Nueva jubilación especial para maestros, sin estudio actuarial

El beneficio de la jubilación especial para maestros, contenido en la Ley de Educación Intercultural, fue aprobado por la Asamblea y el Ejecutivo pese a la objeción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que señalaba que no tenía estudios técnicos, apuntó la entidad.

La nueva normativa hace una modificación a la Ley de Seguridad Social y agrega una jubilación especial para los docentes, quienes podrían jubilarse con 300 aportaciones (25 años) y sin límite de edad.

Según el Seguro, la reforma se hizo sin un estudio actuarial, es decir, sin las proyecciones matemáticas que permiten saber si los ingresos que tiene el IESS van a alcanzar para cancelar el nuevo beneficio aprobado para el magisterio.

Tras la aprobación de la norma, el instituto informó que “está realizando los estudios actuariales y técnicos respectivos para observar y analizar el impacto que este tendría en el Fondo de Pensiones y determinar cómo aplicar lo que dispone la nueva norma”.

Para Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, el impacto de la norma al fondo de pensiones del IESS es enorme. Él puso un ejemplo: habrá profesores que con 50 años cumplan los requisitos y decidan jubilarse; por tanto, el fondo de pensiones pagaría 10 años más respecto de la edad normal actual de jubilación en el IESS, que es mínimo de 60 años.

“Pagar durante 10 años una pensión de USD 500 mensuales al 4% de tasa de descuento le representaría al fondo de pensiones USD 59 000 en valor presente. Si eso beneficia a unas 100 000 personas, el déficit actuarial aumentaría a futuro en USD 5 900 millones, más del 6% del PIB”, dijo.

Para este año, el fondo de pensiones ya pasaba apuros financieros. Los ingresos del instituto se calculan en USD 2 784 millones, pero sus gastos suman 4 789 millones. Para cubrir el hueco, el IESS tomará 700 millones de los ahorros de los afiliados y espera que el Estado aporte 1 369 millones en este año, como parte de su contribución al 40% de pensiones.

Pero los problemas fiscales han provocado que el Estado acumule deudas con el IESS.

El año pasado, Finanzas ofreció pagar USD 1 527 millones, pero solo USD 600 millones fueron en efectivo y el resto, en bonos estatales. “Si el Estado no realizaba esos pagos en octubre pasado, difícilmente el IESS habría podido cubrir las pensiones. La situación es muy compleja”, dijo la abogada Patricia Borja.

Para ella, la Ley carece de financiamiento concreto, pues señala que “el Estado garantizará el dinero para esta prestación”, pero no fija un monto.

Borja advirtió una contradicción en la norma. En la disposición cuarta, al detallar la cuantía para la jubilación del docente, se habla de 360 imposiciones (30 años) sin límite de edad. “Esto muestra la forma antitécnica de tratar la seguridad social en la Asamblea”.

Según un estudio, de mayo pasado, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vida del fondo de pensiones IESS se acortará por los efectos económicos del covid-19. Los ahorros que sirven para pagar jubilaciones se terminarán el 2037 o el 2040 y si el Estado cumple con su aporte del 40%.

Si el Fisco no cumple, los resultados se agravan: con una recuperación lenta de la economía, el agotamiento de los ahorros sucedería en el 2027.

La norma, además, es “ine­quitativa”, ya que el resto de afiliados puede acogerse a este derecho con un mínimo de 30 años de aportaciones y 60 años de edad, dijo Gladys Palan, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.

Borja y Palan coincidieron en que el artículo 269 de la Constitución establece que las prestaciones de seguridad social deben tener el debido financiamiento. Al no haber esto, se pueden generar demandas de inconstitucionalidad.

Jimmy Candell, titular de la Comisión de Educación, dijo que se reguló algo que era perjudicial para el maestro, “No es justo que tenga que laborar 40 años para jubilarse”.

La reforma empezó a tratarse en la Asamblea en 2012, pero se retomó su tratamiento en el 2018 y se votó hace un mes. La Ley fue remitida a Registro Oficial el 10 de abril por el presidente Lenín Moreno, sin objeción. Y entrará en vigor en 90 días, tras su publicación. Moreno dijo en Twitter: “Entiendo que las bancadas de los dos candidatos (a la Presidencia) presupuestaron los recursos para implementarla”.