La Junta de Andalucía, obligada a suspender temporalmente la autorización ambiental para la reapertura de la mina de Aznalcóllar

La Autorización Ambiental Unificada (AAU) que la Junta de Andalucía concedió el pasado 11 de julio a la empresa minera Los Frailes y que suponía el paso previo y e indispensable para dar vía libre a la reapertura de la mina de Aznalcóllar ha quedado en suspenso por imperativo legal. Así lo ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente, encargada de tramitar este acto administrativo, que ha reconocido en un comunicado que esta paralización se ha debido a que ha transcurrido el plazo legal de un mes para responder al recurso de alzada que presentó Ecologistas en Acción contra la AAU, sin que la administración haya respondido al escrito.

“Es importante señalar que, de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la AAU queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal”, reconoce la Consejería de Medio Ambiente en su comunicado, aunque recalca a continuación que “esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la Autorización Ambiental Unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería”. Los ecologistas consiguen así ganar tiempo y llamar la atención sobre su ofensiva para paralizar la reapertura del complejo minero.

El proyecto para la explotación de la nueva mina de Aznalcóllar se ha convertido en un punto de fricción casi permanente entre los grupos ecologistas, que advierten de que los vertidos del nuevo enclave contaminarán de manera irreversible el estuario del Guadalquivir, y la Junta de Andalucía, que defiende que cuenta con todas las garantías. Así lo evidenció el pasado 11 de julio, cuando firmó la AAU.

Este trámite es indispensable para la resolución de la autorización final, que depende de la Consejería Industria, Energía y Minas y que incluye un proceso de audiencia pública. La administración andaluza, según precisaron en julio los consejeros de Minas Jorge Paradela, y el entonces consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco (sustituido a finales de julio por Catalina García), contaba con tener finalizado este procedimiento a finales del último trimestre de este año, pero esta suspensión alargará esos plazos. La Consejería tiene tres meses desde el 12 de agosto que es cuando Ecologistas en Acción interpuso el recurso para responder, plazo en el que la ejecución de la AAU se mantiene en stand by. La ONG ha confirmado a este diario que también tiene previsto recurrir ante los tribunales la resolición a su recurso de alzada que presente la Junta.

En el escrito de 20 folios al que ha podido acceder este diario, Ecologistas en Acción argumenta que la resolución es nula de pleno derecho porque no incluye el contenido íntegro de la Declaración de Impacto Ambiental y llaman la atención sobre cómo en ese documento se han realizado modificaciones sustanciales sobre la cantidad de vertido autorizado que no han sido sometidas a información pública —de 2,6 a 4 toneladas anuales durante la fase operativa de 17 años—. Critica, además, que se ha incumplido la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales y tampoco se ha realizado una adecuada Evaluación del Impacto Ambiental del vertido tóxico a lo largo de todo el espacio protegido del bajo Guadalquivir, que afectaría al Parque Nacional de Doñana, y que tendría un impacto en los arrozales y en la acuicultura de la zona. “Este vertido sería de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa y de 68.000 litros de vertido tóxico durante los 17 años de explotación”, advierte Isidoro Albarreal, responsable de Minas de Ecologistas en Acción.

En su recurso, los ecologistas piden a la Consejería de Medio Ambiente que se tengan en cuenta también una serie de informes científicos que abordan el proyecto de estabilidad de la corta de Aznalcóllar —la que ahora mismo acumula los vertidos tóxicos que se desbordaron cuando se rompió la balsa en 1998— y cuyo tratamiento en el nuevo proyecto minero cuestionan, y otros realizados por diferentes institutos y organismos independientes en materia de ecología, seguridad ambiental, dinámica de fluidos en estuarios y seguridad alimentaria.

“Un aspecto importante es el incumplimiento de la Ley de Doñana. El consejo de participación está obligado a informar, y no lo han hecho”, apunta Albarreal sobre otra serie de pronunciamientos específicos que se solicita a la Consejería en su recurso de alzada y que, además del Consejo de Participación, incluyen a la Estación Biológica del CSIC o a la Unesco.

Fase previa a la reapertura de la mina

Esta suspensión, en tanto que la Junta presente su respuesta, implica que la Consejería de Medio Ambiente no podría ejecutar la AAU. En su escrito, Ecologistas en Acción pide que se notifique también a la Dirección General de Minas para que paralice la tramitación de la autorización del proyecto de explotación, el último paso para arrancar la fase de preapertura de la mina, cuya duración se prevé de tres años. El proyecto contempla la construcción de una depuradora y de un túnel para transportar el agua, además de las galerías subterráneas de la mina —que durará 18 meses—, para seguir con el vaciado del agua almacenada en la corta Los Frailes, donde se ubicará la mina, y la extracción de parte de la de la vecina corta de Aznalcóllar, que es la que cuenta con mayores residuos contaminantes. A partir de aquí, a finales de 2027 o principios de 2028, comenzaría la actividad minera como tal durante los siguientes 17 años para la extracción de cobre, zinc y plomo, especialmente.

Tanto la Junta de Andalucía como la empresa que tiene la concesión de explotación insisten en desvincular este proyecto del de 1998 y los riesgos ambientales que provocaron aquel desastre. “La mina de 1998 no tiene nada que ver”, aseguró en julio el entonces consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. Esta explotación, recalcan, es subterránea y no tiene balsas donde se depositen los residuos, al contrario que la que provocó la catástrofe tóxica, que era al aire libre.

Conscientes de la oposición frontal de los ecologistas al proyecto, la administración andaluza ha puesto el foco en los parámetros de seguridad del nuevo complejo, destacando también la oportunidad para la revitalización económica de una zona que ha ido perdiendo población de manera constante desde que se desbordó la corta hace 26 años. El proyecto supone una inversión privada de 450 millones de euros —de los que 100 millones están previstos para activos medioambientales, como la depuradora― y que creará 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante los 20 años de duración de la concesión y está alineado en la apuesta por la minería del Gobierno del popular Juan Manuel Moreno.