la CNJ, sino que lo que se requiere es llevar adelante un concurso que necesita estabilidad e institucionalidad. Resaltó la importancia que tienen la Corte Nacional y los jueces que la integran, pues es el órgano donde terminan los procesos judiciales de todo el país al tener que analizar sentencias a través de recursos como doble conforme, casación y revisión.

Sobre los recursos de casación, revisión y doble conforme

El artículo 184 de la Constitución actual explica que las funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, serán conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero y presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.

García para graficar la importancia de la renovación de jueces en la Corte Nacional recordó que este proceso era objetivo de la criminalidad organizada, a través de su expresidente del CJ Wilman Terán, y el exvocal de la Judicatura Xavier Muñoz, ambos procesados actualmente en el caso Independencia Judicial.

“Por eso es que se denunciaba, y por eso el embajador de los Estados Unidos (...) lo dijo clarísimo, cuando señalaba que la criminalidad organizada tiene por objetivo, como premio máximo, la justicia. Y claro, ese era el premio mayor: renovar. A través de la Corte Nacional controlaban doble conforme, casación y revisión, es decir, todos los casos terminaban en la CNJ y se garantizaba impunidad al más alto nivel de la criminalidad organizada. Eso era lo que se quería hacer a través de Wilman Terán”, refirió García en una entrevista con Teleamazonas.

Una vez cumplida la fase de postulación del actual concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional, 172 profesionales del derecho pasaron a la fase de méritos, mientras que 94 quedaron excluidos.

Dentro del primer grupo están los actuales integrantes de la CNJ de la Sala de lo Penal: Rita Bravo Quijano, Johanna Caicedo Aldaz, Javier de la Cadena Correa y los conjueces temporales Julio César Inga y Manuel Cabrera Esquivel; de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores: David Jacho Chicaiza, Adrián Rojas Calle y Carlos Vinicio Pazos Medina; y el conjuez encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Iván Larco Ortuño.

Mientras que dentro de los 94 candidatos que habrían incurrido en inhabilidades, no cumplieron con los requisitos establecidos o de plano desistieron de seguir en el concurso están, por ejemplo, Byron Guillén, quien en febrero pasado dejó el cargo de juez titular de la Sala Penal una vez que se cumplieron los tres años para los que fue elegido y por norma no puede ser reelecto. Guillén ha sido nombrado dentro de chats periciados en la investigación del caso Metástasis.

En este nuevo concurso se tratará de designar diez jueces para las salas especializadas de la CNJ: tres para lo Contencioso Administrativo, uno para lo Contencioso Tributario, tres para la Sala de lo Penal, dos para la Sala de lo Civil y Mercantil y uno para la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia. El proceso de selección y designación tendrá un presupuesto referencial de $ 160.000.

Pese a que se ha definido que a través de este proceso se elegirá a diez jueces para cinco salas de la Corte Nacional, según el vocal del CJ Merck Benavides, el requerimiento de magistrados sería mayor. “Va a haber más o menos de trece a quince conjueces. Eso significa que va a haber más o menos un número de 25 entre jueces y conjueces que deben ingresar”, afirmó.

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Casos de connotación que están en la Corte Nacional

En el ámbito jurisdiccional, quienes ingresen a la Corte Nacional en calidad de jueces o conjueces podrán en algún momento tener participación en procesos penales de connotación que aún mantienen recursos por ser resueltos.

Por ejemplo, el caso Las Torres, en el que uno de los condenados por delincuencia organizada es el excontralor Pablo Celi; el caso Sobornos 2012-2016, en el cual existen 20 sentenciados por el delito de cohecho, entre ellos, el expresidente y exvicepresidente Rafael Correa y Jorge Glas, respectivamente. En esta causa se ha anunciado que se interpondrán recursos extraordinarios de revisión a la sentencia en firme existente y deberá seguir ejecutándose el fallo impuesto.

Hay casos recientes que no llegan a la audiencia de juicio, pero mantienen personas procesadas con fuero de Corte Nacional. Esos son los casos Metástasis y Purga, ambos por delincuencia organizada. En el primero se investiga a 52 personas (jueces nacionales y provinciales, abogados, fiscales, peritos, policías) por ser parte de una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios; mientras que en Purga son procesadas doce personas, entre ellas, el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, parte de una “organización delictiva” estructurada para obtener fallos judiciales favorables.

Está también el caso Reconstrucción de Manabí, en el que por peculado se investiga a nueve personas, entre las que están el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro del correísmo Walter Solís. Además, el caso Independencia Judicial, que aún no cierra su instrucción fiscal por el delito de obstrucción de la justicia e investiga a trece personas: el expresidente del CJ Wilman Terán y los exvocales de la Judicatura Maribel Barreno y Xavier Muñoz, entre otros.

Hay otros casos que deberán en algún momento dilucidarse, como el llamado a juicio en suspenso que mantiene el exmandatario Correa por el plagio de Fernando Balda; una posible casación en el caso Secom en el que uno de los encausados es el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado; e incluso deberán seguir ejecutándose causas con fallos en firme como en los casos Odebrecht contra el exministro Alexei Mosquera (lavado de activos), el expresidente Jorge Glas (asociación ilícita) o el excontralor general Carlos Pólit (concusión); Petroecuador, contra Carlos Pareja Yannuzzelli, entre otros.

En el concurso siguen exjueces nacionales encargados y temporales como Roberto Guzmán, quien integró la Sala de lo Civil y Mercantil, además de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; e Iván León, que como juez presidió el Tribunal de Juzgamiento que condenó en primera instancia al expresidente Correa, al exvicepresidente Glas y a otras 18 personas por el delito de cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos.

Hasta el martes 21 de mayo se encuentra suspendido el actual concurso público para designar jueces y conjueces de la CNJ. Un juez de Quevedo, en Los Ríos, lo decidió luego que Manuel Arévalo, uno de los candidatos de este proceso de selección, planteó una acción de protección, pues considera que se le están vulnerando derechos al no habérsele tomado en cuenta información entregada en la fase de postulación, la cual le permitía pasar a la fase de méritos. Ese día se realizará la audiencia de estrados de la causa. (I)