El costo de la ineficiencia

La Asamblea es un peligro para las finanzas públicas y la Seguridad Social. No es una exageración, ya que la Legislatura se ha esmerado en demostrar su irresponsabilidad al aprobar leyes sin financiamiento, como ocurrió con la Ley de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial en abril pasado, con la complicidad del gobierno anterior, que no hizo nada para vetarla.

La actual Asamblea también puso su granito de arena para seguir con la irresponsabilidad de sus antecesores. A mediados de junio pasado aprobó, con 124 votos a favor, una resolución que defendía la validez de las reformas a Ley de Educación. Era una forma de presionar políticamente a la Corte Constitucional, la cual estaba analizando dos pedidos de inconstitucionalidad a varios artículos de esa normativa.

Esta Ley demoró varios años en tramitarse y al final se introdujeron dos temas que tenían un alto costo fiscal: aumento de salarios a los maestros y una jubilación especial. Sin embargo, no había una fuente definida para financiar ese mayor gasto.

Para los legisladores que tramitaron la ley, el financiamiento de la Ley no superaba los USD 600 millones, recursos que podían salir del propio gobierno, si este devolvía el recorte de recursos que había realizado al sector educativo por la crisis fiscal. Ese era el nivel de análisis de quienes dirigían la Comisión de Educación de la Asamblea.

A mediados de diciembre del 2020 esa Comisión aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Y el 9 de marzo pasado, con 126 votos, el Pleno aprobó la normativa.

El entonces presidente de la República, Lenín Moreno, revisó el texto aprobado por la Asamblea y no lo vetó, pese a que su Ministro de Finanzas le había dicho que no había fondos para el aumento de salarios a los maestros. Pero Moreno no tuvo ningún empacho en enviar el texto al Registro Oficial y dejó el problema en manos de quienes aspiraban a la Presidencia de la República.

Antes de que el actual gobierno empezara sus funciones, la Corte Constitucional recibió dos pedidos para que se declare inconstitucional la Ley de Educación. Uno fue del IESS y el otro, del abogado Luis Javier Bustos. En ambos casos, el problema era que la normativa se había aprobado sin financiamiento para el alza salarial y la jubilación especial de los docentes.

El Ministerio de Finanzas calculó en USD 3 000 millones el impacto fiscal de la Ley, mientras que el IESS estimó que la vida del fondo de pensiones se reduciría en 7 años por la aplicación de la misma normativa.

La semana pasada, la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema y llamó la atención al Parlamento y al Ejecutivo por aprobar la Ley sin financiamiento.

Como dice el refrán: el flojo trabaja dos veces. La Asamblea, que presionó a la Corte para que no cambiara nada de la Ley, ahora tendrá que volver a hacer su tarea, aunque eso también significa que los ciudadanos pagaron por un trabajo mal hecho.