Juez Fernando Muñoz, removido de la presidencia esta semana, tramitará la denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa

El juez electoral Fernando Muñoz, quien fue removido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado lunes 12 de agosto, estará a cargo del trámite de la denuncia por violencia política que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y tres altos funcionarios del Gobierno, Gabriela Sommerfeld (canciller), Esteban Torres (viceministro de Gobierno) y Diana Jácome (asesora).

Noticias relacionadas

La causa tiene el número 152-2024-TCE y fue sorteada la noche del pasado 13 de agosto.

Muñoz fue defenestrado en una sesión convocada por tres de sus colegas, Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, quienes alegaron un incumplimiento de sus funciones; él puso una acción de protección para dejar sin efecto esta resolución y los denunció penalmente por usurpación de funciones.

Verónica Abad, quien actualmente es embajadora en Israel, acusó al jefe de Estado de haber “mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado”.

“Ha intentado extraerme totalmente de la vida pública del país, casi al punto de llegar a desaparecer la figura política e institucional de la Vicepresidencia de la República, mostrando que en el Estado solo existe una figura representativa y que esta es manejada por un hombre. Que la toma de decisiones solo pasa por él y que la garantía constitucional de una democracia representativa ha sido totalmente vulnerada, pues la emisión del decreto ejecutivo (en el que le asigna la función de embajadora) ha sido utilizada como una ‘herramienta’ jurídica para impedir la representación equitativa de las mujeres en el Gobierno”, dice la queja.

Agrega: “Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República y haber ganado la elección ha sido una condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra. Me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero, no contentos con esto, desde el Gobierno y sus funcionarios se inicia una feroz campaña de desprestigio”.

Sobre los funcionarios, señaló que han dado declaraciones públicas en las que la menoscaban. (I)