Una mala práctica médica cambió la vida de un niño

Son las 07:00. El pequeño Alejandro (nombre protegido) se despierta, se baja de su cama y gatea hasta la sala de su casa. Allí, el niño de 7 años le entrega el control del televisor a su madre, Diana Cornejo, para que sintonice videos de su banda musical favorita, The Beatles.

Cerca del menor hay una silla de ruedas. Él la utiliza desde hace cinco años para asistir a una escuela para niños con discapacidad y también a las terapias. Alejandro fue víctima de mala práctica médica. Según las investigaciones judiciales, ese hecho le provocó una parálisis cerebral distrófica.

Ayer, su madre conversó con este Diario y recordó los detalles de lo ocurrido. Todo comenzó en noviembre del 2013, cuando Diana supo que estaba embarazada. Los controles prenatales los hizo con un médico que le aseguró que era gíneco-obstetra. A las 34 semanas de gestación, la mujer comenzó a tener contracciones. Era mediodía cuando acudió a una clínica privada ubicada en el sector de Cumbayá.

“La idea era que el doctor cese mis contracciones, pues aún no era tiempo de dar a luz”. Sin embargo, le enviaron a la sala de labor de parto. Durante 10 horas trató de que su hijo naciera, pero no dio resultado. “Sentía mucho dolor”, cuenta.

Entonces la trasladaron al quirófano para hacerle una cesárea. “Cuando mi bebé nació era muy pequeño. Al ser prematuro no desarrolló bien sus pulmones”. La pediatra revisó al niño e informó a los padres que debía ser trasladado de urgencia a otro hospital.

Tenía que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos neonatales con un respirador artificial, pues esa clínica no tenía esos equipos.

El padre del menor, Eduardo Calahorrano, cuenta que la clínica se demoró alrededor de cuatro horas para buscar un cupo y trasladar a su hijo a otro centro asistencial, pero no lo consiguió. Así que él decidió buscar por su cuenta. A las 02:00 del 20 de junio del 2014 consiguió un espacio disponible en otro hospital de Quito.

Diana relata que en la clínica donde nació el menor le ofrecieron una ambulancia para el traslado, pero el vehículo nunca llegó. “Nos aseguraron que la ambulancia llegaría, pero no lo hizo y perdimos horas valiosas”. Así que los padres también tuvieron que gestionar la movilización.

Cuando el bebé llegó a la nueva casa de salud ya habían transcurrido 12 horas.

Con los exámenes médicos que le practicaron descubrieron que la falta de oxígeno en el cerebro durante tantas horas le provocó la parálisis cerebral.

Los galenos también descubrieron que el cuadro médico del niño se agravó porque al nacer le administraron dosis muy altas de un medicamento similar a la anestesia. Esto afectó aún más su capacidad respiratoria. La enfermedad del pequeño se confirmó cuando tenía 2 años y le realizaron una resonancia magnética.

Él no podía sostener su cuello y tampoco había dado sus primeros pasos, pues tenía una afectación psicomotriz en sus caderas y piernas. “Cuando supe lo que mi hijo tenía sentí mucho miedo. No sabía qué cuidados tenía que tener con él”. Al recordar este episodio, la madre comienza a llorar.

Para cumplir con las terapias de Alejandro, sus padres decidieron migrar a Chile en noviembre del 2016, pues en Ecuador el tratamiento era muy costoso y en ese entonces las escuelas no estaban adaptadas para niños con discapacidad; por ejemplo, no tenían rampas para sillas de ruedas.

Con la ayuda del hermano de Diana, que vive en Chile, lograron que la Fundación Teletón de ese país cubriera el costo de todo el tratamiento.

Cada día recibe terapias físicas, sensoriales, fonoauditivas, de lenguaje y motricidad.

“Fue duro dejar toda la vida y a nuestros familiares en Ecuador, pero lo hicimos por el bienestar de nuestro hijo. Recuerdo que mi esposo tuvo que renunciar a su trabajo de abogado y a su carrera”.

En el 2017, Diana se enteró, a través de un blog de Internet, que había otros 68 casos de madres y niños que fallecieron o resultaron con secuelas como parálisis cerebral luego de ser atendidos en esa clínica privada de Cumbayá.

Entonces, la madre junto a su abogado presentó una denuncia en contra del médico que asistió su parto, por el delito de lesiones. Ahora, el caso está en etapa de juicio. El médico tiene ya una condena de ocho años de cárcel por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión y venta de medicina caducada. En el 2017, el Ministerio de Salud clausuró la clínica y las víctimas piden que sus casos no queden en la impunidad.