El Estado redujo aportes económicos a la Flacso y Universidad Andina

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó una nueva metodología de distribución de recursos para universidades de posgrado, el 18 de agosto.

Esto implica que la Universidad Andina y la Flacso recibirán menos recursos por parte del Estado.

El organismo acogió la recomendación de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) de bajar el porcentaje de participación que estos centros de estudio tenían en la recaudación del IVA. Este es el segundo ajuste en dos años.

La presidenta del CES, Catalina Vélez, explica que con esta medida aprobada se busca no afectar a las universidades públicas que ofertan carreras de pregrado. La Constitución establece la gratuidad hasta el tercer nivel de educación.

Las universidades de posgrado como las cofinanciadas participan del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), en el que se distribuye dos componentes: parte del IVA y del Impuesto a la Renta.

Vélez explica que para calcular las asignaciones y la consecuente reducción, la Senescyt hace un estudio de indicadores como la calidad, excelencia, eficiencia en el uso de recursos, entre otros aspectos.

La participación en el IVA de estos centros ya se redujo al 3% el año pasado y para este 2021 pasó al 2,5%. El objetivo es incrementar la participación de las públicas en la distribución de los recursos.

En el Fopedeupo, señaló Vélez, entraron este año dos instituciones: la Universidad de las Artes y la Nacional de Educación (UNAE). Esto implica que se debe distribuir entre más centros. “El CES debe velar por el buen funcionamiento del sistema, que tiene 61 universidades”.

Además, explicó que en la fórmula estaban cerca de USD 45 millones de compensaciones del impuesto a la renta, provenientes del sector privado. Este año, la Procuraduría dispuso que se retire dicho valor de la fórmula y que de la distribución de ese monto se encargue el Ejecutivo.

“La Presidencia encargó eso a la Senescyt. Eso está pendiente y podría ser una ventana para las universidades”.

Lo ideal, señaló Vélez, sería que se trabaje en una fórmula distinta a la del Senescyt, en cuya construcción participen todas las universidades que reciben rentas estatales: 34 públicas y ocho privadas.